Aunque el informe final sobre la otorgación de las becas presidenciales entregado el pasado 21 de febrero a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) detalla irregularidades y violaciones al proceso requerido, no atribuye culpa ni recomienda acciones disciplinarias contra los implicados.
El documento fue preparado por la exjueza superior Mercedes Marrero de Bauermeister y contempla todas las becas presidenciales otorgadas durante el año académico 2015-2016. Entre los señalados se encuentran el presidente de la UPR para ese entonces, Uroyoán Walker Ramos, y el rector del Recinto de Río Piedras, Carlos Severino Valdez, entre otros funcionarios de alto calibre en la institución.
El extenso escrito de 200 páginas fue recibido y comentado por la expresidenta interina, Celeste Freytes González, en los últimos días de su gestión. Tras evaluar el informe y siguiendo las recomendaciones vertidas en este, Freytes González recomendó la eliminación del Programa de Becas Presidenciales. Empero, aconsejó enmiendas al proceso de otorgación si la Junta de Gobierno decide mantener el programa
De igual forma, la exfuncionaria acogió la conclusión del informe de no recomendar acciones disciplinarias ulteriores.
Irregularidades sin culpa
A través de su investigación, Marrero de Bauermeister encontró diversas irregularidades tanto en el proceso que se llevó a cabo para otorgar las becas como en el programa en su origen.
Por ejemplo, el informe califica de “inadecuado” el término de 12 días que se concedió a las rectorías de las 11 unidades de la UPR para la recomendación de candidatos. De acuerdo con el análisis, esta premura ocasionó que el proceso estuviera limitado para difusión al personal docente, y no a la comunidad universitaria en general.
Del documento se desprende, además, que el programa es problemático desde su concepción porque, a tenor con la Certificación 72 (2006-2007), al otorgar una beca presidencial se hace un compromiso de plaza docente con el recipiente. Sin embargo, por el Reglamento General de la UPR y la Ley Universitaria, para que se pueda ocupar una plaza la institución requiere la aplicación del principio de mérito, la libre competencia en la consideración de candidatos, y una convocatoria pública lo más amplia posible.
En ese sentido, “ninguna de las unidades y recintos que presentaron candidatos lo hizo habiendo mediado convocatoria pública para competencia o consulta al Comité de Personal” de los departamentos y facultades, detalló la investigación. A juicio de Marrero de Bauermeister y para una sana rendición de cuentas, dicho comité es un elemento importante del proceso institucional para el reclutamiento en puestos docentes.
Señalan a Carlos Severino y los casos en el recinto riopedrense
De manera similar, el informe detalla irregularidades en las recomendaciones y gestiones realizadas en el Recinto de Río Piedras en la otorgación de la beca a Carlos Pagán Cuebas –exayudante del expresidente de la UPR, Antonio García Padilla–; Arturo Ríos Escribano, exasesor de asuntos públicos en La Fortaleza al inicio del cuatrienio del otrora gobernador Alejandro García Padilla; y Mónica Sánchez Sepúlveda, sobrina del expresidente de la Junta de Gobierno de la UPR, Jorge Sánchez.
El principal señalado en este asunto fue el exrector del recinto, Severino Valdez. En una entrevista previa con Diálogo, este había reclamado a las autoridades universitarias que le permitieran ver este informe antes de que fuera circulado públicamente.
En el texto se aduce que los tres candidatos que recibieron la atención de Severino Valdez no eran miembros docentes del recinto. Sin embargo, dos de ellos ofrecían cursos en la Facultad de Administración de Empresas. Sánchez Sepúlveda enseñaba en la Pontificia Universidad Católica de Ponce.
Igualmente, las áreas de estudio por las cuales se les concedió la ayuda institucional no concuerdan con las áreas prioritarias determinadas por el campus riopedrense, lo que confirma otra irregularidad, pues la consideración para las becas estaba sujeta a las prioridades curriculares. Estas fueron señaladas por la exdecana de Asuntos Académicos del Recinto de Río Piedras, Palmira Ríos González, como estudios del trabajo y relaciones laborales; cooperativismo; educación especial y servicios diferenciados; evaluación institucional; y finanzas públicas.
