El documento Pronunciamiento de juristas, académicos y profesionales de derecho de Puerto Rico sobre la situación del país y la universidad intenta responder lo siguiente: ¿cuánto más hace falta para entender que desde la aprobación de la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés), el país vive bajo un nuevo estado de derecho donde la Junta de Control Fiscal (JCF) controla absolutamente todo, desde la vida misma de los puertorriqueños hasta el futuro de sus instituciones?
El pronunciamiento, a modo de manifiesto, está suscrito por más de 40 letrados y reconocidas figuras vinculadas al campo legal en la isla y compartido con los medios de comunicación del país.
En síntesis, el texto aborda cómo el poder para decidir –y los pocos espacios democráticos– de los puertorriqueños es, bajo la sombra de Promesa y la JCF, inexistente, pues la ley federal es suprema sobre todo el ordenamiento jurídico local.
“No vemos en el régimen de derecho actual un estado de derecho legítimo, sino por el contrario, uno que debe ser divulgado e inteligentemente cuestionado, pues este entraña los elementos antidemocráticos más perversos en una situación en la que millones de personas en este país no tienen ni han tenido que ver con la legitimación de esa ley (Promesa) ni con los parámetros con que se toman las decisiones mediante ella”, sostiene el escrito.
Asimismo, se une a la denuncia de los posibles visos ilícitos de la deuda pública que asciende a $70 mil millones, y reconoce que es precisamente esa posible ilegalidad –y el rechazo de la actual administración de Ricardo Rosselló Nevares a auditarla– como uno de los principios de la huelga indefinida que se da en ocho de los once recintos del sistema de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
“Bajo la idea de la necesidad de ‘recortes’”, reza el documento con respecto a la UPR, “se nos ha querido hacer ver como irremediable un cambio paradigmático en el proyecto de universidad pública: se pretende prácticamente eliminar nuestra institución superior de enseñanza pública, despojándola de un presupuesto público que la haga operacional y que responda a los parámetros de toda universidad pública de rigor y prestigio”, afirma el colectivo de juristas.
“El desempleo, la falta de servicios de salud física y mental, el desmantelamiento de la educación pública, primaria, secundaria y universitaria, la precariedad e inseguridad laboral, los desahucios y pérdidas de hogares, la precariedad y pobreza de nuestros pensionados, el empeoramiento de las condiciones de vida de nuestros adultos mayores, son ya y serán más aún en los próximos meses, la orden del día”, advierten, al tiempo que emplazan a la denuncia, el detente de labores –como ya ha hecho el estudiantado de la UPR– y la acción ciudadana para concertar propuestas contra la lógica economicista y las políticas de austeridad impulsadas por la JCF.
A continuación, el texto íntegro:
Pronunciamiento de juristas, académicos y profesionales de derecho de Puerto Rico sobre la situación del país y la universidad
Puerto Rico vive una coyuntura histórica sin precedentes en la que está en riesgo el presente de quienes hoy constituimos el país y el futuro de generaciones que lo constituirán. Esta coyuntura afecta sobre todo a quienes ya están en condiciones de mayor vulnerabilidad, ya sea por razones económicas o por formar parte de grupos históricamente discriminados: las mujeres, las personas de la comunidad LGBTT, las personas migrantes y las personas que han sido discriminadas por razón de raza, origen y condición social.
Las condiciones de gobernabilidad y la toma de decisiones en el país han sido socavadas principalmente mediante dos vías:
(1) la eliminación burda de las pocas vías de democracia representativa que existían, y que fueron unilateralmente sustituidas por una Junta de Supervisión Fiscal compuesta por siete personas no electas que rigen absoluta y autoritariamente todo el futuro y la toma de decisiones que nos afecta a quienes habitamos Puerto Rico.
Estas siete personas tienen la autoridad para decidir por todo el país la aplicación de nuestra Constitución, la aprobación y aplicación de toda legislación y reglamentación, lo concerniente a nuestro presupuesto individual y colectivo, y las medidas que nos aplicarán en el presente y futuro individual y colectivamente;
(2) la implantación de un único criterio rector a partir del pensamiento economicista para toda la toma de decisiones relacionadas al país, incluyendo asuntos relacionados a los derechos fundamentales –derechos como la educación, la salud y la vivienda– y a los derechos civiles y políticos.
La forma que tome la sociedad puertorriqueña en los próximos años –incluyendo su población, sus condiciones sociales, su salud física y mental, sus oportunidades de educación primaria, secundaria y universitaria, las condiciones de trabajo y la vida en general– estarán predeterminadas en función de un cálculo financiero cuyo criterio rector es el pago a acreedores de una deuda que es de dudosa constitucionalidad y que aún no ha sido auditada conforme a estándares rigurosos.
