Las tensas relaciones de Cuba con Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump dibujan un escenario de conflicto nada ajeno para la generación que previsiblemente tomará las riendas del país desde el 19 de abril, tras el anunciado retiro de Raúl Castro de la presidencia.
La postura nacionalista cubana se ha nutrido desde la década de 1960 de la enemistad estadounidense y los probables sucesores de la cúpula gubernamental, nacidos en su mayoría en los albores o después de iniciado el proceso revolucionario (1959) se educaron en la cultura de la “resistencia antiimperialista”.
De acuerdo a las cifras oficiales sobre el resultado de los comicios generales del 11 de marzo, el promedio de edad del nuevo parlamento descendió a 49 años, frente a los 57 años calculados para los diputados salientes.
Los legisladores eligen de entre sus miembros a los 31 integrantes del Consejo de Estado, el órgano de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento unicameral) que según la Constitución “ostenta la suprema representación del Estado cubano” y su presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno.
El candidato más mencionado para suceder a Castro es el actual primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel, de 57 años, aunque no hay confirmación oficial al respecto.
El retorno a épocas anteriores al deshielo decidido por Castro, de 86 años, y Barack Obama (2009-2017) el 17 de diciembre de 2014, que desembocó en el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, trae dificultades adicionales a la debilitada economía cubana y frena los cambios que requiere su modelo socialista de desarrollo.
“Desafortunadamente, la reforma en Cuba se hace más difícil cuando los Estados Unidos son más agresivos y negativos”, comentó John McAuliff, director ejecutivo del Fondo para la Reconciliación y el Desarrollo, organización estadounidense que trabaja por la normalización de relaciones con Cuba.
En su opinión, un cambio generacional “abre una puerta, pero no garantiza” cuan rápidamente se pasará por ella en materia de cambios. “Si los nuevos dirigentes amplían las oportunidades para los cuentapropistas y los pequeños negocios, especialmente en el turismo y otros sectores profesionales, la economía mejorará”, ejemplificó a Inter Press Service (IPS) desde Estados Unidos por correo electrónico.
Al abundar en el tema, consideró que “si el diálogo público incorpora todos los sectores que no son explícitamente contrarrevolucionarios dentro y fuera del país, la política se ampliará, evolucionará y se fortalecerá consistentemente con la historia y la cultura de Cuba”.
La política adversa hacia Cuba de Trump desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017, mantiene los lazos bilaterales en su más bajo nivel, con las dos embajadas con un mínimo de funcionarios, imposibilitados de atender sus tareas consulares y de negocios, a la vez que restringió los viajes de estadounidenses a la isla, entre otras limitaciones.
El senador Patrick Leahy, en el centro, y otros cuatro legisladores demócratas de Estados Unidos, durante la conferencia de prensa que brindaron en La Habana el 21 de febrero, al finalizar su visita a Cuba, contraviniendo las nuevas restricciones del presidente republicano Donald Trump para visitar la isla. (Jorge Luis Baños/IPS)
Washington justifica la reducción de personal y la recomendación a ciudadanos estadounidenses de abstenerse de viajar a esta nación caribeña en la necesidad de proteger a su gente del impacto de supuestos incidentes sónicos en la isla que comenzaron a ser detectados entre noviembre de 2016 y agosto de 2017.
La Habana ha negado cualquier responsabilidad en esos hechos que habrían afectado la salud de diplomáticos acreditados y otros visitantes extranjeros.
En su discurso el 22 de diciembre en el parlamento cubano, Castro acusó a Estados Unidos de fabricar “pretextos” para justificar el regreso a “políticas fracasadas y universalmente rechazadas”.
Congresistas estadounidenses que visitaron Cuba entre el 19 y el 21 de febrero, encabezados por el senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, consideraron un grave error las medidas ordenadas por Trump, dañinas para ambos gobiernos y pueblos.
Los legisladores desafiaron las recomendaciones en cuanto a los viajes a la isla y llegaron con sus esposas, e inclusive con la nieta de 13 años en el caso de Leahy. El grupo se entrevistó con Castro y otras autoridades locales.
