La desigualdad es uno de los principales desafíos en el camino de Uruguay y la región suramericana hacia el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que permitirá un futuro mejor para todos.
La desigualdad limita el crecimiento económico, disminuye su impacto en la reducción de la pobreza, debilita las democracias y el estado de derecho, erosiona las instituciones formales e impide a millones de personas ejercer todo su potencial de desarrollo y aumentar el de su país.
Desde siempre, pero particularmente en los últimos 20 años, Uruguay ha hecho un esfuerzo muy importante para disminuir la desigualdad y superar la pobreza, con un énfasis especial destinado a cubrir las necesidades básicas de toda su población.
Esto es imprescindible porque, como lo señaló en enero el subdirector general y representante regional para América Latina y el Caribe de la Food and Agriculture Organization (FAO) de la Organización de las Naciones Unidas, Julio Berdegué, “el crecimiento económico agrícola por sí mismo no asegura la reducción de la desigualdad económica rural”.
En ese contexto, el Estado uruguayo monitorea, por ejemplo, la falta de acceso al saneamiento, a la electricidad, a la educación, para satisfacer cada vez más universalmente las necesidades esenciales de los ciudadanos.
Aprovechando la situación internacional favorable, Uruguay ha sido muy responsable, logrando mejoras sustanciales, debido a las cuales organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial lo toman como referencia.
Sin embargo, nuestro país aún tiene desafíos para superar la desigualdad. Estos no se ven en el índice de Gini (el que mide la desigualdad del ingreso), sino en la persistencia de focos de pobreza.
Es una pobreza que tampoco se evidencia solamente por ingreso, sino también por dificultades de integración.
La falta de conocimiento, información o posibilidades de acogerse a las políticas públicas por parte de algunas personas de sectores marginados, impide que todos accedan a las mismas oportunidades y por ello la reducción de la desigualdad en Uruguay es un desafío singular.
Uruguay se destaca por sus políticas generales de inclusión, pero recién en los últimos años desarrolló, de manera activa, sistemática e institucional, políticas diferenciadas y focalizadas.
La importancia de atender debidamente este desafío se debe a que la desigualdad es una amenaza para los otros logros alcanzados.
Con género y ubicación
La desigualdad en Uruguay tiene localización geográfica y afecta en particular a las personas más jóvenes y a las mujeres. Es necesario enfrentarla con instrumentos focalizados y originales.
En el ámbito rural, es particularmente evidente respecto a las oportunidades de las que disponen jóvenes y mujeres.
En Uruguay hay 143 mujeres rurales que viven en la pobreza por cada 100 hombres, de acuerdo a cifras registradas por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura).
Además, tanto los hombres como las mujeres rurales realizan cantidades significativas de trabajo no remunerado.
En Uruguay la proporción de tareas no remuneradas que realiza una mujer rural es mayor a la de una mujer urbana, y mucho mayor que la de los hombres, sean urbanos o rurales. Como si fuera poco, solo 19.7 por ciento de las explotaciones rurales uruguayas tiene al frente una mujer.
“Las desigualdades territoriales son otra expresión de los desequilibrios estructurales que afectan a esta región, que dan lugar a una mentalidad de ‘nosotros contra ellos’ que nos frena a todos”, escribió también Berdegué.
Así como en México la gente habla del centro, del norte y del sur, en Uruguay hablamos de Montevideo y del interior, del campo y de la ciudad.
Por eso, Uruguay, junto a la FAO y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), está trabajando en desarrollar lo que llamamos la “conciencia agropecuaria” del país, algo que además podría servir de experiencia piloto en la región.
Las divisiones sectoriales en realidad no son tales, porque todos dependemos los unos de los otros, pero descansan sobre “estructuras de poder e instituciones profundamente arraigadas que sostienen y reproducen estas desigualdades”, según representante regional de la FAO.
No son fáciles de reducir, pero deben serlo.
Para ello, la FAO también propone apostar a un comercio socialmente inclusivo como norma, para que las zonas rurales de América Latina y el Caribe cumplan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y asegurar la continuidad del avance hacia el desarrollo de nuestros países y de nuestra región.
El autor es oficial a cargo de la Representación de la FAO en Uruguay. Este artículo fue publicado originalmente por la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. IPS lo distribuye por un acuerdo especial de difusión con esta oficina regional de la FAO.
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