La preocupación no es tan palpable mirando de paso nada más a los estudiantes del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Si no se conocen, probablemente no se hablen entre ellos, aunque cuando miren los horarios del próximo semestre intercambien algunas palabras, en tono jocoso, quizás, sobre lo que piensan del futuro de la Universidad. En los recintos del sistema UPR es común escuchar las frases: “si no ocurre nada que afecte el semestre…”, “si las cosas siguen como van…”. Ante la cercanía del fin del semestre y el comienzo de otro, la incertidumbre parece aumentar y la expresión de los estudiantes ante la situación de la Isla también. “Ya basta de paros y huelgas, mano,” expresó Carlos Ojeda, estudiante de la UPR Bayamón. Sus clases se afectaron por casi dos semanas en el mes de octubre por los paros estudiantiles decretados en las Asambleas Generales de varios recintos para manifestar su rechazo a la Ley 7 de Emergencia Fiscal y los despidos de más de 20,000 empleados realizados por el gobierno. “Yo sólo he cogido un examen de cada clase, cuando se supone que coja tres y ya no falta nada de clases,” añadió.
Este semestre, el clima de incertidumbre comenzó con las renuncias del presidente Antonio García Padilla y los rectores de la UPR. Luego, continuó con los paros realizados en el mes de septiembre por las uniones que cobijan a los empleados del sistema, la Hermandad de Empleados de Exentos No Docentes (HEEND) y el Sindicato de Trabajadores, porque el gobierno ha incumplido con sus respectivos convenios colectivos. La Ley 7 faculta la congelación de aumentos salariales, pero la UPR está exenta de ésta. Sin embargo, los empleados denunciaron la aplicación de la ley en la Universidad. Los profesores y estudiantes no tardaron en unirse a los reclamos. “El diálogo no ha producido nada,” indicó María Solla, miembro de la HEEND en el paro del 10 de septiembre. Durante el mismo, Ian Camilo Cintrón, portavoz de la Unión de Juventudes Socialistas destacó que “las preocupaciones de los estudiantes están relacionadas con los trabajadores”, justificando el apoyo que debe existir entre ellos. El punto culminante llegó con el anuncio de los despidos de 17,000 empleados públicos, lo que provocó la reacción en cadena de los paros en todos los recintos de la UPR y el Paro General del 15 de octubre convocado por la Coalición Todo Puerto Rico por Puerto Rico. El 6 de noviembre, día en que tendrían efectos los despidos, la Coalición, los sindicatos y otros grupos de la sociedad civil se preparaban para realizar esta vez una huelga nacional. Ahora, con la posposición de las cesantías hasta enero, esta acción no se tomará tan pronto como se esperaba, pero la idea permanece y mantiene a todos los sectores en tensión. “La huelga es un derecho de los trabajadores, ” señaló Alexandra Agostini, estudiante de Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias Sociales en Río Piedras. “Considero que los estudiantes deben mantenerse solidarios y estar en contra de los despidos, pero debemos crear conciencia y no afectar nuestros estudios con un posible retraso o pérdida del semestre,” añadió Agostini . Su opinión concuerda con la de muchos otros universitarios que creen que la comunidad universitaria será de las más afectadas si ocurre una huelga general. Elaine Hernández, estudiante de Administración de Empresas del mismo recinto, fue más allá al considerar el costo económico de una huelga. “A nivel general, es más dinero invertido que resulta en pérdida… y Puerto Rico no necesita más problemas (económicos) de los que ya tiene,” manifestó. Aunque, como la mayoría, cree que en nuestra democracia el pueblo tiene derecho a expresarse y manifestarse, como estudiante cree que un cierre universitario debido a la huelga general, ya sea por un receso decretado por el Presidente, similar al ocurrido durante la semana del Paro General, o porque los trabajadores de la Universidad y los estudiantes que se les unan impidan el paso a los recintos, afectará negativamente a los estudiantes. “Lo que ocurre aquí es que donde acaban tus derechos, comienzan los míos y al hacer la huelga general, unos se favorecen y otros desafortunadamente no, como sería el caso de los estudiantes de la UPR,” señaló Hernández. Una línea similar la sigue un grupo formado en la red social Facebook llamado “Universitarios en Contra del Paro y Huelgas en la UPR”, el cual discute y se basa en que el cese de clases “no resuelve nada” en medio de los problemas que encara el país. Los miembros proponen ideas alternas y se desahogan de los problemas que ya les ha causado la numerosa cantidad de paros este semestre. La otra cara de la moneda son los estudiantes que favorecen la huelga general como el “último recurso” que hace falta ya implantar para que el gobierno atienda los reclamos de trabajadores y futuros trabajadores por igual. “Creo firmemente que son muy grandes los riesgos que nos tomamos como estudiantes al cruzarnos de brazos ante la situación que afronta el país,” afirmó Joanne Díaz, estudiante de Ciencias Naturales. Reconoce como estudiante de ciencias, que otro atraso al calendario o una pérdida del semestre sería “fatal” e “irremediable”, pero la Universidad no puede estar ajena de lo que ocurre en el País, más cuando se toman decisiones que la afectan. La joven, además, mostró preocupación por los efectos de los despidos en el Consejo de Educación Superior (CES), encargado de evaluar y licenciar los programas académicos universitarios en Puerto Rico, sobre las becas que reciben los estudiantes. La semana pasada, diversas entidades acreditadoras, entre ellas la Middle States Commision on Higher Education, enviaron cartas al gobernador Luis Fortuño y al secretario de Educación, Carlos Chardón, por esta misma inquietud. Si el CES queda inoperante con las cesantías de 22 de sus 57 empleados, como afirmó la pasada dirección del cuerpo, los programas universitarios no adquirirán su licencia, las universidades no recibirán acreditación y unos 200,000 estudiantes no tendrían acceso a las becas Pell. Manuel Natal, estudiante de Derecho en la UPR, una de las facultades más activas en las Asambleas de Estudiantes y en el Paro General, también recalcó que quisiera que las clases no se sigan extendiendo, pero cree que “necesita hacer algo” con respecto al rumbo de la Isla. “Usamos todos los recursos y procesos disponibles para manifestar nuestro descontento (con las medidas del gobierno), sin llegar a la huelga, y como quiera nuestros reclamos han caído en oídos sordos,” afirmó. “Es hora de implementar nuestro último recurso: la huelga general,” agregó Natal. “Si la universidad termina su semestre en febrero y el otro en agosto, si las fechas de graduación se cambian, si algunas investigaciones se aguantan, no es por culpa de los estudiantes ni de los trabajadores que convocan la huelga, sino es culpa del gobierno que nos llevó a ella,” expresó fervientemente Jorge Lefevre, estudiante de Humanidades. La incertidumbre sobre el final del semestre y el próximo inicio de clases parece tenerlo sin cuidado. Es más importante unirse en protesta para mejorar el País que terminar las clases a tiempo. Él, al igual que Díaz, cree que lo que ocurre en el País afecta directamente a los estudiantes. “¿Acaso el mundo laboral nos va a recibir con los brazos abiertos? ¿Acaso cuando terminemos nuestros estudios tendremos prioridad sobre todos aquellos que sólo tienen como opción el “mantengo”?” se pregunta Díaz. Los estudiantes de hoy, los futuros trabajadores, están tomando lados distintos en el debate a favor o en contra de la huelga general, la Ley 7, los despidos… La idea de tomar acción, no importa por cuál bando, no elimina el clima incierto, pero hay más seguridad entre ellos de que sus decisiones pueden hacer una diferencia.
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