“Cuba está cambiando. Pronto será electo un nuevo presidente” y sucederá un cambio en el liderazgo, dijo en conferencia de prensa el representante demócrata por Massachusetts Jim McGovern. “Y desgraciadamente en este momento histórico de la historia cubana el compromiso de Estados Unidos es limitado”, añadió.
A su vez, el senador Ron Wyden, de Oregón, informó que existe una propuesta legislativa contra el embargo presentada por él y otros senadores, que cuenta con un alto apoyo bipartidista. “Después de las elecciones de noviembre [venidero], tendremos más apoyo para terminar con el embargo”, señaló.
En tanto, los migrantes destacan entre los grandes perdedores del conflicto en las embajadas, aunque la sede diplomática cubana en Washington, con 17 funcionarios menos, asegura que mantiene sus servicios habituales, incluidos los consulares para cubanos y estadounidenses.
Un automóvil clásico de la marca estadounidense Chevrolet, modelo Bel-Air convertible de 1957, utilizado por conductores privados para realizar paseos turísticos transita en busca de clientes por una céntrica calle del casco histórico de La Habana Vieja en Cuba, ahora que el boom de visitas de ciudadanos del país vecino ha caído. (Jorge Luis Baños/IPS)
Pero la reducción de personal en la delegación estadounidense en La Habana obliga a los inmigrantes cubanos a viajar a Colombia para tramitar sus visados, lo cual impedirá en 2018 cumplir el compromiso de Washington de conceder las 20,000 visas anuales establecidas en los acuerdos migratorios de 1994 y 1995.
El principal receptor de emigración cubana es Estados Unidos, donde residen poco más de dos millones de personas de origen cubano, de los cuales casi 1.2 millones nacieron en Cuba, de acuerdo con datos oficiales de ese país. Buena parte de esa población no ha perdido su cordón umbilical con la isla caribeña.
En declaraciones a IPS por correo electrónico, Lillian Manzor, directora del Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas en la Universidad de Miami, dijo que en la actualidad, la mayoría de la emigración apoya el acercamiento a Cuba, lo cual consideró clave cuando la política exterior estadounidense va en sentido contrario.
“La reconciliación y el acercamiento se da a nivel humano. Los Estados pueden facilitarlo, pero no pueden ni imponerlo ni pararlo”, señaló y recordó que “aun durante los momentos más tensos de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, los cubanos hemos seguido en contacto con nuestras familias, amigos, y colaboradores”.
En ese sentido, Manzor, cubana residente en Estados Unidos, no desestima la fuerza que puede representar ese sector mayoritario de la emigración cubana para frenar el retroceso impuesto por la administración Trump a la normalización de lazos entre Washington y La Habana, restablecidos en julio de 2015.
“Ese es el gran reto. Es decir, de qué manera esa necesidad de mantenerse conectado con nuestros familiares y amigos/as puede ser transformada en una fuerza electoral. Entre tanto, hay que continuar con lo que siempre hemos hecho: bandear las políticas adversas y luchar por nuestros derechos como ciudadanos estadounidenses”, dijo.
La académica consideró, además, que dentro de esa emigración favorable al “acercamiento tanto político como humanos” hay personas que esperan que “el nuevo presidente de Cuba continúe con los cambios migratorios necesarios para facilitar los viajes de los cubanos que residen en el exterior”.
Quienquiera que sea, el sucesor de Castro tiene el terreno abonado para avanzar en ese sentido. Este primero de enero entraron en vigor cuatro medidas del gobierno cubano para flexibilizar su política migratoria y mejorar su relación con la diáspora. Las disposiciones siguieron a la nueva Ley de Migración vigente desde 2013.
“El pasaporte cubano sigue siendo uno de los más caros del mundo sobre todo teniendo en cuenta el pago que hay que hacer cada dos años para mantener su vigencia”, afirmó Manzor. El documento, con seis años de vigencia, cuesta 400 dólares y la prórroga bianual, 200 dólares.
