Vulnerables las tierras agrícolas bajo Promesa

La Autoridad de Tierras posee unas 85 mil cuerdas de terreno agrícola. (Archivo)

11 de abril de 2017 Por José Karlo Pagán Negrón Diálogo Verde 2017 Resaltado

Ian Pagán Roig se levanta a las cinco de la mañana para atender la finca Proyecto Agroecológico el Josco Bravo en las montañas de Toa Alta, donde nació y se crio. Con jornadas de trabajo de casi doce horas, los siete días a la semana, el joven agricultor trabaja el suelo borincano, no solo para su sustento, sino como ejemplo de conciencia de que un Puerto Rico sustentable es posible.

Allí –en su terreno de 69 cuerdas– cultiva lechuga, tomate, berenjena, calabacines, habichuelas tiernas, cebollines, rábano, zanahoria, entre otros productos “que mucha gente pensaría que no se pueden producir en Puerto Rico”, dijo y soltó una carcajada. Estos productos son vendidos a consumidores particulares, restaurantes y en el Mercado Agrícola de la Cooperativa Orgánica Madre Tierra en Hato Rey.

Ian vive de la agricultura, lo supo desde pequeño cuando comenzó a desempeñarse como agricultor. Estudió un bachillerato en Ciencias del Suelo y una maestría especializada en restauración de suelos con métodos de agricultura sustentable en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.

Siempre estuvo claro que quería una finca para desarrollar su propio proyecto de producción agroecológica, pero el dinero no le alcanzaba. Así que le solicitó un terreno de alquiler a la Autoridad de Tierras, corporación pública encargada de “adquirir, conservar y preservar terrenos de alto valor agrícola, ayudar a la formación de nuevos agricultores y facilitar el aprovechamiento de las tierras para el mayor bien público”, según la ley 26 de 1941.

Hoy, esa finca, que sirve como su único sustento, está amenazada por la Ley Promesa, que le brinda poderes de supragobierno a la Junta de Control Fiscal para poder poner en venta toda propiedad del Gobierno de Puerto Rico con el fin de tener liquidez y abonar a la deuda fiscal que asciende a $70 mil millones.

“Estamos bastantes preocupados con esto de la Junta de Control Fiscal y consciente de que posiblemente la venta de terrenos públicos sea una de las movidas [que realicen]”, expresó Ian.

Lamentablemente, “están apostando a las mismas propuestas enfermizas y equivocadas que han traído al País a la crisis. Esa dependencia de las importaciones nos hace demasiado vulnerables como País”, añadió el también educador en temas de soberanía alimentaria, agricultura urbana y agroecología.

Y es que actualmente en Puerto Rico, según la exsecretaria de Agricultura, Myrna Comas, se importa el 80% de los alimentos que se consumen. Es decir, en el País solo se produce un 20% de lo que comemos, quedando a expensas de desastres alimenticios si los barcos que traen abastos no pudieran llegar a puertos boricuas.

“Nosotros estamos seguros que estas tierras públicas deberían ser la punta de lanza de la seguridad y soberanía alimentaria de Puerto Rico”, resaltó el joven toabajeño.

La situación en Puerto Rico podría estar mejor pero, según explicó Ian, muchos de los terrenos de la Autoridad de Tierras, de los mejores, como son los del sur de Puerto Rico, han sido entregados a compañías dedicadas a experimentación con transgénicos como lo es Monsanto, que no producen comida.

Sin embargo, “nosotros estamos dispuestos a defender nuestros proyectos a como dé lugar porque entendemos la importancia del trabajo que estamos haciendo para el País. Ahí estaremos dando la batalla cuando haya que darla”, aseguró.

Capitalismo salvaje

Al igual que Ian, se encuentran muchos otros agricultores de Puerto Rico. La Autoridad de Tierras tiene en su poder unas 85 mil cuerdas que han sido arrendadas a puertorriqueños y que en estos momentos se cree que están amenazadas pues se prevé que las pondrán en venta para salvaguardar el pago de la deuda y de los bonistas.

De esas 85 mil cuerdas que posee la Autoridad, unas 4,500 se encuentran en la Reserva Agrícola del Valle de Lajas. El área protegida, ubicada en el sur de Puerto Rico, se extiende desde Yauco hasta Cabo Rojo. En sus suelos se cosechan pimiento, cebolla, plátano, guineo, frutos cítricos, papaya y piña.

La importancia de estas tierras es tan vital, que fue considerada la primera reserva agrícola de Puerto Rico en 1999, durante la administración de Pedro Rosselló.

La Reserva Agrícola del Valle de Lajas cuenta con 48,035 cuerdas de terreno, distribuidas entre los municipios de Yauco, Guánica, Sábana Grande, Lajas y Cabo Rojo. (Ricardo Alcaraz).

