La representación legal de la Universidad de Puerto Rico (UPR) presentó hoy una moción para solicitarle al Tribunal de Primera Instancia que desestime el pleito y la sanción económica de $1,000 diarios que pesa en su contra.
Hasta el momento, la jueza Lauracelis Roques Arroyo no ha dejado sin efecto el desacato civil en contra de la UPR por no abrir los portones del Recinto de Río Piedras en o antes del 11 de mayo. Por lo que, aun cuando la Asamblea General de Estudiantes del campus riopedrense decidió el pasado 5 de junio levantar el voto de huelga, la institución universitaria sigue pagando la multa de $1,000 diarios.
De acuerdo con la orden del Tribunal de Primera Instancia (TPI), la sanción deberá pagarse hasta que se reanuden los cursos del calendario académico vigente. Ante esto, el abogado de la UPR, Enrique Figueroa Llinás, informó a Diálogo que “hasta que esto no ocurra el 12 de junio, las sanciones deberán pagarse hasta el 11 de junio”.
Figueroa Llinás, en la moción presentada al tribunal, pidió la desestimación del pleito legal en contra de la institución universitaria debido a que el acceso al Recinto de Río Piedras será restablecido el próximo lunes, 12 de junio.
Sobre este particular, el abogado indicó en el documento legal que, a pesar de que la paralización del campus cesó el 5 de junio, la administración universitaria lleva varios días realizando labores de limpieza y acondicionamiento. Esto, debido a que las instalaciones del recinto “aún no estaban aptas para la reanudación inmediata de las labores académicas”.
“En los terrenos del recinto había escombros y basura acumulada en todos lados. Había edificios sin servicio de agua o energía eléctrica, servicios sanitarios sucios o que no funcionaban, unidades de aire acondicionado rotas y estructuras que habían sufrido vandalismo”, precisó.
Además, la representación legal de la UPR solicitó al tribunal que se releve al centro docente de la multa de $1,000 diarios y que se “ordene la devolución de los dineros pagados y que se paguen hasta el 11 de junio de 2017 por este concepto”.
“La Universidad de Puerto Rico ya ha pagado alrededor de $29,000.00 de sus escasos fondos, que son fondos públicos, por concepto de las sanciones impuestas por desobedecer un dictamen que la prueba y lo estipulado por las partes demuestra que le resultaba imposible cumplir por su cuenta”, reza el documento.
Asimismo, Figueroa Llinás reiteró que la Universidad realizó “todas las gestiones a su alcance para dar fiel cumplimiento a la orden de Mandamus e Injunction preliminar emitida en este caso y que fueron terceros ajenos a estos y a la administración universitaria quienes impidieron el acceso al recinto, el restablecimiento de sus funciones administrativas y académicas y el fiel cumplimiento con lo ordenado”.
El letrado añadió que el TPI “aún mantiene completa discreción para revaluar la totalidad de las circunstancias en que se dio el ‘incumplimiento’ con lo ordenado por el Tribunal de Apelaciones y la severidad de las sanciones expuestas en tales circunstancias sin que con ello se altere en forma alguna el dictamen del foro apelativo”.
El torbellino legal que enfrentó la UPR se remonta al 31 de marzo, cuando un grupo de estudiantes, en su mayoría de la Escuela de Derecho, demandaron a la UPR en un reclamo por su derecho a estudiar. El 6 de abril, Roques Arroyo rechazó los reclamos de los estudiantes. Luego, el 5 de mayo el Tribunal Apelativo revocó el “no ha lugar” de la jueza del TPI y ordenó la reapertura del recinto riopedrense en o antes del jueves 11 de mayo.
El 16 de mayo la jueza. Roques Arroyo determinó que la UPR debía pagar una multa de $5,000 en las próximas 24 horas y $1,000 diarios al incurrir en desacato civil tras no haber restablecido el acceso al Recinto de Río Piedras el jueves, 11 de mayo.
