Feria de Estudios Graduados 2023 en UPR-RP
Dos personas prenden velas ante el monumento a la Constitución, en la capital salvadoreña, durante una protesta en julio pasado contra la condena a 30 años de cárcel de la joven Evelyn Hernández, acusada de haberse practicado un aborto. (Edgardo Ayala/IPS)
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Inter Press Service
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Mayra Verónica Figueroa Marroquí, de 34 años, fue liberada a principios de la última semana de marzo, después de cumplir su condena por lo que ella argumentó fue un aborto espontáneo. Su sentencia se redujo de 30 años a los 15 años que ya había pasado tras las rejas.
A los 19 años había trabajado anteriormente como ama de llaves en 2003 cuando fue violada y posteriormente sufrió un aborto espontáneo. Había sido condenada por la prohibición del aborto de El Salvador, una de las más extremas del mundo.
Figueroa Marroquí es la segunda mujer que este año ha sido liberada de la cárcel en tales circunstancias. El mes pasado, Teodora del Carmen Vásquez también fue liberada tras 11 años de su sentencia de 30 años por lo que ella dijo que era una muerte fetal.
Desde 1998 bajo el Artículo 133 del Código Penal, el aborto ha sido completamente ilegal en El Salvador en todas las circunstancias. Las mujeres han sido sentenciadas hasta ocho años en casos más típicos, pero si un juez decide que el aborto fue de hecho un “homicidio agravado”, se transmite una sentencia mucho más alta, de hasta 50 años.Y cuando se produce un aborto involuntario, una mujer suele correr un grave riesgo de ser acusada de esto.
Las mujeres embarazadas a menudo son abandonadas por los hospitales públicos del país y con frecuencia corren un grave riesgo de ser arrestadas después de un aborto espontáneo.
En la mayoría de los casos, estas mujeres también provienen de entornos económicamente desfavorecidos, lo que les dificulta el pago de la atención médica privada.
Esto significa que, en lugar de recibir el tratamiento adecuado si algo sale mal durante el embarazo, no hacen nada y esperan lo mejor, o recurren a canales encubiertos no oficiales, poniéndose así en grave peligro físico.
La Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres, de la cual la organización que dirijo, Ormusa, es parte, informó anteriormente que, entre 2000 y 2014, 147 mujeres de El Salvador fueron acusadas de delitos relacionados con el aborto.
En lo que va de 2018, la Asociación Ciudadana por la Despenalización del Aborto descubrió que todavía hay 24 mujeres en prisión que se ha categorizado como abortos “homicidas”. Todas estas mujeres fueron condenadas en escenarios similares a las dos que se dieron a conocer este año y muchas ya enviaron muchos años tras las rejas.
No solo debemos asegurarnos de que estas mujeres sean liberadas, sino también que la ley sobre el aborto se modifique urgentemente.
El Ministerio de Salud estima que casi 20,000 abortos tuvieron lugar entre 2005 y 2008. Independientemente de si el aborto es legal o ilegal, aún se lleva a cabo. La única diferencia es el nivel de seguridad de las mujeres que se someten al procedimiento.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma que 68,000 mujeres mueren cada año debido a abortos ilegales e inseguros. Es probable que se pueda prevenir un número significativo de estas muertes.
El Salvador es uno de los únicos cuatro países de América Latina que prohíbe el aborto en todos los casos, incluso después de la violación y cuando la salud de la madre está en riesgo. También es uno de los países más peligrosos del mundo para ser mujer.
Tenemos la tasa más alta de feminicidios a nivel mundial: 15.9 homicidios por cada 100,000 mujeres. Este no es un país donde los derechos humanos básicos de las mujeres son muy apreciados.
Según el Observatorio de violencia de Ormusa, alrededor de 3,138 mujeres han sido asesinadas entre 2010 y 2017, con un promedio de 451 por año. Es decir, más de una mujer es asesinada a diario.
Todavía estamos esperando ver si se debatirá y aprobará la propuesta de reforma al artículo 133 del Código Penal, en la cual se propone la despenalización del aborto por cuatro causales: cuando el embarazo es producto de una violación sexual o trata de personas; cuando exista una malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina; cuando el embarazo es resultado de violación o estupro en el caso de una menor, y cuando se ponga en riesgo la vida de la mujer.
De la misma forma se espera que sean discutidas y aprobadas una ley de Educación integral en sexualidad y una ley de salud sexual y reproductiva.
A pesar de contar con muchos aliados como el Ministerio de Salud y parlamentarias actuales, aún se enfrenta la resistencia de muchos grupos religiosos y políticos, lo que significa que aún nos queda un largo camino por recorrer.
La autora es directora ejecutiva de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), la socia salvadoreña de Donor Direct Action, un grupo internacional de mujeres.
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