La constitución establece que todos son iguales ante la ley. Sin embargo, existe una brecha amplia entre la ley y aquellos que necesitan de su protección. El acceso a la justicia requiere conocer los derechos y el acceso a las herramientas necesarias para protegerlos.
La desigualdad social, que ha aumentado por la actual crisis económica, obstaculiza el acceso a la información y servicios legales a más del 80% de la población. Esta brecha en el acceso socava la promesa de igualdad.
En 2015, Espacio Abiertos –organización que promueve la participación efectiva en procesos de gestión pública– buscaba ampliar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el gobierno, las instituciones y el derecho. De ahí surge ayudalegalpr.org, una colaboración entre varios grupos pro bono y entidades sin fines de lucro. Desde entonces, el sitio web provee una plataforma para publicar información legal gratis.
“Digamos que quieres entender algo tan sencillo como la Ley de Vehículos y Tránsito. Esto se te va a hacer bien difícil. No vas a encontrar ningún sitio donde esté la ley completa y actualizada con todas las enmiendas hechas hasta hoy. Eso solo lo entienden los abogados”, señaló la licenciada Mariluz Jiménez, cofundadora del portal, durante la celebración del aniversario la semana pasada.
Con unos 180 mil visitantes únicos desde su lanzamiento, la iniciativa celebró esta semana su segundo año. La plataforma, que aborda unos 600 temas en 20 categorías legales, ha recibido más de 53 mil visitas en lo que va de año, demostrando la necesidad de información legal gratuita en el país.
De acuerdo con Jiménez, el contexto económico es un factor importante que determina la búsqueda de los usuarios. Algunos de los temas más visitados desde su lanzamiento han sido sobre derecho de familia –relaciones paterno-filiales, custodias y pensiones alimenticias–, y consultas sobre órdenes de protección, emplazamientos y controversias entre vecinos.
Empero, ante el recrudecimiento de la crisis económica, los intereses han cambiado. “Los temas de salud mental, vivienda pública y derechos de personas de la edad avanzada han ganado auge”, aseguró la letrada.
Este año, una de las búsquedas más populares fue sobre deshaucio. “Es lo que buscan a las 4:00 a.m., antes de una vista. Es lo que le quita el sueño a la gente, buscando ayuda para que no le quiten la propiedad”, lamentó Ariadna Godreau, también cofundadora y coordinadora de Espacios Abiertos.
Según datos recopilados por Godreau, en el 90% de los casos de desahucio la persona que va a perder su hogar (por no pagar la renta), va sin representación legal. Mientras, en el 90% de los casos, la persona dueña de la propiedad sí cuenta con representación.
Augurando que este año será particularmente difícil para la economía, los esfuerzos de los colaboradores se dedicarán a temas de prevención y atención a casos de ejecuciones e hipotecas.
Por otro lado, la reciente legislación en Estados Unidos para revocar el Affordable Care Act –mejor conocido como Obamacare– y la política pública de inmigración adoptada por la administración del presidente Donald Trump, han creado la necesidad de conocer cómo obtener el plan médico gubernamental y también saber sobre inmigración.
Datos compartidos durante la celebración del aniversario revelan que en el 75% de los casos de inmigración y el 50% de los casos donde la persona se enfrenta a ser deportada, los individuos acuden sin representación legal.
Mirando al futuro, ayudalegalpr.org está en la búsqueda de fondos para mantener la página, diseño gráfico y creación de nuevos contenidos. “Queremos más contenido audiovisual y material de lenguaje de señas para personas sordas, para ampliar el alcance”, señaló Godreau.
Actualmente, la plataforma no provee servicios legales y los documentos publicados allí no se ajustan a las particularidades de cada persona. Reconociendo estas limitaciones, Godreau aspira a que en el futuro la página logre conectar a personas y sus necesidades legales con abogados pro bonistas.
El sitio web cuenta con un directorio de servicios legales, pero su coordinadora aspira a que haya un recurso del otro lado de la pantalla que pueda responder.
“Aún queda un largo camino, pero estamos creando una cultura de información. El derecho es de todas y todos y la información sobre el derecho también debe serlo. [Esto] no debe costar dinero”, dijo Godreau.
“En la medida en que seguimos promoviendo estas herramientas es menos probable que profesionales le quieran poner un precio a información legal básica”, enfatizó la abogada y profesora. “Un país empoderado comienza conociendo sus derechos”, sumó.
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Alfonso Mercedes
Posee un bachillerato en Literatura Comparada de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Se inclina por temas de interés humano, culturales y relacionados al género.
