Para el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, el abogado Carlos Díaz Olivo y el economista Argeo Quiñones, la inminente llegada a Puerto Rico de la junta federal de control fiscal es la continuación de una tendencia de más de un siglo de duración, en la que Estados Unidos ejecuta a gusto y gana aquellas acciones que entiende son las necesarias para defender sus intereses económicos en la isla en una coyuntura particular.
En el foro Junta de control fiscal sobre Puerto Rico, celebrado esta semana en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, los tres panelistas coincidieron en que la propuesta junta, que forma parte del proyecto PROMESA que al momento se encuentra en el senado federal -luego de haber sido aprobado en la Cámara de Representantes-, representa no solo un atentado contra el proceso democrático, sino un retroceso histórico de más de cien años en lo que se refiere al desarrollo de la relación imperio-colonia entre Estados Unidos y Puerto Rico.
“(La junta de control fiscal) es la medida de poder colonial más cruda que ha habido después del gobierno militar. Esto es peor que la ley Foraker”, fue la manera en que Acevedo Vilá pudo describir el grado de intervención que significa la imposición de un ente que, para todos los efectos prácticos, tendría poderes ilimitados sobre la planificación de la economía local.
Para quien fuera gobernador entre 2005 y 2009, uno de los aspectos que más ha impulsado el apoyo a una junta tanto dentro del Partido Republicano (GOP) como del Partido Demócrata, ha sido la imagen que se ha creado y fomentado en los Estados Unidos acerca de la realidad de la crisis socioeconómica en Puerto Rico. Acevedo Vilá caracterizó la reunión que sostuvo en las pasadas semanas junto al también exgobernador Rafael Hernández Colón con Antonio Weiss, consejero del secretario del Tesoro federal, como “la más fuerte que he tenido en mi vida”.
“Fundamentalmente nos dijo, ‘si (PROMESA) se cuelga, va a ser por culpa de ustedes dos y Puerto Rico se va a morir de hambre’. (Hernández Colón y yo) avanzamos y le dijimos que el precio que nos están pidiendo que paguemos, que básicamente es entregar el poquito de democracia que tenemos, es un precio demasiado alto”, relató Acevedo Vilá, añadiendo que el propio Weiss les admitió que el proyecto HR 5278 está diseñado específicamente con el propósito de que sea constitucional únicamente bajo la cláusula territorial.
Por su parte, Díaz Olivo expuso que para entender el contexto actual y las razones por las que se forma una junta federal, solo hay que conocer la historia de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, una que desde el principio ha estado guiada prioritariamente por los intereses económicos de la metrópoli.
El analista político utilizó los llamados Casos Insulares que decidió el Tribunal Supremo de Estados Unidos a inicios del siglo 20 como ejemplos de las maneras en que, desde un principio, se ha garantizado la protección de dichos intereses, incluso por encima de lo que, a simple vista, parecerían ser algunos de los principios más básicos de la constitución del país norteamericano.
“El Tribunal Supremo se inventó la teoría de que Puerto Rico es un territorio no incorporado en donde la constitución no aplica automáticamente y por lo tanto el Congreso puede discriminar y tratar (a Puerto Rico y los territorios) de manera distinta desde el punto de vista contributivo que al resto de la nación. Esto, que jurídicamente puede ser un disparate porque se rompe la unidad que se diseña en la constitución, cobra mucho sentido desde el punto de vista económico cuando usted se da cuenta que lo que quería Estados Unidos era proteger sus intereses económicos”, puntualizó Díaz Olivo.
Precisamente por el hecho de que la relación colonial es una de naturaleza económica es que, de acuerdo al abogado estadista, Estados Unidos han ido paulatinamente perdiendo el interés en los asuntos de la isla.
“Estados Unidos ya no envía dinero porque en términos económicos ya no somos tan importantes como éramos. El valor económico que Estados Unidos tiene en Puerto Rico lo puede tener bajo la independencia también, llegando a unos acuerdos de inversión de capital como lo tiene en otros sitios”, dijo Díaz Olivo, advirtiendo, sin embargo, que si Puerto Rico cae en el impago se “descalabra” el mercado de bonos municipales en Estados Unidos, razón por la que se crea la junta en este momento.
No obstante, el economista Quiñones afirma que el trato reciente de Estados Unidos a Puerto Rico no puede analizarse en un vacío, sino que hay que contextualizarlo dentro de la realidad política actual en que los sectores más conservadores del GOP, partido que domina ambas cámaras en el Congreso, ejercen mucha influencia en las decisiones que se toman en la esfera federal.
