La tranquilidad que caracteriza las montañas del centro de Puerto Rico parece haberse esfumado hace varios meses. Y es que la noticia de la construcción de una kilométrica tubería para transportar gas natural por esa área ha impregnado de angustia a los residentes de esa zona.
A los vecinos del barrio Portugués de Adjuntas, uno de los municipios de la Cordillera Central por donde atravesará el proyecto Vía Verde que propone la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para establecer un gasoducto, la instauración del proyecto a pasos de lo que hoy son sus patios y terrazas los llena de gran desasosiego.
En este suelo adjunteño impera la humildad, se percibe en las calles, en las miradas y en los detalles de las estructuras. La vista desde arriba, allá donde el sol casi no calienta, la temperatura da escalofríos y la lluvia no se hace esperar; sencillamente es hermosa. Todo se ve verde y así quieren los residentes que se mantenga pues paradójicamente, el paso de Vía Verde acabaría opacando el matiz que a simple vista seduce a todo el que visita el lugar.
Los habitantes de este entorno paradisiaco apenas logran dormir en las noches y en sus ojos se asoma el miedo cada vez que se menciona el tema del gasoducto. Y es que la AEE vislumbra llevar a cabo varias expropiaciones para dar paso a la construcción del gasoducto que requerirá una inversión de $350 millones para transportar gas natural desde la cogeneradora eco eléctrica en Peñuelas hasta las centrales Cambalache en Arecibo y Palo Seco en Toa Baja.
En el barrio Portugués, solamente se estima que se afecten aproximadamente unas 60 estructuras, según Julio Santiago, residente del lugar. En una de estas casas habitan Luis González de 82 años y Ernestina Hernández de 86. A su hijo Edwin González Hernández, le inquieta el impacto emocional de esta situación en ambos envejecientes. Va más de una década que doña Ernestina lleva postrada en su cama por su padecimiento de Alzheimer. Su esposo y su hijo la atienden con especial esmero, según observó Diálogo. Mientras se realiza esta entrevista Don Luis, se acerca a su esposa le toma de la mano y le dice que está hermosa.
Doña Ernestina está en su fase terminal, no puede valerse por sí sola y requiere de acomodos especiales. La casa, una estructura de dos pisos, ha sido habituada para las exigencias que requiere su padecimiento. Por ejemplo, hace unos años le construyeron una rampa por si ocurría alguna emergencia.
Don Luis Gonzáles y doña Ernestina Hernández, quien padece de Alzheimer.
“Habilitar un lugar nuevo toma tiempo y [los proponentes del proyecto] no nos han dado alternativas reales. Es un acto político y desorganizado”, subrayó González Hernández, en referencia a la elaboración del gasoducto, no sin antes mostrar empatía con otras familias que posiblemente atraviesen por lo mismo. “Si esto nos está ocurriendo con mi mamá ¿cuántas familias no estarán igual?”, meditó.
No se aleja de la realidad, ya que al simple cruce de una calle, Luis Rodríguez, vive una circunstancia similar. Rodríguez, fue el primero en recibir la carta con la notificación de una posible expropiación de sus terrenos y, al igual que su vecino, teme por las consecuencias que provocaría el tener que comenzar de cero en un nuevo espacio.
“Es una situación que apenas nos deja dormir. Pienso en la viejita que vive con nosotros y se encuentra en silla de ruedas y que con sus 86 años no es humano tener que hacerla pasar por algo así”, expresó Rodríguez mientras mostraba las cuerdas del terreno que se verían afectadas. Tierras que han pertenecido a la familia de su esposa hace treinta años.
“La noticia nos ha hecho daño porque vemos un futuro incierto. Cada noche me pregunto ¿Para dónde voy? Eso me deprime mucho”, añadió mientras se sumaba al malestar de varios vecinos por la insensibilidad del gobernador Luis Fortuño ante esta circunstancia. Pero la sensibilidad es lo más que sobra en este barrio adjunteño, pues tan sólo de mencionar el polémico proyecto sus voces se quebrantan y sus miradas se nublan por las lágrimas.
“Son daños que más allá de lo físico alteran lo emocional. No es fácil para un niño que no entiende por qué razón tiene que dejar su escuela, comenzar de cero con nuevos compañeros y adaptarse”, explicó entre lágrimas Wilda Báez madre de dos niños y una hija adolescente. A Báez le angustia la idea de quedarse en la calle con sus hijos.
La entrevistada exigió al Gobernador que les ofrezca razones justificables que la ayuden a entender el verdadero propósito para impulsar este proyecto que ha levantado diversas reacciones en la Isla. “Al señor Fortuño le digo que se siente a pensar que él tiene una familia que goza de todas las comodidades y que no tiene que preocuparse como nosotros. Que recapacite como ser humano porque aquí hay niños, jóvenes y ancianos que merecen respeto”, declaró Báez con el desconsuelo de no ser reconocida como una voz en este asunto.
