Urgen inventario y evaluación de riesgo en escuelas públicas

Foto: Suministrada

La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli, radicó una medida para ordenar al Departamento de Educación (DE) a realizar un inventario de los planteles escolares, tanto abiertos como cerrados, y evalúe su exposición a riesgos de inundaciones, deslizamientos, sismos, tsunamis o cercanía a la zona marítimo terrestre.

“El DE ha estado muy enfocado e insistente en la reapertura física de las escuelas, mientras sigue ignorando el hecho de que ya sabemos que muchas estructuras tienen condiciones como la columna corta que pueden convertir a los salones de clases en trampas mortales en caso de un terremoto. Honestamente, no entiendo cómo es que nuestro gobierno se está arriesgando a ser el principal responsable de una tragedia de proporciones inimaginables. ¿Qué hubiese pasado con los niños y niñas de la escuela Agripina Seda en Guánica, si el terremoto del 7 de enero de 2020 hubiese ocurrido dos días después? Como mamá es horrible pensarlo, pero como legisladora tengo que recordarlo y hacer lo posible por prevenirlo,” expresó la legisladora.

De otro lado, indicó que “también estamos proponiendo que, en casos en que sea necesario el traslado temporero o permanente de la comunidad escolar, el Departamento tenga que establecer y aplicar criterios objetivos y razonables para tal decisión. No podemos repetir los cierres de escuelas ocurridos durante los pasados cuatrienios en los que no se proveyó explicación ni consideración alguna a las comunidades escolares afectadas y que terminaron impactando más a estudiantes de familias empobrecidas y en sectores de difícil acceso”.

La medida le provee un término de 180 días a la agencia para cumplir con lo solicitado.

No obstante, la representante dijo que se trata de una “gestión urgente que debe realizarse antes del inicio del nuevo año escolar 2021-2022. Ya el Departamento de Educación echó a perder un año durante el cual las escuelas estuvieron vacías y se pudo haber realizado esta evaluación sin mayores inconvenientes, pero ahora está empujando que nuestros niños y niñas regresen a esos espacios sin garantizar su seguridad y sin prepararse para nuevos eventos extremos de la naturaleza, que sabemos que seguirán aumentando en la medida en que se multiplican las consecuencias del cambio climático. Como legisladores y legisladoras, tenemos el deber y el privilegio de poder exigir acción del DE. Debemos hacerlo cuanto antes”, concluyó.

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