Como es de conocimiento público, el Tribunal de Apelaciones ordenó a la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras a reabrir sus portones en o antes de mañana jueves, 11 de mayo de 2017, a las 6:00 a.m. A un día de cumplirse el plazo, ¿cuáles son los posibles escenarios en esta situación?
Aunque ya tanto la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández Hernández, y la rectora interina del Recinto de Río Piedras, Carmen Haydée Rivera Vega, se han expresado a favor de la apertura, su ejecución recae en los estudiantes. Fueron los estudiantes quienes, reunidos en asamblea, decidieron cerrar los portones.
Hoy, en la tercera Asamblea General de Estudiantes, podrían votar favor de levantar la huelga. De esa manera, la UPR cumpliría con la fecha límite impuesta por el tribunal y, a más tardar el 11 de mayo, los portones estarían abiertos.
No obstante, de continuar el proceso huelgario y no abrirse los portones existe la posibilidad de que haya una confrontación entre los estudiantes y la Policía de Puerto Rico para acatar las órdenes del tribunal.
Por un lado, se ha confirmado que la presencia policiaca solo surgirá en caso de ocurrir actos delictivos. Mientras, el secretario de Asuntos Públicos y Política Pública del Gobierno de Puerto Rico, Ramón Rosario Cortés, aseguró en conferencia de prensa que la Policía no intervendrá de manera alguna para abrir los portones del Recinto de Río Piedras. Por otra parte, otros miembros del gobierno— como el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz— afirmaron que la Policía debe hacerse cargo del asunto. Incluso, reclamó la presencia de la policía municipal de San Juan en las inmediaciones de la universidad.
Ante esta incertidumbre, la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (Heend) informó que no cruzará la línea de piquete del estudiantado que se mantiene en huelga.
“Nunca en su historia nuestra matrícula ha cruzado líneas de piquete y menos lo vamos a hacer en esta ocasión en la que el gobierno y la Junta de Control Fiscal quieren aniquilar la universidad por razones políticas, quitándole tanto de su presupuesto que la volverían inoperante”, declaró José J. Torres Rosario, presidente de la Heend.
Mientras, la Asociación Puertorriqueña de Profesores (APPU) hizo un llamado para iniciar una movilización de 48 horas en el Recinto de Río Piedras y evitar la confrontación.
Asimismo, la Unión Bonafide de Guardias de Seguridad (UBOS), mejor conocida como la Guardia Universitaria, emitió una comunicación en donde confirmaron que no violentarán la Política Institucional Sobre la Convivencia en la UPR (o la Política de No Confrontación) del recinto.
Los estudiantes han expresado su preocupación ante la posibilidad de la confrontación con miembros de la Policía de Puerto Rico. Incluso, han utilizado las redes sociales para solicitar la presencia de alumnos de los demás recintos y unidades UPR, así como organizar una carpa de primeros auxilios a modo de prevención.
Diálogo consultó con experto en leyes, quien indicó que de no cumplirse con el plazo, la parte demandante podría radicar una moción de desacato contra la rectora interina, así como Fernández Hernández y Carlos Díaz Pérez, presidente de la Junta de Gobierno de la UPR y también demandado. Bajo ese panorama, el proceso podría dilatarse. De ser citados al tribunal, los demandados podrían alegar que emplearon todos los recursos a su alcance para abrir los portones como el envío de cartas al estudiantado y la disposición de cumplir con lo ordenado.
¿Qué dice la administración?
La presidenta interina de la UPR, así como la rectora interina del Recinto de Río Piedras han enviado cartas al estudiantado en donde abogan por la apertura de los portones.
Fernández Hernández se amparó en las determinaciones del Tribunal de Apelaciones y subrayó la importancia de cumplir con la política sobre la convivencia.
“Como se ha dicho en innumerables ocasiones, la Política Institucional Sobre la Convivencia en la Universidad de Puerto Rico es el postulado que rige y guía nuestras acciones con los diferentes sectores de la comunidad universitaria, una convicción que descansa en la premisa de que la manera de resolver el conflicto es sin violencia, mediante diálogo y unión de voluntades. Exhortamos a todos a la reflexión para que la UPR finalmente pueda abrir sus portones, y continuar con su misión”, señaló Fernández Hernández.
Por su parte, Rivera Vega incitó al estudiantado a participar la asamblea de hoy, miércoles, y que votaran a favor de levantar la huelga.
“La Universidad abierta es un espacio como ningún otro en nuestra sociedad, en que la búsqueda del conocimiento y la justicia se hace posible. Por ello, estoy convencida de la potencia y efectividad de los reclamos de justicia que se lanzan desde una Universidad abierta, con el apoyo vigoroso de todos sus sectores”, aseguró Rivera Vega.
A diferencia de la presidenta y la rectora, la Junta de Gobierno de la UPR no se ha expresado públicamente sobre la determinación del Tribunal.
¿Qué dictó el tribunal?
Durante la tarde del viernes, 5 de mayo, el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico dictó una Orden de Mandamus e Injunction Preliminar dirigida al Recinto de Río Piedras y a la UPR, sus empleados docentes y no docentes, estudiantes, contratistas y todos los miembros de la comunidad universitaria, a través de su presidenta interina, Fernández Hernández, y la rectora interina Rivera Vega. El presidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Carlos Pérez Díaz, también figura entre la parte demandada.
En síntesis, la orden le impone cumplir con lo siguiente:
- El restablecimiento del acceso al Recinto no más tarde del jueves, 11 de mayo de 2017, a las 6:00 a.m. y proveer los cursos en el calendario académico del presente semestre universitario.
- Continuar con las labores educativas del recinto conforme al calendario educativo vigente, no más tarde del próximo jueves, 11 de mayo de 2017, a las 6:00 a.m.
- Permitir el libre y seguro acceso al recinto, sus instalaciones, edificios y salones de clases y actividades.
- No impedir de ninguna forma lo anterior.
La orden del tribunal surge a petición de un grupo de estudiantes en su mayoría de la Escuela de Derecho de la institución, quienes el 31 de marzo demandaron a la UPR en un reclamo por su derecho a estudiar.
El grupo de demandantes está compuesto por: Anamar Menéndez González, Gabriela Firpi Morales, Rosaima E. Rivera Serrano, Carlos Vicente Villegas del Valle, Edwin Francisco Rivera Otero y Astrid Burgos Nieves.
El 6 de abril, la jueza Lauracelis Roques Arroyo, del Tribunal de Primera Instancia, declaró “No ha lugar” al injunction preliminar y el mandamus solicitado.
Más adelante, los demandantes se dirigieron al Tribunal de Apelaciones donde un grupo de jueces, compuestos por Roberto Rodríguez Casillas, Laura Ivette Ortiz Flores y Fernando Bonilla Ortiz, dio paso al pedido.
El pasado lunes, el secretario de Estado Luis Rivera Marín, recibió a los estudiantes y les entregó un reconocimiento “por velar y defender sus derechos”.
Tras una Asamblea Nacional, nueve unidades de la UPR se encuentran en huelga indefinida desde el 6 de abril. La paralización responde a un rechazo al recorte de $450 millones al presupuesto de la UPR, exigir la auditoría de la deuda, entre otros reclamos.