A estas preocupaciones se une la mayor parte de los vecinos que se niegan a ceder sus terrenos. En particular, Antonia Santiago Cabrera de 69 años, quien pidió al Primer Mandatario que no olvide que “él fue elegido por un pueblo. Y que, mientras está en la Fortaleza, nosotros estamos aquí en una encrucijada”. Asimismo, comentó que “si el Gobernador ama a la gente como en ocasiones dijo ¿por qué ahora no viene a Adjuntas y da la cara?”
Expropiaciones desde la montaña hasta la playa
Más arriba en la Isla, allá donde los montes dan paso a edificios y los árboles dan protagonismo a las palmeras, los ánimos parecen ser otros. Sí, hay miedo. Pero para algunos sectores del área metropolitana, específicamente en el barrio Puente Blanco en Cataño, el temor sólo da fuerza para detener los atropellos contra los menos afortunados.
Puente Blanco será uno de los tramos con mayor impacto, entre las 51 comunidades que ubican en los doce pueblos por donde atravesará el gasoducto. Cuando Diálogo visitó el barrio era mediodía, razón por la que quizás el lugar parecía vacío. Las casas casi se rozan unas a las otras y las calles, pequeñas de por sí, se encuentran descuidadas.
Este sector fue uno de los más afectados aquel 23 de octubre de 2009 cuando ocurrió la explosión de 21 de los 40 tanques de gasolina de la Caribbean Petroleum Company, (CAPECO). Las vivencias de este incidente que ocasionó graves daños a algunas estructuras, además de graves implicaciones a la salud de varias personas a causa de las emanaciones de gases tóxicos, todavía están muy presentes en las memorias de los vecinos de Puente Blanco.
Escenas como éstas no las quisiera revivir Deborah Polanco, con su hijo de apenas cinco años de edad quien estuvo hospitalizado varios días por complicaciones respiratorias tras la explosión de CAPECO.
A esta madre le preocupa que si la Autoridad de Energía Eléctrica no da mantenimiento a sus instalaciones normales, ¿cómo supervisarán un gasoducto? “¿Explotará como CAPECO?”, cuestionó.
A estas inquietudes se unen en igual descontento hacia el proyecto Magali Torres y Lucy Pagán, vecinas del barrio Puente Blanco. Allí estaban todas reunidas, bajo una carpa azul en lo que parecía ser la improvisación de un puesto de venta de golosinas, al lado de la escuela elemental que lleva el mismo nombre del barrio.
“Que se metan para acá, para que vean. No nos vamos a dejar”, recalcó Pagán mientras llamaba la atención a un niño que jugaba en el patio.
Mientras esto ocurría en las afueras de la escuela, don Ángel Adorno Colón leía un periódico en el balcón de su residencia. Él sí aprueba el gasoducto, a pesar de llevar 43 años viviendo en el sector.
Su mirada intimidaba un poco y su voz evidenciaba molestia, quizás producto de lo que leía o del recuerdo de todos los atropellos que ha tenido que pasar la comunidad en la que reside. “Aquí han pasado todo tipo de proyectos y no nos ha pasado nada. Si con esto [el gasoducto] me baja la factura de la luz, pues lo apruebo”, sostuvo.
Pero su apoyo tiene condiciones. Para don Ángel si el proyecto necesita que desaloje su casa deben pagarle por el valor real de sus terrenos. Su casa es de dos piso, blanca y su jardín está bien cuidado. Allí vive con su esposa y su hija. Aún así don Ángel, subraya que sólo él tendrá la decisión de vender o no.
Durante el recorrido de Diálogo por la comunidad no todos los vecinos pudieron elaborar una opinión. En busca de reacciones en varios colmados y algunas casas residenciales el desconocimiento es el denominador común.
Al momento de nuestra visita a este sector de Cataño no había habido una notificación formal de parte de la AEE que detallase cabalmente lo que constituye este proyecto y las implicaciones que tendrá para esta comunidad así como para el resto de Puerto Rico.
Según reveló Wanda Figueroa Rivera, líder comunitaria en Puente Blanco, “se le solicitó a la AEE que organizara una actividad para los vecinos de Puente Blanco en la que se les brindara la misma información que le fue suministrada a los líderes comunitarios”. Sin embargo, su petición fue denegada ya que, según le notificó el personal de la Autoridad, “el Proyecto Vía Verde aún se encuentra en proceso de aprobación y esto imposibilita la transmisión oficial de información sobre éste”.
Esta situación “mantiene a muchas de las personas que viven en Puente Blanco en total desconocimiento o desinformados”, explicó la portavoz.
