Las crecientes restricciones de viajes en Estados Unidos y otros países impidieron que algunas personas participaran en las sesiones de este año de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, denunciaron organizaciones de la sociedad civil.
Las limitaciones exceden la prohibición impuesta por el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a refugiados y ciudadanos de algunos países de mayoría musulmana, una iniciativa otra vez bloqueada por un juez federal el miércoles 15.
El decreto no fue restablecido, pero las organizaciones de mujeres sienten que es cada vez más difícil organizarse en el ámbito internacional. Algunas delegadas se sorprendieron al darse cuenta de que no les concedieron visa para ingresar a Estados Unidos para una reunión de la Organización de las Naciones Unidas(ONU).
A otras les preocupaba el trato, cada vez más estricto, que existe en los aeropuertos estadounidenses, mientras otras más directamente no pudieron viajar por prohibiciones de sus propios países.
La sesión anual de la comisión es una de las más dinámicas y diversas que hay en la sede de la ONU de Nueva York, con cientos de ministros y miles de delegados de la sociedad civil de todo el mundo.
Representantes de gobiernos y organizaciones de todo el mundo participan del 13 al 24 de este mes en el 61 período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, en inglés).
Sanam Amin, del Foro de Asia Pacífico sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo (Apwld), dijo a IPS que dos integrantes de su delegación, originarias de Bangladesh y Nepal, los que “no figuraban en la primera ni en la segunda versión de la prohibición [de viaje de Trump]”, no pudieron conseguir visa.
“Muchas organizaciones de la sociedad civil de otros países encuentran rechazos, y esto es nuevo para nosotras, pues nunca nos negaron la visa cuando presentamos las credenciales de la ONU”, relató Amin.
Ella mantuvo “contactos con ONU Mujeres en Bangladesh, en Bangkok y en Nueva York” durante semanas por este asunto para tratar de encontrar una solución. La Apwld es una organización no gubernamental acreditada ante el Consejo Económico y Social de la ONU.
“Las que no consiguieron visas iban a hablar o a participar en actividades y reuniones al margen de la sesión de la comisión con organizaciones sociales y delegaciones oficiales”, lamentó.
Entre las personas que no pudieron conseguir visa hay una joven activista de El Salvador, quien finalmente participó el miércoles 15 en una de las actividades paralelas por vídeoconferencia. En cambio, las defensoras de los derechos de la mujer Mozn Hassan y Azza Soliman, de Egipto, no pudieron participar porque su propio gobierno no las dejó salir de su país.
La dificultad para los representantes de la sociedad civil de obtener visas para participar en reuniones de la ONU en Estados Unidos es anterior al actual gobierno de Trump, del Partido Republicano. Al respecto, el Departamento de Estado (cancillería) dijo a IPS que no podía realizar comentarios sobre casos particulares.
Sin embargo, si bien existen muchas razones para negar la visa, varias organizaciones sienten que este año se hace más difícil viajar.
“Es increíblemente despreciable que las defensoras de los derechos de las mujeres sientan que la revisión del decreto y la retórica general de odio del gobierno de Trump las haga sentir inseguras de venir a esta CSW y eso es lo que escuchamos”, lamentó Jessica Stern, directora ejecutiva de OutRight Action International.
“Escuchamos a muchas activistas preocupadas por cómo las iban a tratar en los aeropuertos y en las fronteras de Estados Unidos. También escuchamos a activistas Lgbti, que venían a esta reunión preocupadas por su seguridad”, añadió.
Stern y Amin se mostraron inquietas por las consecuencias y el significado de la prohibición de viaje, a pesar que la justicia la dejó en suspenso, porque aun la versión revisada del decreto procura impedir el ingreso de ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
“El texto incluso menciona a la violencia contra las mujeres, en la sección uno, en seis países, como motivo para ‘no admitir a quienes participan en actos de intolerancia y odio'”, precisó Amin.
“De hecho, impedirá a la sociedad civil de esos mismos países participar en encuentros como la CSW”, denunció.
“Y sus gobiernos se verán envalentonados para tomar posiciones más retrógradas con respecto a los derechos humanos de las mujeres, y Estados Unidos, con su ley mordaza global, entre otras políticas contra las mujeres, ocupa un lugar junto a esos mismos países a los que apunta con su prohibición”, explicó Amin.
Además, el tema del CSW de este año, el empoderamiento económico de las mujeres, no debe politizarse, añadió Stern.
“Debe ser un asunto no partidario que convoque a todos los gobiernos porque todos tienen interés en erradicar la pobreza y en el desarrollo económico nacional; y sabemos que las mujeres son mayoría entre los pobres, así que su empoderamiento económico empodera a las familias, a las comunidades y a las naciones”, remarcó.
También subrayó la importancia de la reunión como foro global para que las personas dedicadas a trabajar por la justicia de género en todo el mundo hablen con representantes de los gobiernos.
En la CSW, “miles de defensoras de los derechos de las mujeres y de la justicia de género hablan con los gobiernos del mundo para contarles las dificultades que encuentran con sus propios gobiernos y las responsabilidades que esperan que asuma el sistema internacional”, precisó Stern.
Las organizaciones que apoyan la campaña Sin fronteras para la Justicia de Género son Madre, Just Associates (JASS), Center for Women’s Global Leadership, AWID, Fondo de Acción Urgente, Mujeres en la Red de Migración y OutRight Action International.
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