El más pequeño país de América Central, El Salvador, se convirtió en la primera nación del mundo en prohibir, por ley, la minería metálica en todas sus formas. Así lo aseguran activistas y pobladores, quienes opinan que se sienta un precedente para que otros pueblos del mundo sigan el ejemplo.
“Es histórico, estamos enviando una señal al mundo, de que los países pueden tener otros caminos diferentes y decir no a esa industria”, dijo el líder ambiental Edgardo Mira, de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, un colectivo de organizaciones ecologistas.
Con 69 votos, de 84 posibles, los diputados de la unicameral Asamblea Legislativa aprobaron el miércoles, 29 de marzo, una ley que, mediante 11 artículos, prohíbe de tajo esa industria, ya sea subterránea o a cielo abierto.
Decenas de activistas se concentraron desde temprano ese día en la entrada de la asamblea para exigir, en un ambiente de júbilo, el cumplimiento del acuerdo en favor de la prohibición que se alcanzó por los diputados en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático.
“He visitado las antiguas minas que se explotaron en el siglo pasado, donde se ve claramente las secuelas dejadas, como el drenaje ácido en los ríos, eso pasaría en el resto del país”, apuntó el jubilado César Augusto Jaco, del populoso barrio capitalino de Cuscatancingo.
Sosteniendo un rótulo de fondo amarillo con la imagen de una calavera, en negro, este miembro de 76 años, de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador subrayó frente a la asamblea: “la minería es nefasta, no concibo que no va a dañar nuestras fuentes de agua”.
El riesgo de dañar los mantos acuíferos ha sido uno de los frentes de lucha de los activistas ante la industria extractiva, que se sabe usa millones de litros del líquido para obtener el oro.
El Salvador es uno de los países con mayor vulnerabilidad ambiental, según organismos internacionales.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Tribunal Latinoamericano del Agua y la Asociación Mundial del Agua coinciden en que el país camina a una situación de estrés hídrico, explicó el investigador Andrés McKinley, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
La ley también veta el uso de cianuro, mercurio y otros metales usados en esa actividad. Otorga, no obstante, un periodo de gracia de dos años a las personas que se dedican a la minería metálica artesanal, para que puedan reconvertirse a otras actividades productivas.
Mira, de la Mesa Nacional, calculó que alrededor de 300 personas se dedican a ello, sobre todo, en la Mina San Sebastián, en la jurisdicción de Santa Rosa de Lima, en el oriental departamento de La Unión.
La legislación es retroactiva y de ese modo cierra con candado los permisos de exploración que pudieran estar en trámite.
El informe La Amenaza de la Minería Metálica en un Mundo con Sed, elaborado por McKinley y publicado en 2015 por la UCA, documenta los casos de países donde se ha restringido la actividad, pero sin vetarla legalmente.
Costa Rica, dice el documento, aprobó en 2012 una legislación que prohibió la minería metálica de cielo abierto, permitiendo la subterránea.
En 2002, agrega, el gobierno de la provincia de Mindoro Oriental, en Filipinas, aprobó una moratoria de 25 años para proyectos mineros, y en 2011, la provincia de Zamboanga hizo lo propio en cielo abierto.
En Estados Unidos, en 2014, la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA, en inglés) prohibió la apertura de la mina Pebble, ubicada en el estado de Alaska, para proteger el hábitat más extenso del mundo del salmón rojo (Oncorhynchus nerka).
Antes, en 1989, el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, impuso 50 años de moratoria de toda actividad minera en el sureño estado de Amazonas. Pero eso no impidió la expansión de la minería ilegal en la selvática región y el gobierno actual revertió de facto la medida, permitiendo la explotación minera allí.
“El Salvador es el primer país del mundo que evalúa los costos y beneficios para el país de esta industria y ejercer su derecho a decir no”, acotó McKinley.
La aprobación de la ley fue producto de diversos factores que confluyeron para convencer a los parlamentarios de cumplir de una vez por todas con el largo anhelo de activistas y comunidades cercanas a yacimientos mineros, de vetar la industria minera.
Entre ellos, la presión tanto de las organizaciones ambientalistas que han luchado por años por ese objetivo desde hace más de una década, como de la Iglesia Católica, que hizo suya esa exigencia popular.
El 9 de marzo, el arzobispo de San Salvador, Luis Escobar Alas, encabezó una marcha contra la minería metálica que culminó en las afueras de la Asamblea Legislativa, para presentar el proyecto de ley elaborado por la UCA, el documento que fue la base para la ley finalmente aprobada.
“La Iglesia Católica es un enorme poder en El Salvador, y su lucha junto a las comunidades no empieza este año, sino en 2007 cuando ya se posiciona, como Conferencia Episcopal, con su documento Cuidemos la Casa de Todos”, apuntó McKinley.
La ley es la culminación de años de lucha por parte de organizaciones ambientalistas y líderes comunitarios que se opusieron, sobre todo, a los trabajos desarrollados en la mina El Dorado, en el central departamento de Cabañas, por la compañía Pacific Rim, ahora OceanaGold tras ser adquirida en 2013 por esta corporación australiana-canadiense.
La compañía demandó a El Salvador por $250 millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, por sus siglas en inglés), luego de que en 2008 el gobierno de entonces, de derecha, le negara el permiso de explotación.
Los dos gobiernos sucesivos, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, han mantenido desde 2009 esa moratoria no declarada.
En octubre 2016, el Ciadi resolvió a favor de El Salvador, y falló que la empresa debe además pag,ar ocho millones de dólares en costos procesales, lo que la empresa no cumplió hasta ahora.
Y en un nuevo revés, ese tribunal determinó el 28 de marzo que la corporación pague además los intereses, a una tasa de entre dos y cinco por ciento mensual, por la mora en saldar la deuda en que ha incurrido desde octubre.
Esos fallos contribuyeron, también, a generar un clima propicio para la prohibición.
“Venimos en plan de celebrar el triunfo de nuestra lucha, celebración continua allá en las comunidades donde la gente ha estado en resistencia”, señaló Rina Navarrete, coordinadora de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas.
Agregó que el logro obtenido es una reivindicación al trabajo de “los mártires caídos en esta lucha en contra de la corporación minera”, en alusión a Ramiro Rivera, Marcelo Rivera (sin vinculación con el anterior) y Dora Alicia Sorto, ambientalistas asesinados por sicarios entre junio y diciembre del 2009, en ese poblado de Cabañas.
Naverrete, una madre soltera, de dos hijos, residente en el municipio de Llano de la Hacienda, en Cabañas, retomó el trabajo del asesinado Marcelo Rivera.
Los activistas fueron presuntamente acribillados por su liderazgo contra las actividades de la entonces Pacific Rim en esa zona, aunque eso no quedó confirmado por las autoridades judiciales.
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