Cada vez que un migrante cruza por la entrada al albergue La 72 ubicado en el sureste del mexicano estado de Tabasco, él lo ve pasar. Y cada vez que alguien sale, le abre el paso.
Como muchos, este joven salvadoreño llegó huyendo de la violencia de Centroamérica. Lleva aquí más de un año y medio, en espera de una visa humanitaria para dejar el puesto de guardia y volver a empezar su vida. Mientras, intenta superar el trauma que lo hizo abandonar su país con la tarea sencilla de abrir y cerrar la puerta del albergue.
La 72, Hogar Refugio para Personas Migrantes, es el principal centro de atención en la frontera sur de Tabasco a los miles de centroamericanos que cada año entran a México en camino al norte. Su nombre es una forma de recordar el asesinato de 72 personas en un rancho en San Fernando, en el noroccidental estado de Tamaulipas, en agosto de 2010.
En el transcurso de los años, el perfil de la casa se ha modificado. Aún es una zona de descanso y recuperación de la violencia para quienes llegan del sur. También se ha convertido en un espacio de asesoría a las personas que, como el vigilante de la puerta, iniciaron el trámite para que se les reconozca como refugiados en México.
La mayor parte son hondureños y salvadoreños que ya no quieren llegar a Estados Unidos, y que tan solo buscan un lugar para vivir en paz.
Tenosique, donde se encuentra el albergue, es un punto clave por el que cruza una ruta migratoria que ha ganado relevancia desde que el Plan Frontera Sur endureció los controles migratorios en México. Cruza por la selva del Petén en Guatemala, y entra a Tabasco a través del río Usumacinta o por un inhóspito paraje.
Así como aumentó el flujo migratorio por esa ruta, también las solicitudes de refugio de quienes la cruzan.
Los voluntarios de La 72 son testigos. El año pasado ayudaron a tramitar 120 solicitudes de refugio, y en lo que va del 2016 van 370. De igual manera, la organización Asylum Access, que colabora con el refugio, reconoció la necesidad de que se otorgaran visas humanitarias a más de 600 personas. El año anterior reconocieron 300 casos.
Es 12 de noviembre. El vigilante de La 72 abre la puerta a 30 integrantes de la Misión de Observación Internacional de Derechos Humanos (MOIDH), una iniciativa formada por 11 organizaciones para hacer visibles los abusos contra migrantes y comunidades indígenas que defienden sus tierras de megaproyectos que explotan sus recursos.
El grupo de activistas sigue dos de las rutas que el Plan Frontera Sur obligó a tomar a miles de migrantes. Son caminos en la selva, parajes inhóspitos o zonas controladas por la delincuencia en la frontera entre México y Guatemala.
Antes de llegar aquí, la misión cruzó la tierra de nadie, donde no hay albergues ni ayuda humanitaria para los migrantes. La ruta, dicen, más peligrosa de todas.
En La 72 los activistas escuchan a una centena de hombres, niños, jóvenes y adolescentes de Guatemala, Honduras, El Salvador. Uno a uno, cuentan las razones de su exilio, los abusos en el camino. Algunos hablan de secuestros masivos, algo que según las autoridades mexicanos no existe.
Apenas un día antes de la visita, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la liberación de 29 hombres jóvenes y ocho menores de edad secuestrados en Villahermosa, luego de que una de las voluntarias del albergue recibió la llamada de una mujer de Guatemala para alertar que su sobrino estaba secuestrado por sicarios del cartel Los Zetas en una casa de seguridad en la capital de Tabasco.
El personal del albergue ha documentado 77 casos en lo que va del año, la mayoría en la ciudad de Cárdenas, cercana a Tenosique.
También aumentó el abuso de agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes usan balsas de goma y toletes eléctricos en sus operaciones… A pesar de estar prohibido.
A 60 kilómetros del albergue La 72 se encuentra Corozal, una comunidad de unas cuantas calles a unos pasos de la frontera con Guatemala. Por ahí pasan muchos de quienes luego llegan a Tenosique.
Ahí también está una choza pequeña, con paredes de madera sin lijar y techo de lámina que apenas deja pasar la luz. Es una iglesia. El lugar donde hace ocho años el catequista Andrés Toribio atiende a migrantes que recién cruzaron la frontera.
En lo que va de 2016 el joven y otros dos vecinos del pueblo han atendido a 900 personas, todas en busca de refugio en México.
A veces también los mueve por la zona para evitar los secuestros que ocurren a 200 metros de su casa. Es algo que le causa problemas con agentes del INM, quienes lo acusan de traficar personas.
“Tuve tiempo así, como con un miedo, la gente de migración me lo dijo así gritando. Yo ya no quería seguir, porque arriesgo mi vida y la de mi familia”, cuenta Andrés Toribio, aunque quizá ese sea el menor de sus problemas.
