
SOBRE EL AUTOR
Ante la pregunta de ¿cómo están las cosas?, la mayoría de los puertorriqueños contestarían más o menos de la misma manera: “esto está malo”.
No es para menos, el puertorriqueño de la segunda década del siglo XXI convive en una sociedad de menos de cuatro millones de habitantes donde diariamente mueren violentamente más de tres personas.
Datos recientemente publicados por la prensa apuntan a que durante los pasados años, la Isla alcanzó números que rondan sobre 25 muertes violentas por cada cien mil habitantes. De igual forma, estipulan que la violencia callejera del país aumenta a un ritmo de sobre un 10 por ciento de un año a otro, lo que ubica a Puerto Rico entre los países con más violencia social en el mundo.
Ante esta situación, la respuesta de la administración de turno en la Isla parece ser incrementar y fortalecer las mismas medidas que vienen fallando desde la década de 1980. Es decir, aumentar el número de efectivos policíacos, incrementar el presupuesto de las agencias represivas, así como legislar aumentos en las penas y el tiempo de encarcelamiento para los que resulten convictos de delitos. Estas medidas construyen la criminalidad como una burbuja alejada del resto de la realidad socioeconómica del País y como un fenómeno producto de individuos que, por debilidad moral, no tienen capacidad de contener su comportamiento.
Esta forma de mirar al crimen está basada en los trabajos de tanques de pensamiento conservador como el de Manhattan Institute y el del Institute for Economic Affairs, que por las pasadas décadas venden como verdad empírica al mundo la estrategia de “cero tolerancia” ante el crimen.
Según importantes pensadores tanto locales como internacionales, esta teoría cuyo principal portavoz a nivel mundial es el republicano ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, termina promoviendo más criminalidad que la que resuelve.
Tanto los trabajos de la Dra. Dora Nevares Muñiz, como los de los doctores Joel Villa y Carlos Rivera Lugo apuntan a que estas medidas de “cero tolerancia”, que en la Isla se implementan bajo consignas publicitarias como “mano dura contra el crimen”, “castigo seguro” y el más reciente embeleco “Puerto Rico de ley y orden”, terminaron generando más violencia callejera. Violencia que no sólo aumentó en áreas de alta incidencia criminal, sino que se expande y dispara en zonas rurales donde tradicionalmente este comportamiento no era un problema.
A pesar de que el saber criminológico en el siglo XXI apunta a que la criminalidad no es un problema policíaco, los administradores en Puerto Rico insisten en la insanidad de seguir reproduciendo las mismas y fracasadas respuestas.
En realidad no les queda de otra. La alternativa es admitir que la criminalidad y la violencia que experimenta Puerto Rico es el producto lógico de las medidas neoliberales que ellos mismos imponen como evangelio económico al País.
Esta visión económica que liberaliza las relaciones económicas bajo la teoría de que el gobierno está sólo para facilitar que el capital se mueva como entienda, pero que de igual forma aumenta la intervención gubernamental para controlar las poblaciones que no se sometan al “orden” social desarrollado e impuesto por ese capital, termina produciendo una sociedad donde el uno o el dos por ciento de la población disfruta del “crecimiento económico” mientras el restante ve reducirse su capacidad de sustentarse.
En los lugares donde esta ideología se impuso, es decir en los Estados Unidos de Ronald Reagan, como en el Chile de Augusto Pinochet, en la Inglaterra de Margaret Thatcher o en la Rusia de Boris Yeltsin, los resultados fueron los mismos: la desaparición de la clase media y el surgimiento de enormes sectores de marginados y desempleados que constituyen un ejército de mano de obra barata para el capital.
Ante esta situación la respuesta de esos marginados no son muchas. Por supuesto, unos se van a someter disciplinadamente “comprando” el cuento de que ellos o sus hijos podrán en algún momento ser de los pocos beneficiados del proceso.
Los que no se sometan tendrán dos vías para responder. Por una parte, los que tienen conciencia y desarrollo político tomarán las calles para protestar y exigir su espacio. No obstante, habrá otros, probablemente la mayoría, que no teniendo esa conciencia, verán en el comportamiento criminal o desviado una forma de contestarle inconscientemente al sistema que los excluye “buscándoselas” y “resolviendo” como puedan.’
Este proceso, que caracterizó varios periodos históricos en los Estados Unidos, se agrava en esta época con el fortalecimiento del rol que los medios de comunicación controlados por el capital tienen en la sociedad del siglo XXI.
Si bien este proceso neoliberal termina excluyendo de las formas dignas de producción económica a la mayoría en la sociedad, paralelamente, el aparato publicitario y los medios de comunicación de masa van creando falsas necesidades de consumo que terminan definiendo la capacidad de comprar como la forma de medir el éxito individual.
De esta manera se da un proceso de inclusión y exclusión que el británico Jock Young llama “Bulimia Social”. Es decir, un proceso que incluye todos por igual en las falsas necesidades de consumo al tiempo que excluye a la gran mayoría de la capacidad de producir para costear ese consumo.
De esa mayoría que se verá excluida de poder consumir se contará un por ciento que, como se explicó antes, vislumbrará las empresas criminales como alternativa económica que viabilice el acceso a los símbolos de éxito.
En resumen, las administraciones en Puerto Rico no acaban de entender que la criminalidad no es producto de falta de valores o de individuos endemoniados que caen en delincuencia por falta de fortaleza de carácter. Tampoco entienden que más de 30 años de “mano dura”, demostraron que la misma termina produciendo más violencia y criminalidad que la que pretenden resolver. Todavía no han asimilado que el crimen no es un problema policíaco, sino el resultado lógico y esperado de la “bulímica” sociedad que se produce con la imposición del pensamiento neoliberal que ellos veneran con afán cuasi religioso.
En fin, no acaban de entender lo que hace cien años explicó la rusa radicada en los Estados Unidos, Emma Goldman: “La más absurda apología de la autoridad y el orden es decir que las mismas sirven para que disminuya el crimen”.
*El autor es criminologo y profesor de la Universidad Interamericana, recinto de Ponce.