Si se observan los altos niveles de pobreza y desigualdad que existen en Puerto Rico claramente se puede deducir que el Estado de bienestar o “Welfare State” que ha existido en la Isla desde la creación del Estado Libre Asociado, en el año 1952, no ha sido muy exitoso a la hora de redistribuir los ingresos que entraban en la Isla ni tampoco de disminuir a gran escala la pobreza e indigencia de los individuos.
Basándonos en las teorías del Estado de bienestar, Puerto Rico seguiría el Modelo Residual-Liberal, atribuido principalmente a los Estados Unidos de América. Esto debido a que a través de la historia los gobiernos en Puerto Rico han demostrado perseguir los siguientes objetivos: primero, lograr el mínimo de bienestar necesario para la población; segundo, el nivel de desempleo deseado se ajusta a las necesidades de la actividad económica; tercero, la eficiencia económica es un asunto primordial que no puede ser socavada por la política social; y cuarto, la seguridad social es autofinanciada con el dinero de los trabajadores. Todos estos objetivos perseguidos, son características propias del Modelo Residual-Liberal.
En este sentido, al momento uno de los grandes problemas que no han podido ser resueltos hasta el día de hoy es la aguda y creciente desigualdad existente en Puerto Rico. Por ejemplo, un informe especial de la Comisión Económica para America Latina (CEPAL) demostró el alto nivel de desigualdad existente en la Isla. El 20% más pudiente de la población recibe el 59.9% del ingreso nacional, mientras que el 20% menos pudiente recibe el 1.7%. Comparándolo con 16 países de América Latina, la distribución de ingresos de Puerto Rico es peor que la de 13 países de la región. Sólo es más regresiva en Paraguay, Nicaragua y Brasil.
Precisamente, Esping-Andersen, estudioso y experto del Estado de bienestar, reconoce que el principal reto para combatir la desigualdad es poder reconciliar la dualidad de pobreza y privilegio en los Estados. Esto se lograría desarrollando un modelo solidario para la política de bienestar garantizando ingresos mínimos a todos los ciudadanos, logrando un cambio en los recursos públicos (de ingresos pasivos a mayor formación de capital humano y empleo), así como una mayor flexibilidad a través de los mercados y la desregulación. Como resultado, se obtendría la garantía de una igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
De otra parte, otro mal que afecta a la población puertorriqueña es la pobreza. Es cierto que para reducir la pobreza hay que modificar la estructura del empleo en el País por la gran cantidad de personas laborando dentro del sector informal de la economía (ésta representa el 23.2% del Producto Interior Bruto, según el Departamento de Trabajo). Además, hay que desarrollar e implantar con éxito políticas institucionales redistributivas en vez de regresivas. Pero lo más importante e indispensable es lograr un consenso de necesidad de reforma.
De manera que, hace falta identificar líderes capaces de movilizar a la mayoría del electorado con el fin de exigir una verdadera reforma social en donde todos los puertorriqueños sin importar su estrato social tengan como derecho el disfrutar de bienes y servicios universales de calidad en igualdad de condiciones. Por lo que, es necesario impulsar la idea de una reforma sanitaria real y lograr un sistema fiscal progresivo. En fin, universalizar las políticas sociales y no basarlas únicamente en seguros sociales.
Estas reformas serán viables políticamente si se logra una movilización social y se enfatiza en la necesidad del bienestar común. Serán factibles financieramente si se mejora el actual sistema impositivo, se formalizan los trabajadores del sector informal de la economía y se examinan las exenciones de impuestos existentes a corporaciones y empresas. Asimismo, es importante tener como una de las prioridades en la agenda política la creación de empleos, la captación de inversión (extranjera o nacional) en el País y la creación de planes efectivos de desarrollo económico. Esta reforma no será posible sin la mutua cooperación de la sociedad, la empresa privada y el gobierno.
La meta es modificar el Estado Residual-Liberal existente con el objetivo de convertirlo en un Estado de bienestar universal. El camino a seguir deberá ser el del universalismo básico. Para lo que, se deberán identificar las prestaciones básicas y esenciales que son necesarias para el bienestar general de la sociedad que deberán cumplir con estándares de calidad garantizados para todos los puertorriqueños.
Será una labor ardua pero no imposible; de la misma forma en que varios países europeos y asiáticos en vías de desarrollo están reformando sus Estados de bienestar y sus políticas sociales, Puerto Rico también es capaz de hacerlo. Dependerá de la población escoger líderes comprometidos que promuevan y realicen esta necesaria reforma.
El autor es Investigador en Formación del Departamento de Ciencias Políticas y de la Administración II de la Universidad Complutense de Madrid.
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