Convocatoria de UNESCO para cultura y paz
Migrantes africanos interceptados en Libia, cuando se aprestaban a intentar llegar a Europa en una peligrosa travesía por el mar Mediterráneo, donde muchos de ellos pierden la vida cada año. Crédito: Rebecca Murray/IPS
Las naciones europeas de las cuales millones de personas escaparon de penurias y del hambre -Grecia, Irlanda, Italia- son hoy en día el destino de quienes hacen exactamente lo mismo.
Hay mucha gente en movimiento. Los datos más llamativos son los de la migración rural hacia las ciudades en los países en desarrollo. En 1950, 746 millones de personas vivían en ciudades, el 30 por ciento de la población mundial. En 2014, la población urbana llegó a los 3.9 mil millones (54 por ciento).
En comparación, unos 4 millones de migrantes se han trasladado a países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) cada año desde 2007. Y 60 por ciento de los 3.4 millones de inmigrantes de Europa en 2013 provenía de otros estados miembros de la Unión Europea (UE) o ya poseía la ciudadanía europea. Las personas procedentes del exterior suponían menos de 0.3 por ciento de la población de la UE.
Los conflictos en Afganistán, Iraq y Siria, además del descalabro de la ley o de las libertades en Libia, Eritrea, Somalia y Sudán del Sur, han detonado un aumento de solicitantes de asilo, cuyo número aumentó a 800,000 en los países de la OCDE solo en 2014 y que, en virtud del derecho internacional, debe ser protegido.
Una aprensión creciente por parte de algunos países receptores ha llevado a llamadas para establecer vallas y muros para reducir los flujos migratorios. Las barreras, sin embargo, son costosas, pueden eludirse, y, sobre todo, son una reminiscencia demasiado fuerte de las restricciones a la libertad de la que muchos migrantes buscan refugio.
El ansia de una vida mejor es la principal fuerza motora para la migración, tanto local como internacional. La creencia de que existen mejores perspectivas en otros lugares ejerce una poderosa atracción. Ahora que los teléfonos móviles y el acceso a Internet han llegado a los rincones más remotos del planeta, tales creencias han proliferado.
Para aquellos países que deseen reducir las presiones migratorias transfronterizas, la mejor opción es, probablemente, hacer frente a sus causas de raíz. Esto implica llevar a cabo acciones para fomentar la paz y la seguridad donde hay conflicto y opresión. También implica cerrar las crecientes brechas en los niveles de vida, tanto entre naciones como entre ricos y pobres, en los países de los que los migrantes económicos se van.
Algunos de los países de destino han recortado las prestaciones de seguridad social para los recién llegados en un intento por reducir su atracción. Pero hacen falta cambios más fundamentales de política en las sociedades más ricas dirigidos a disuadir el comportamiento de consumo más conspicuo de su propio pueblo. Y no será fácil. Podría implicar que los consumidores asumiesen los costos de los daños ambientales y sociales ocasionados por la producción y el uso de lo que compran.
La pobreza extrema se encuentra principalmente en las comunidades rurales, donde se inicia la mayor parte de la migración interna. La pobreza no es simplemente una cuestión de bajos ingresos, sino también de acceso limitado a una vivienda adecuada, agua potable, energía, educación decente y servicios de salud.
En casi todos estos ámbitos, la población rural está peor que los habitantes de la ciudad y son también más vulnerables a los choques. Paradójicamente, la incidencia del hambre y la desnutrición es más alta en las mismas comunidades que producen gran parte de los alimentos del mundo.
Parece que la urbanización ampliará aún más estas brechas. Las remesas de dinero enviadas por los inmigrantes de primera generación locales e internacionales para sustentar a los suyos en casa ayudan, pero suelen ser modestas.
Las políticas para eliminar la pobreza rural deben responder a las prioridades que las comunidades locales manifiestan para mejorar el acceso a la infraestructura y a los servicios públicos, que deben incluir instituciones de gestión local honesta y competente.
También deben incluir programas de protección social, idealmente basados en las transferencias de dinero -regulares y predecibles- a los hogares más pobres, asegurando que todas las personas son, como mínimo, capaces de comer de forma saludable y de hacer frente a períodos de escasez.
La Unión Europea ha apoyado el principio de abordar las causas fundamentales de la migración de África a Europa y, en la cumbre de Malta de noviembre de 2015, declaró que la inversión en desarrollo rural es una prioridad.
Sin embargo, los casi 30 miembros de la UE solo aprobaron $1,800 millones en recursos adicionales. Dada la magnitud de la pobreza, se trata de una cifra insignificante. Es una cuarta parte de lo que ofrecían a Turquía para detener el flujo de los migrantes a Europa.
Se necesita mucha mayor financiación. Esa necesidad se reconoció explícitamente el pasado mes de septiembre con el respaldo unánime de todos los gobiernos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por la ONU (Organización de las Naciones Unidas), incluyendo la erradicación de la pobreza y el hambre para el año 2030. Aparte de ser lo moralmente correcto, esto reducirá los conflictos que a menudo impulsan la migración internacional en origen.
El vínculo entre la reducción de la privación extrema y la paz se reconoció por los fundadores de la FAO en 1945 cuando escribieron:
“El progreso hacia la liberación de la miseria es esencial para una paz duradera, ya que es una condición para liberar las tensiones que surgen de la inadaptación económica, del descontento profundo, y de la sensación de injusticia, que tan peligrosas son en esta comunidad de naciones modernas”.
Hoy la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) se guía por estos principios en su labor de reconstrucción de la seguridad alimentaria y de creación de una mayor capacidad de recuperación en países devastados por los conflictos.
Las remesas y la ayuda pueden contribuir a reducir las desigualdades, pero el comercio justo de alimentos, la principal salida comercial de las comunidades rurales, es una forma más sostenible de cerrar la brecha entre las comunidades rurales y las urbanas.
Cuando los consumidores empiecen a pagar precios por los alimentos que recompensen de forma justa a los productores por sus inversiones, habilidades, exposición al riesgo y mano de obra, y por su administración responsable de los recursos naturales, el mercado podría llegar a ser el principal vehículo para la erradicación de la privación extrema y del hambre que “impulsa” la migración.
Un viraje hacia precios más justos de los alimentos sería un primer paso hacia el aprovechamiento del gran potencial que ofrecen los procesos de la globalización para crear un mundo en el que todas las personas sepan que pueden llevar una vida decente a través de su trabajo incluso si deciden vivir donde nacieron.
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