Por otro lado, las cartas enviadas por Severino Valdez a Walker Ramos no iban a “acompañadas por la solicitud y documentos requeridos, no identificaban plaza y no señalaban el área prioritaria que atendían”. En el caso de Ríos Escribano, su solicitud listaba Derecho Laboral, que no se reconoce como área prioritaria. Aún así, el informe sostiene que la vicepresidencia de Asuntos Académicos le dio el visto bueno.
“El trámite dado por el rector Severino a la solicitud de recomendación de los tres candidatos se apartó del procedimiento establecido en la Certificación 79 del 2012 del Senado Académico del Recinto de Río Piedras”, lee el escrito preparado por Marrero de Bauermeister. Según este, ese desfase no implica violaciones a la ley o reglamentos, pero se aparta del uso y costumbre de la universidad.
En este sentido, en el caso de Ríos Escribano, la investigación arrojó que continuar su recomendación sin un endoso del decanato correspondiente –la Facultad de Ciencias Sociales– fue altamente irregular. Similarmente, en el caso de Pagán Cuebas, se consideró una carta del decano de la Facultad de Estudios Generales, Carlos Rodríguez Fraticelli, como un endoso al candidato, pero “por sus propios términos surge que no lo era”. En el caso de Sánchez Sepúlveda, tampoco se contaba con tal endoso. Empero, las tres cartas fueron consideradas como endosadas y los candidatos como propuestos por el recinto.
Ante todo esto, el informe concluye que las acciones de Severino Valdez que permitieron la consideración de los tres recipientes de las becas presidenciales “violaron el trámite establecido para ello”.
Por esta razón, Marrero de Bauermeister catalogó el trámite de evaluación de las solicitudes por la vicepresidencia de Asuntos Académicos de la UPR como uno descuidado. Esto, según el informe, llevó a dos errores: que se incluyera información equivocada en la evaluación y que no se utilizaran criterios correctos en cada caso.
Desembolsos y contratos dudosos
La investigación de la exjueza resalta que los contratos a los que se llegaron con los recipientes de la beca no eran adecuados puesto que contenían fallas, omisiones y cláusulas fuera de vigencia.
Además, concluyó que los contratos no fueron enviados debidamente a la Oficina del Contralor y no fueron sometidos a través del sistema electrónico existente, algo que recomienda se haga si fuera a permanecer el programa. A pesar de esto, el informe no considera que los contratos sean nulos, aunque no se hayan entregado.
“Aunque podría considerarse que no registrar y enviar los contratos de concesión de beca presidencial a la Oficina del Contralor constituye violación de ley, dicha omisión por deficiencia administrativa fue subsanada por el eventual registro y envío de los contratos a la Oficina del Contralor”, reza la investigación tras exponer la irregularidad en el pago de becas previo a someter los contratos, e incluso en varios casos, no haber recibido la firma de Walker Ramos, el requisito final para cobrar el cheque.
En el caso de los desembolsos, a pesar de que se realizaron los pagos antes de la firma de contratos en varias ocasiones, el informe no lo considera ilegal porque fueron recibidos por la persona y por la cantidad correcta.
De los ocho recipientes, cuatro recibieron el cheque el día que se les otorgó la beca antes de la firma de Walker Ramos. Sin embargo, dicha disposición no aplicó para Ana Font, quien recibió el pago cinco días antes; Sánchez Sepúlveda, seis días antes; y Ríos Escribano, 50 días antes. La tardanza en procesar los contratos y pago de la beca, no es explicada por documentación ni testimonio, según trasciende de la investigación.
En el caso de Pagán Cuebas, se emitió el pago en su totalidad –contrario a la norma de plazos que dispone la concesión de la beca– dado a que comenzaba estudios en la Universidad de Harvard, que serían solo de un año.
El pago de becas presidenciales para el año evaluado fue de $170,143.15 de los $350,000 presupuestados. Debido a la devolución que realizó Ríos Escribano de su beca de $25,000 y el plan de pago de Sánchez Sepúlveda para devolver $23,200, esa cifra se reducirá a $121,943.15.