En estas tierras también se cultiva el heno, que según Alfredo Vivoni Remus, portavoz del Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, “aporta grandemente a la primera industria agrícola de Puerto Rico que es la producción de leche”.

Según el Ingreso Bruto de la Agricultura de Puerto Rico, la industria lechera produjo, para el año 2015, sobre $200 millones.

“Perder esos terrenos es restarle a los recursos del país para la producción de alimento. Si nosotros perdemos eso, también perdemos parte de nuestro ser, de nuestra identidad”, resaltó Vivoni Remus.

Asimismo, catalogó a la administración de turno como “doblegados” por no estar resistiéndose ante las iniciativas de la Junta de Control Fiscal.

“Esto es una muestra de lo que puede hacer un capitalismo salvaje, donde el dinero está por encima de cualquier otra cosa. Es más importante, de acuerdo a estos capitalistas salvajes, cumplir con estos intereses económicos [el pago de la deuda] independientemente si se pierde un país”, remató el defensor ambientalista.

“El país debe ver los terrenos agrícolas como una posibilidad de desarrollo económico, de empleos, de capital y de alimentación para nuestra población. Eso es una manera distinta de abordar la crisis”, añadió.

Un atentado contra la seguridad alimentaria

La exsecretaria de Agricultura, Myrna Comas, destacó el aumento que produjo la agricultura en los últimos cuatro años al ingreso bruto del País, que llegó a un 24%, aportando sobre $936 millones a la economía local.

“Vimos un incremento en el mercado de los productos y vimos consumidores requiriendo los productos del País porque reconocieron que garantizaban mayor frescura, eran más nutritivos y que la calidad era superior porque el producto no está expuesto a esos viajes de miles de millas”, detalló Comas.

Por otro lado, la exsecretaria de Agricultura recalcó que “no podemos perder de perspectiva que la tierra es la base de la sustentabilidad alimentaria del País, en la medida en que esos terrenos se protegen y se mantienen para la producción agrícola estamos garantizando una mayor seguridad alimentaria para el pueblo de Puerto Rico”.

Pero en palabras de Comas, lo que se prevé para estos terrenos con la Junta de Control Fiscal, “es un atentado contra la seguridad alimentaria”. Manifestó que “la Junta tiene que entender que Puerto Rico es una isla y que nuestro mayor suplidor es Estados Unidos, pero que estamos a unas 1,500 millas de distancia”.

Representación de las mayores concentraciones de producción agrícola en Puerto Rico (Departamento de Agricultura)

En Puerto Rico, existen unas 627,000 cuerdas de terrenos agrícolas, de las cuales las pertenecientes a la Autoridad de Tierras (85 mil) están ubicados en las zonas costeras de Puerto Rico y que están calificados como suelos de primera para el desarrollo de agricultura.

“Estamos hablando que, de nosotros perder esas tierras agrícolas, podríamos estar perdiendo cerca del 25% al 30% de nuestra producción [del 20% que producimos], lo que realmente afecta a la seguridad alimentaria del pueblo de Puerto Rico”, destacó la también catedrática del Departamento de Economía Agrícola de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez.

Sin embargo, no solo se perdería la autonomía alimentaria, sino que también se perderían miles de empleos si se vendieran los terrenos, añadió.

“Debe guardarse el mayor respeto o deferencia a la seguridad alimentaria del pueblo de Puerto Rico, para que no nos pase como en los visuales que estamos viendo de otros países, la desesperación de la gente por no tener qué comer”, remató.

Comas advirtió que no solo los terrenos de la Autoridad de Tierras están vulnerables a la venta para la generación de capital, sino también las estaciones experimentales pertenecientes a la Universidad de Puerto Rico.

No se pierda mañana la segunda parte de esta historia donde abordaremos este tema.

Este reportaje es parte de la serie especial Diálogo Verde 2017, en la que se analiza el impacto de la ley federal Promesa en el medio ambiente puertorriqueño.

Sigue aquí la serie especial:

1. Empeñado nuestro patrimonio natural bajo Promesa

2. A merced de Promesa las reservas naturales y terrenos agrícolas

3. ¿La antesala de Promesa? Venden y destruyen terrenos protegidos

4. Amenazada la supervivencia de los puertorriqueños por Promesa

5. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (1ra. parte)

6. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (2ra. parte)

7. “Proyectos críticos”: crecimiento económico cueste lo que cueste

8. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (3ra. parte)

9. A la expectativa los residentes del Caño Martín Peña

10. Extensión de la PR-22 y el cuento del fracaso como progreso

11. Aguirre Offshore Gas Port, ¿un proyecto esencial?

12. Luquillo y el “desarrollo integral” bajo Promesa

13. Nuevamente en peligro el Corredor Ecológico

14. Los bonos y la naturaleza: en riesgo los recursos más vulnerables

15. Urge la defensa de la zona kárstica ante Promesa

16. Vulnerables las tierras agrícolas bajo Promesa

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