Hasta hace unos años gran parte de la discusión sobre los terrenos agrícolas giraba en torno a las amenazas enfrentadas por la presión que ponían sobre estos los usos que surgieron en Puerto Rico desde mediados del siglo XX con el crecimiento poblacional, las actividades industriales, el desparrame urbano, los aumentos en el ingreso per cápita y los efectos en demanda por viviendas, zonas industriales, carreteras y demás infraestructura. En el siglo presente el panorama ha cambiado a uno de desaceleración de la economía y disminución poblacional pero los terrenos agrícolas dedicados a la producción de alimentos se enfrentan a nuevos retos. Debido a la preocupación que tenemos ante la alta dependencia de fuentes fósiles para la generación de energía, se ha planteado la alternativa de usar recursos renovables como son el sol, el viento, el agua y la biomasa, entre otros. Particularmente la producción de cultivos para biocombustibles, la siembra de molinos de viento y de placas solares se convierten en usos que compiten por los terrenos.
En Puerto Rico confrontamos una pérdida asombrosa del recurso tierra dedicado a la agricultura. De acuerdo a datos del Censo Agrícola Federal, entre los años 1978 al 2007 en Puerto Rico se perdió alrededor del 48% de las tierras agrícolas (557,530 del total de 1,084,404 cuerdas en 1978). Se estima que, de continuar este patrón, Puerto Rico podría perder la totalidad de sus tierras agrícolas en los próximos 12 años. La reducción en la base productiva viene acompañada de efectos sobre otros recursos que dependen de ésta como son los recursos hídricos. No es de extrañar que la consecuencia ha sido la reducción en la producción de alimentos. Estamos en una situación deficitaria en lo que a consumo y producción local se refiere y las importaciones de alimentos han venido a llenar la brecha que se ha ido ensanchando.
El mundo ha estado experimentando recientemente varios periodos de crisis alimentaria que han producido aumentos en los precios de los alimentos y han recrudecido el hambre en muchos países pobres. Puerto Rico no ha sufrido escasez de alimentos, pero sí experimentamos el efecto de los precios y nos percatamos de nuevos riesgos para nuestra seguridad alimentaria. Enfrentamos también incertidumbre para precisar con exactitud la manera y extensión de las transformaciones en las áreas de producción agrícola debido al cambio climático que está causando el calentamiento global. Uno de los factores a los que se le atribuyen las crisis alimentarias es precisamente el uso de terrenos agrícolas, para generar la llamada energía verde. Esto tiende a aumentar los precios de los alimentos a corto plazo. En el largo plazo, los efectos sobre la base productiva agrícola pueden ser notables al degradar la productividad de terrenos que pueden ser necesarios para producir alimentos.
La situación ventajosa en términos de precios de los granos destinados a ser usados para biocombustibles ha puesto a los granos alimentarios en desventaja. Los terrenos dedicados a variedades apropiadas para consumo humano o para alimento de ganado han cedido ante la presión que existe en algunos países por ejemplo, por ejemplo, por usar los terrenos para sembrar el maíz que se usa para producir etanol. En el caso de la decisión de dedicar terrenos a cultivos o a plantar placas fotovoltaicas y molinos, también hay sesgos a favor de esas actividades debido a que en el corto plazo los ingresos obtenidos por unidad de superficie superan los obtenidos por cultivos alimentarios o la ganadería, y a que el valor del recurso tierra que emana de dar opciones a las próximas generaciones no es considerada por el mercado. El conflicto se alivia si se realizan estas actividades en terrenos impactados o sobre superficies construidas, en vez de solo mirar a los terrenos agrícolas y las áreas verdes.
PUERTO RICO DEBE BUSCAR EL BALANCE
Es esencial decidirla importancia que tiene para nosotros la producción de alimentos y nuestra seguridad alimentaria ante la prioridad que se le dé a la reducción de la dependencia de petróleo y los combustibles de transición, gas natural y carbón. A partir de la aprobación de la Ley 550 del 3 de octubre de 2004, mejor conocida como la Ley del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico (PUT), varios sectores dedicaron sus talentos a trabajar en ese instrumento de planificación. El grupo original de técnicos que trabajaba en la Oficina del Plan de Uso de Terrenos (OPUT) hizo recomendaciones en torno a la conservación de tierras agrícolas. En específico el grupo identificó de manera preliminar, 569,342 cuerdas como Zonas de Alta Productividad Agrícola (25% de la tierra en Puerto Rico) y 466,656.29 cuerdas (21%) como Zonas de Alto Potencial Agrícola. El propio Secretario del Departamento de Agricultura, en el año 2006, al momento de discutirse públicamente el asunto, estableció que como mínimo se debían clasificar para uso agrícola alrededor de 700,000 cuerdas. Se hace necesario proteger las tierras agrícolas y con potencial agrícola que aún conservamos en el País para tener opciones.
El asunto medular en este proceso es el de la vulnerabilidad de las tierras en Puerto Rico que actualmente se utilizan agrícolamente y el de aquellas con el potencial de serlo. Esta vulnerabilidad, a su vez, establece la necesidad de proteger las tierras agrícolas y con potencial agrícola para garantizar la seguridad alimentaria. Al ritmo de pérdida de tierras que llevamos, ya nos hemos convertido en un país muy vulnerable a los acontecimientos a nivel global y pudiera reducirse dramáticamente nuestra calidad de vida. Los que van a vivir este país no están aquí para reclamar sus derechos. Nos toca a nosotros defender sus derechos en un gesto de justicia intergeneracional. Debemos procurar preservar los recursos naturales para el beneficio y el bienestar de nuestra generación y las generaciones por venir.
La autora es Catedrática del Departamento de Economía Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.
