
La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) tiene desde anoche ante su consideración un borrador del plan fiscal de la institución que, con $112 millones en recortes –y junto a una matrícula ajustada a los ingresos, más mecanismos de recaudo que totalizarían otros $38 millones– alcanza los $150 millones para el próximo año fiscal 2017-2018, cumpliendo a medias la voluntad de la Junta de Control Fiscal (JCF).
Sin embargo, hoy –en su primer día al mando– la presidenta interina de la institución Nivia Fernández no pudo precisar a Diálogo cuándo se circulará el documento; cuándo se reunirá el máximo foro rector de la UPR para discutirlo; si esa reunión será transmitida; y cuándo lo remitirán a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).
Todo eso, se supone, debe ocurrir en las próximas horas. La secretaria ejecutiva de la Junta de Gobierno, Sandra Espada, explicó por escrito que “cualquier propuesta que elabore la universidad sobre las medidas o planes de ajuste fiscal que ha requerido la JCF será evaluada por la junta para aprobación o endoso. Una vez eso ocurra, la información será sometida oficialmente a la Aafaf, como se ha requerido, para que lo considere junto al plan fiscal del gobierno” que debe entregarse el 28 de este mes.
Aunque lo anterior es el proceso formal entre Aafaf y la UPR sobre el trámite del documento, indirectamente la agencia ya debe conocerlo porque tiene un miembro ex officio en la junta, el abogado Alejandro Camporeal.
También queda en el tintero los otros $150 millones para completar los $300 millones de cara al 2019 que la JCF “sugirió” debían recortarse del presupuesto del primer centro docente del país. Esa cantidad restante, dijo Fernández, debe trabajarse en conjunto con el gobierno.
“Lo que yo he escuchado y he leído en la prensa del país es que el gobernador [Ricardo Rosselló Nevares] está haciendo un llamado a que nosotros justifiquemos dónde la UPR mantiene su presencia para contribuir al desarrollo de Puerto Rico, y nosotros tenemos que demostrar hasta dónde podemos [llegar] sin sacrificar la misión institucional”, anticipó Fernández, dejando entrever que no necesariamente debería llegarse a $300 millones si la UPR argumenta favorablemente su presupuesto.
La presidenta interina recalcó que “negociación” no es el “término que estamos utilizando” en este proceso: esto “es un diálogo, un trabajo en equipo por Puerto Rico, porque no hay margen a negociar cuando tú lo que estás buscando es no perder la integridad de tu misión. No es el mensaje el que la UPR vaya a sufrir un recorte que quede totalmente inoperante y no pueda servir como el instrumento que el gobierno y el país necesitan. Sería contradictorio”, apuntó.
Fernández agregó, de forma muy general, que “hay unas premisas que están en el mismo borrador que las van a poder examinar” –no contestó cuando– “que son la matrícula ajustada a los ingresos, ampliar las oportunidades para estudiantes internacionales, no despidos, ajustar los gastos de operación, que se tienen que trabajar dentro de la propuesta del plan de ajuste fiscal”.
Precisamente, el prospecto de un plan fiscal con $300 millones entre ajustes y aumentos ya ha sido rechazado por cónclaves estudiantiles en las unidades de Ponce, Mayagüez y Cayey.
Con respecto a la posibilidad de que se aprueben más paralizaciones en los campus que tendrán sus asambleas generales esta semana, Fernández indicó que su llamado es “a la acción y al diálogo”, aunque no desdeñó los paros.
“Los distintos sectores necesitan expresar sus posturas, sus ideas, sus sentimientos, y la universidad como instrumento de participación democrática le da el espacio a la libertad de expresión y los rectores tomarán las medidas académicas necesarias para asegurarlo”, dijo.
No obstante, “este no es el momento de que la UPR se cierre”, soltó Fernández.
Por último, recalcó que el plan de trabajo a nivel sistema será el Plan Estratégico 2017-2022.
Referido a Justicia informe de becas presidenciales
Con respecto al informe final que investigó las irregularidades en la concesión de las becas presidenciales –asignado a la expresidenta Celeste Freytes González al inicio de su gestión–, Fernández señaló, a preguntas de Diálogo, que fue referido al Departamento de Justicia la semana pasada por la exfuncionaria.
Se indicó, además, que los implicados en el escándalo que terminó en la destitución de Uroyoán Walker Ramos y otros administradores universitarios, ya lo tienen en sus manos.
Fernández desconoce, al igual que el borrador del plan fiscal, cuándo se hará público ese informe. Sí aclaró que no lo ha visto.
En otros asuntos, la presidenta interina anunció su equipo de trabajo. A nivel de las once unidades, seis rectores permanecerán en sus puestos: John Fernández Van Cleve en Mayagüez; Moisés Orengo en Carolina; Mario Medina en Cayey; José Encarnación en Humacao; Doris Torres en Ponce; y Raquel Vargas en Utuado. A excepción de Cayey y Humacao, los demás habían dimitido la semana pasada junto a Freytes González.
Las cinco caras nuevas en las rectorías son Carmen Haydée Rivera en Río Piedras; Ramón González en Ciencias Médicas; Herminia Alemañy en Aguadilla; y Sylkia Torres en Arecibo. En Bayamón, la silla no ha sido ocupada interinamente, por lo que el puesto recae al momento en la decana de Asuntos Académicos, Carmen Skerret.
Asimismo, Fernández manifestó su disposición de asumir en propiedad la presidencia de la UPR. La institución se encuentra al momento en el inicio de un proceso de búsqueda y consulta de un presidente, tal como mandata la Certificación 63 de este año académico. A nivel de la Junta de Gobierno, ese comité es presidido por la secretaria de Educación, Julia Keleher.
Fernández cuenta con una trayectoria de 37 años de servicio en la UPR. Fue la mano derecha de Freytes González, ocupando el cargo de vicepresidenta de Asuntos Académicos a nivel sistémico.