Las vistas que realiza desde hoy la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) son la culminación de un proceso de investigación que colocó en la isla expertos de la sede de la organización en Nueva York, por espacio de 15 días, recopilando información sobre lo que ha ocurrido en Puerto Rico en materia de violación de derechos por los pasados años.
Pesquisa Boricua supo que al menos un representante de los cuarteles generales de la ACLU en Nueva York, estuvo entre marzo y abril pasado, haciendo acopio de la información sobre eventos ocurridos entre el municipio de San Juan, Loiza, Toa Baja y Carolina, en las que se ha denunciado la utilización de fuerza excesiva por parte de la Policía incluso en comunicaciones al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Hoy, la ACLU una Comisión de Alto Rango de la ACLU, presidida por Anthony Romero, director ejecutivo de la organización, sesiona en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y se reunirá con el superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha y el ex juez del Tribunal Supremo, Efraín Rivera Pérez, quien fue contratado en agosto pasado como monitor independiente de la Policía sin que al día de hoy haya rendido ningún informe sobre su trabajo.
Aún no está confirmado si tanto Romero, como los delegados de la comisión investigadora de la ACLU, la actriz Rosie Pérez, el ex pelotero, Carlos Delgado; el licenciado Juan Cartagena; el presidente del Instituto para la Política Latina, Angel Falcón y el empresario, Sam Mcvity, se reunirán hoy con el gobernador Fortuño.
El último movimiento táctico que hizo la ACLU en Estados Unidos, para denunciar a los asuntos de violación de derechos civiles que investiga esa División en el Departamento de Justicia Federal, fue el envío de una misiva al director, Thomas E. Pérez, en la que solicitaron que se concluya con la pesquisa y se rinda un informe que detalle lo encontrado. Carta-ACLU-DOJ
En esa misiva, el director de la ACLU, Romero, incluye detalles de los eventos policiacos en sectores como Villa Cañona en Loiza; el asesinato a manos de un policía de dos civiles, Miguel Cáceres en Humacao y Jorge Planco en Carolina; las intervenciones en Villas del Sol en Toa Baja y las intervenciones de agentes en los eventos de la huelga universitaria, incluido el más violento que ocurrió el pasado nueve de febrero en medio de una pintata de estudiantes en frente a la biblioteca José M. Lázaro.
También se detalló los casos de allanamientos fatulos en el área de Mayagüez; la denuncia de abuso policiaco contra personas sin hogar y miembros de la comunidad dominicana y los eventos ocurridos en el Capitolio el año pasado.
Además, en la misiva se incluyen las expresiones de Fortuño en materia de catalogar a los civiles que protestan como “extremistas de izquierda”; las medidas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, prohibiendo la entrada de civiles a las sesiones de la Legislatura y las acciones de la rectora del recinto de Río Piedras de la UPR, Ana Guadalupe, limitando el derecho a la libertad de expresión mediante resoluciones administrativas.
Entretanto, tal y como lo publicó PB el pasado mes, en el contexto del pleito de derechos civiles contra el ex superientendente de la Policía, Pedro Toledo, un ex comandante y tres suprevisores del agente que asesinó a Cáceres en el 2007, opiniones expertas de peritos relacionados a la administración y operación policiaca en Estados Unidos, estableceron que los civiles en Puerto Rico son vulnerables al abuso policiaco ante la falta de controles en la principal agencia de seguridad del Estado.
*Lea el artículo original en el Blog Pesquisa Boricua.
