Comienza la Semana Santa y en Venezuela la ciudadanía estará libre para ir a misa, visitar iglesias, irse a la playa o quedarse en casa. No tiene nada que ver con creencias religiosas, un decreto presidencial prohíbe que se trabaje durante la Semana Mayor. Los inspectores del Ministerio del Trabajo venezolano hacen rondas por los distintos sectores comerciales para asegurarse de que nadie incumpla dicho decreto y multar por más de 30 mil dólares a todo negocio o empresa que abra sus puertas durante la semana. Todo esto es parte de un plan de ahorro energético que desesperadamente intenta implementar el gobierno venezolano debido a que las represas hidroeléctricas que proveen el 95 por ciento de la energía utilizada por la nación sudamericana, la represa del Guri y Uribante Caparo, presentan alarmantes niveles de sequía. Entre las medidas adoptadas aparecen la reducción de la jornada de trabajo en las agencias gubernamentales, modificación de horarios de centros comerciales, así como un programa de incentivos para los consumidores eléctricos residenciales. Durante la recepción a los deportistas que participaron en los IX Juegos Suramericanos Medellín 2010, el Presidente Hugo Chávez anunció de forma casi trivial el miércoles pasado que esta semana sería libre por decreto, para así aligerar el consumo eléctrico del sector comercial. Los únicos sectores que pueden laborar en esta semana son los servicios de salud, telecomunicaciones, medios de comunicación y transporte. De esta forma, la controversia se disparó cuando Noel Álvarez, presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecamaras), calificó de “abitraria” e “improvisada” la medida, la cual además criticó duramente en declaraciones a la prensa. Según Álvarez, este decreto es más dañino para la crítica situación económica que vive su país, que beneficioso para la situación energética venezolana. Para el dirigente de Fedecamaras, el ahorro que se obtendrá gracias a la medida será ínfimo, unos 7.5 millones de bolívares (unos 3.5 millones de dólares aproximadamente). “El sector residencial consume 60%, el sector comercial 15% y el sector industrial 15% (…) El ahorro va a ser ínfimo, entre 5% y 10%”, explicó. Álvarez también añadió que el asueto dejará pérdidas en el producto interno bruto (PIB) por el orden de los 7,500 millones de bolívares (3,400 millones de dólares aproximadamente). La medida también resulta catastrófica para aquellas personas que tienen sueldos en relación con las horas trabajadas, ya que esto implicaría una semana sin paga alguna. Aún así, exhortó a los comerciantes y empresarios a respetar el decreto y abstenerse de trabajar o abrir sus negocios para evitar multas.
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