“En verano de 2008, bajo el estímulo fiscal de Bush, a Puerto Rico le tocaron $1,250 millones. Llega el 2009 con Obama y se firma ARRA (American Recovery and Reinvestment Act) y a Puerto Rico le tocan $7,000 millones. (Más tarde) llega el problema de los activos tóxicos y viene el Tesoro y ayuda al Banco Popular y First Bank con más de $1,350 millones de compra de activos tóxicos a un 5% de interés”, enumeró el profesor de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
“El gobierno de Puerto Rico tenía que saber que iba a enfrentar un Congreso de derecha dominado por el Tea Party, y que si tú vas a buscar remedios en grupos de derecha te van a dar el ‘blueprint’ de Chile después del golpe de estado a Allende”, agregó Quiñones, refiriéndose a la presente situación en que la legislatura federal es más reacia a inyectar dinero a la economía que en los primeros años bajo la presidencia de Obama.
Quiñones igualmente abogó por cambios significativos al sistema contributivo local, uno que según él le cuesta miles de millones de dólares al erario entre créditos contributivos, exenciones y el grave problema de evasión. Para el catedrático, esas transformaciones pudieran darse incluso dentro del estatus político actual, aunque reconoció que haría falta una clase política que no esté “atada” al sistema económico que prevalece.
Interesantemente, Acevedo Vilá entiende que, si bien son mínimas, todavía existen posibilidades de que PROMESA se cuelgue en el senado. Sin embargo, para que eso ocurriera sería necesario que desde la isla se envíe un mensaje claro de oposición a la medida. Por lo tanto, censuró las posturas recientes del gobernador Alejandro García Padilla y el comisionado residente Pedro Pierluisi, quienes públicamente han expresado que la única alternativa que puede ofrecer el Congreso para enfrentar la crisis fiscal es la junta.
Siguiendo esa línea, el también excomisionado residente exhortó a los candidatos a la gobernación a enviar a Washington una carta conjunta en la que manifiesten su oposición a la junta y a PROMESA.
“En teoría el proyecto podría detenerse. Lo de Vieques se logró no solamente porque la gente se tiró a la calle, sino por los llamados cabilderos del pueblo. Los pasillos en Washington se llenaron de puertorriqueños tocando puertas. Si lográramos una expresión de todos los candidatos a la gobernación el escenario podría cambiar en 24 horas. Esa es la verdad”, aseguró Acevedo Vilá, quien asimismo señaló que a nivel federal existe más oposición a PROMESA de lo que habitualmente se piensa en la isla.
Por otra parte, Acevedo Vilá instó a la próxima administración a “enfrentarse” a la junta, incluso si eso supusiera un problema de gobernabilidad por los próximos años. “Esa es la ruta de la dignidad”, recalcó. Lo contrario sería “haber validado que estamos felices con que nos gobiernen como una colonia de las más clásicas”.
Respecto a la disposición de PROMESA que obligaría a Puerto Rico a aprobar cuatro presupuestos balanceados corridos, Acevedo Vilá censuró el hecho de que la exigencia proviniera de “un Congreso y un gobierno que no ha podido balancear su presupuesto desde Clinton”.
En tanto, Díaz Olivo planteó que es irreal pensar que se puede formar un frente común en contra de la junta, pero que con un “líder” sería suficiente para detenerla. “Y Aníbal, desde que tú fuiste gobernador, no hemos tenido a alguien con capacidad intelectual”, lamentó mientras miraba a su compañero panelista. “Desafortunadamente, los que vienen por ahí no la tienen tampoco”, agregó en referencia a los candidatos a la gobernación.
Más allá de lo que ocurra en el futuro cercano con PROMESA y la junta, Díaz Olivo entiende que las decisiones de los Estados Unidos respecto a Puerto Rico evidencian la incompatibilidad de los intereses económicos entre ambos y, por lo tanto, se acerca el momento de un giro irreversible en la relación.
“Una vez (los Estados Unidos) cuadren eso de los bonos Puerto Rico virtualmente está tirado a pérdida. He mencionado en otras presentaciones que vamos indirectamente a la independencia sin que nos demos cuenta porque ellos no van a meter un dólar aquí en infraestructura, ellos no van a capitalizar a Puerto Rico, ellos nos dejarán así como está, cuadrarán los intereses de los bonos y nos dejarán languidecer”, reiteró el excandidato penepé a la alcaldía de San Juan.
“Si esto es lo que Estados Unidos está dispuesto a darnos y es lo único que está cerca, yo que he sido estadista toda la vida le digo ‘esto para mí no es suficiente y yo prefiero la independencia’. Esto es totalmente inaceptable. Yo no le puedo aceptar a nadie que me vengan a desplazar los funcionarios que yo he elegido por más malos que sean, para que vengan unos designados de otro sitio y se hagan cargo del país”, dijo Díaz Olivo, describiendo como “una cosa patética” el que ante la llegada de la junta el enfoque desde Estados Unidos sea la repartición de puestos en el cuerpo en lugar de la búsqueda de alternativas para promover el desarrollo económico.