Entre tanto, las contradicciones no se hacen esperar. Mientras por un lado la AEE “alega no haber aprobado nada aún respecto a Puente Blanco, los rumores parecen ser otros”, analizó Figueroa Rivera.
“A pesar de una clara oposición por parte de la mayoría de los residentes que sí conocemos el proyecto, incluso apoyados por el alcalde José Rosario Meléndez; la Asamblea Municipal, casi en pleno, avala el proyecto”, explicó la portavoz en referencia a la reunión que se llevó a cabo el 30 de septiembre de 2010 en Coliseo Cosme Beitía en Cataño. El alcalde catañense es miembro del Partido Popular Democrático, mientras que la Asamblea es controlada por el Partido Nuevo Progresista, entidad que domina actualmente todo el Gobierno.
En esa ocasión se les explicó a los vecinos algunos puntos justificables en torno a la supuesta eficacia del proyecto Vía Verde. Ante cuestionamientos de cómo se le proveería algún tipo de seguridad al sector de Puente Blanco, la información que se les proveyó fue la posible construcción de una muralla para separar el proyecto de la comunidad.
La estructura “no será aprobada por los residentes”, según Figueroa Rivera, ya que en caso de una explosión la muralla podría convertirse en “misiles adicionales que atentarían contra nuestras vidas”.
Impera la desinformación
A diferencia de los vecinos de Adjuntas, al momento, ningún residente de Puente Blanco ha recibido carta de expropiación. Sin embargo los rumores cada vez son más fuertes entre sus líderes comunitarios.
En ambas comunidades la carencia de información correcta y necesaria emerge entre los principales reclamos. De modo que, el silencio que mantienen las autoridades que lideran este proyecto no hace más que aumentar sus temores y a la misma vez incrementar su resistencia a que se lleve a cabo.
“Nadie da la cara. Sólo se limitan a enviar cartas” como comentó Antonia Santiago Cabrera.
Y es que al parecer el papel aguanta más que una presencia física que responda algunas preguntas de los residentes. Los escritos cargan la firma del gerente del proyecto, José Ricardo Mariana y notifican que personal de la AEE los estaría visitando para coordinar una cita con la compañía New Star Aquisition Corporation, quien se ocupará de analizar sus terrenos.
Según una de las cartas que recibió Luis Rodríguez del barrio Portugués, las visitas serían parte de una “investigación de titularidad para corroborar la información que tienen del CRIM, para ver si son los dueños que aparecen en los registros, hacer trabajos de mesura y adquisición de terrenos”.
“Nada más allá de eso. Ni alternativas, ni la posibilidad de negarnos”, destacó Rodríguez.
Definitivamente, la desinformación impera mucho en ambos lugares. Aunque para los residentes del barrio Portugués en Adjuntas el poder contar con una entidad como Casa Pueblo es una ventaja.
“Gracias a Casa Pueblo y las investigaciones que estos han hecho nos hemos podido mantener al tanto de lo que sucede”, agradeció Rodríguez.
A simple vista las situaciones no parecen tener mucha similitud. En Adjuntas se habla de 60 residencias como las posibles afectadas, mientras que en el barrio Puente Blanco de Cataño se estiman implicaciones, directas e indirectas, a unas 300. Sin embargo “los números son lo de menos cuando se habla de injusticias sociales y mala planificación urbana”, recordó González Hernández.
Hasta las últimas consecuencias
En ambos sectores se han establecido vidas, historias que de una manera u otra conforman una comunidad; unos en la montaña y otros a pasos del mar. Esta razón los mantendrá luchando, a su manera claro está. En Adjuntas, Wilda Báez espera que el pueblo continúe con sus activismos pasivos, como la marcha que se llevó a cabo el 19 de septiembre de 2010.
“No vamos a bajar la guardia. Nuestras comunidades ya han pasado por mucho y ya es tiempo de darnos a respetar. No podemos tener miedo a nada cuando se trata de lo nuestro”, enfatizó Báez.
De igual manera las protestas en Cataño no se descartan. Al momento no tienen alguna actividad organizada. Sin embargo, los ánimos de lucha van creciendo conforme pasan los días.
“Protestaremos y seguiremos luchando”, así se expresan los vecinos de ambos barrios como muestra de que su resistencia al gasoducto, una resistencia que ambos grupos señalan no se detendrá.
“Vamos hasta las últimas consecuencia hasta que se organice un mejor proyecto que verdaderamente solucione la crisis energética del país, un proyecto que no ponga en peligro la seguridad de ninguna persona”, explicó la portavoz del barrio Puente Blanco.
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En esta historia colaboró Carmen Enid González. Ambos autores son alumnos del Programa Graduado de la Escuela de Comunicación de la UPR.