Porque ya son varias veces que las bandas locales de tratantes de personas lo han querido reclutar.
“Hace poco vinieron dos muchachos a mi casa, hace como un mes. Sabemos que trabajas en esto, pero queremos que trabajes para nosotros. Te vamos a traer un día al patrón para que recibas a las personas acá”, dice.
Corozal y sus alrededores se han convertido en una nutrida ruta de migrantes en ambos lados de la frontera. El flujo aumentó a tal grado que incluso la Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) promueve la instalación de un albergue en el pueblo.
Toribio ya ayudó a construir otro en Santa Elena, departamento de Petén en Guatemala. Se trata de un espacio pequeño, con apenas 50 camas porque la gente que recibe padece otros problemas, la extorsión de policías locales. Tan común que se considera parte de la cuota por el viaje. Eso, sin embargo, es menos de lo que viven a unos kilómetros, cuando pisan suelo mexicano.
La otra cara del desplazamiento humano
Si no fuera por la carretera y las plantaciones de caña de azúcar, palma africana y árboles de corcho, todas las tierras de entrada a México por el rumbo que va a Palenque estarían cubiertas de árboles y selva. El verdor parece querer tragarse todo: las casas, las veredas e incluso a las personas. La tierra es blanda, como una esponja que abreva del Usumacinta y lanza una sofocante humedad con el calor.
Cuando la Misión de Observación salió el 10 de noviembre de Ciudad de Guatemala, tenía claro recorrer dos de las rutas que han usado cientos de miles de migrantes centroamericanos. Pero en el camino encontró conflictos que también provocan desplazamiento humano: el despojo de tierras por grandes compañías mineras y agrícolas.
Empresarios y hacendados, según los testimonios recogidos por la misión, suelen contratar pistoleros que atacan a las comunidades indígenas para obligarlas a huir. La estrategia de terror es solapada –cuando no apoyada directamente- por autoridades que, en lugar de sancionar la agresión, obligan a las víctimas a firmar una “reconciliación”.
Es una especie de convenio donde los pistoleros se comprometen a no repetir la violencia. Casi nunca cumplen, dicen organizaciones civiles.
Eso le ocurrió a Mario, un indígena quiché que denunció la agresión a su esposa y sus hijos. Hombres armados les dispararon cuando limpiaban su huerta de frijol. La mujer recibió dos tiros pero al responsable local del Ministerio Público no le importó. Su respuesta fue “conciliar” con los agresores.
“Es una forma de lavarse las manos”, explica Jorge Luis Morales, abogado de la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC), una organización que protege el derecho a la tierra en varias zonas de los departamentos de la Alta y Baja Verapaz, así como del Izabal, en la frontera con México.
Esta forma de presión ha causado desalojos y desplazamientos de cientos de familias indígenas a zonas urbanas, e incluso la búsqueda de oportunidades fuera del país, denuncian algunos campesinos que conforman la UVOC. “Se van a vender chicles o tacos o a ver qué, para sobrevivir”, cuentan.
Tan solo en la región del Río Polochic en los primeros días de noviembre, 38 familias fueron desplazadas, según la UVOC, y en lo que va del año otras 400 sufrieron el problema.
La ribera del Polochic es una zona rica para el cultivo, que a mediados de la década de 2000 comenzó a ver la llegada de agroindustrias extranjeras. Poco a poco las tierras se fueron llenando de campos de palma africana, usada para la producción de biodiesel y la extracción de diversos aceites.
Las familias de la zona exigen parar los desplazamientos y la criminalización de su lucha, pero ante la falta de justicia sólo les queda la ironía: “Sí. Vamos a conciliar, para que si nos matan, nos maten más suave”, bromean.
La agresión directa es solo una estrategia. La otra es dividir a las comunidades. El 11 de noviembre los participantes de la Misión vivieron de cerca sus efectos. El grupo llegó al pueblo de Sayaxché para encontrarse con 40 vecinos que contaron a los activistas de su denuncia contra la empresa Reforestadora de Palmas de Petén (Repsa), a la que acusan de contaminar el río La Pasión.
En la reunión los vecinos de Sayaxché detallaban el problema cuando la lluvia les obligó a refugiarse en un salón cercano. Entonces se dieron cuenta que, mezclados entre ellos, había varios representantes de “La Palma”, como llaman a la empresa. La junta se suspendió.
De Tenosique, la misión internacional siguió su recorrido hasta Palenque y Salto del Agua, una comunidad a la que los migrantes llegan a cuenta gotas porque la violencia los dispersa. Este 16 de noviembre, en San Cristóbal de las Casas, se encontró con la Caravana de madres centroamericanas que buscan a sus hijos desaparecidos en México.
