Tras dieciséis años de Socialismo del Siglo XXI, este experimento político enfrenta su mayor desafío ante las protestas estudiantiles venezolanas. Venezuela es una sociedad polarizada en dos segmentos política e ideológicamente incompatibles. Ambas facciones, gobierno y oposición, tienen niveles de responsabilidad y ambas tienen la posibilidad de evitar el colapso del país .
El gobierno socialista dirigido por Chávez (1998-2013) y Maduro (2013-presente) tiene que asumir la responsabilidad primordial de los problemas: alta inflación, polarización socio-política, la segunda tasa de crimen en el mundo, la segunda tasa de corrupción más alta de las Américas, e incremento en las violaciones de los derechos humanos.
Ello no significa que los gobiernos chavistas hayan sido los iniciadores de estos problemas. Sin embargo, dieciséis años debieron haber sido suficientes para mejorar estos indicadores.
El excesivo uso de la fuerza por parte del gobierno ante las protestas también agrava la situación. Organizaciones imparciales de derechos humanos como Human Rights Watch certifican que el gobierno ha disparado contra civiles y ha hostigado a defensores de los derechos humanos.
Por su parte, la oposición también debe asumir una cuota de responsabilidad. Esta nunca presentó un proyecto alternativo viable. No fue hasta el surgimiento de Henrique Capriles Radonski como su dirigente en 2012 cuando ésta pareció presentar una opción viable. La oposición también acometió errores que permitieron a Chávez consolidar su poder. Entre éstos deben mencionarse un golpe de estado fallido en 2003 y la abstención en las elecciones legislativas de 2005.
En la actual situación los sectores intransigentes de la oposición han fomentado estrategias que agravan la situación. Particularmente Leopoldo López y María Machado, han promovido la confrontación con el gobierno, acción que polarizará más a la población y permitirá al gobierno presentarse como víctima de una conspiración “golpista”.
La solución precisa concesiones mutuas. El gobierno debe convocar a un diálogo nacional para negociar un sistema político más inclusivo, menos arbitrario y con mayores garantías constitucionales. También debe escuchar las propuestas de la oposición para acometer la escasez y el crimen.
Por su parte, la oposición también debe estar dispuesta a negociar, tal como ha planteado Capriles, y a concertar soluciones políticas con el gobierno. La oposición tiene derecho a aspirar al poder y a ganar adeptos, pero debe hacerlo por la vía democrática. La estrategia insurreccional de López y Machado y su intransigencia en negociar puede contribuir a que el gobierno consolide más su poder.
El régimen chavista se encuentra en su peor momento. El manejo inadecuado de la economía, la incapacidad de afrontar el crimen y las excesivas ayudas económicas a aliados como Cuba o Nicaragua han generado una situación insostenible. El régimen chavista ya no tiene a su disposición los recursos para, por medio de políticas de asistencia social, consolidar su legitimidad. Todo indica que ha perdido apoyo.
Ante esta situación, la oposición cometería un grave error si adopta la política intransigente de López, opositor demagógico, sospechoso de corrupción y con vínculos con la extrema derecha internacional. El peligro con este sector está en negarse a aceptar que en Venezuela ha ocurrido un experimento socialista apoyado por la mitad de la población, fundamentalmente de clase trabajadora y que, a pesar de los fracasos del gobierno, también hay algunos éxitos en asuntos sociales como disminución del analfabetismo, expansión de la matrícula a estudiantes universitarios de clase trabajadora, asistencia alimentaria a sectores pobres y disminución de la mortalidad infantil. Estas políticas son altamente valoradas por los sectores trabajadores, quienes han visto en el Chavismo del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) el único gobierno dispuesto a incorporarlos política y socialmente tras décadas de exclusión.
Venezuela no es el país que era cuando Chávez asumió la presidencia en 1998. La actual situación es más que una crisis coyuntural. De no negociarse un acuerdo en el cual pueda construirse un sistema social y político inclusivo, el país se arriesga a la posibilidad de una guerra civil o al menos, una crisis permanente insostenible que podría lanzar a un país con una riqueza natural envidiable hacia el abismo de la pobreza y la desesperanza.
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El autor es profesor de Ciencia Política en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Para leer la extensión completa de este texto, vea nuestro próxima edición impresa de Diálogo, disponible a mediados de marzo.