El estado de derecho
Lo anterior implica que todo nuestro estado de derecho ha sido alterado y que los principios fundamentales por los que toda sociedad debe regirse han sido y son diariamente –y con cada decisión de esta junta– soslayados. No contamos con ninguna forma de participación política en la toma de decisiones sobre aspectos que hoy, y desde ya, inciden en nuestro diario vivir y en el futuro de nuestros niños y niñas.
El ordenamiento jurídico contenido en el Código Político de Puerto Rico y en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1952 fue alterado y su aplicación diaria resulta en un “estado de excepción” que ya se ha convertido en la normalidad, y en un régimen jurídico que violenta los principios rectores más básicos de un estado de derecho democrático. Esta situación no es ni puede ser obviada por juristas y profesores de derecho que imparten en su cátedra los más elementales principios del estado de derecho al que aspiramos.
El énfasis que se intenta utilizar para subrayar la supuesta ilegalidad de la acción concertada de los estudiantes omite hacer hincapié en la ilegalidad de la deuda, que es lo que precisamente motiva la acción estudiantil.
La educación y la Universidad de Puerto Rico
En ese escenario, la Universidad de Puerto Rico –la única universidad pública del país– es una de esas instancias que mediante estas vías antidemocráticas y siguiendo parámetros y cálculos arbitrarios meramente financieros, en los últimos años ha sido paulatinamente desmontada. Bajo la idea de la necesidad de “recortes”, se nos ha querido hacer ver como irremediable un cambio paradigmático en el proyecto de universidad pública: se pretende prácticamente eliminar nuestra institución superior de enseñanza pública, despojándola de un presupuesto público que la haga operacional y que responda a los parámetros de toda universidad pública de rigor y prestigio.
Si bien es cierto que la UPR requiere cambios en su operación y organización, asunto que los universitarios hemos venido señalando por décadas, lo cierto es que lo que se le exige a la universidad –millonarios recortes al ras y basados solamente en las necesidades del pago de deudas a acreedores– dan al traste y pone en riesgo de muerte el interés público de que las actuales y futuras generaciones tengan la oportunidad de acceder a una educación superior de calidad, rigor y que provea las oportunidades de preparar profesionales y sobre todo ciudadanas y ciudadanos para el país que queremos. Se trata de una labor insustituible, por eso, el desmantelamiento de la universidad sería un daño irreparable para el país.
La preocupación por la acreditación debe estar enmarcada en el tipo de universidad que resultaría en el contexto de los recortes. Sería una universidad solo para unos pocos y sin considerar el proyecto público para el cual fue creada.
No debería hacerse responsables a los estudiantes por los señalamientos que ha realizado la Middle States Commission on Higher Education, pues los más apremiantes se relacionan con la gobernanza y no con el paro decretado. El mayor riesgo no son las acciones de los estudiantes sino los recortes mismos propuestos por la nueva política pública que está imponiendo la junta y que están siendo avaladas por la administración.
Nosotras y nosotros como juristas
Nosotras y nosotros, como juristas, profesionales del derecho y profesoras y profesores universitarios, en esta coyuntura única y urgente, tenemos un deber ético de mirar de frente y firmes esta situación; posicionarnos a la altura que estos tiempos requieren y denunciar con firmeza todo lo anterior por su carácter antidemocrático y por ser contrario a los más elementales derechos y oportunidades de quienes constituimos este país y a quienes nos afectará directamente.
En este sentido, no vemos en el régimen de derecho actual un estado de derecho legítimo, sino por el contrario, uno que debe ser divulgado e inteligentemente cuestionado, pues este entraña los elementos antidemocráticos más perversos en una situación en la que millones de personas en este país no tienen ni han tenido que ver con la legitimación de esa ley (Promesa) ni con los parámetros con que se toman las decisiones mediante ella. Consideramos, pues, nuestro deber unir nuestras voces para que más personas se unan a esta denuncia y que reclamemos las oportunidades para incidir directamente en la toma de decisiones que nos afectan hoy y nos afectarán a nosotros y a nuestros hijos e hijas.
Acción ciudadana
Diversos grupos sociales, y más recientemente los y las estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, han hecho un llamado a detener la cotidianeidad, a reunirse, a concertar acciones y a vislumbrar cursos de acción ante esta situación que confrontamos como país. El desempleo, la falta de servicios de salud física y mental, el desmantelamiento de la educación pública, primaria, secundaria y universitaria, la precariedad e inseguridad laboral, los desahucios y pérdidas de hogares, la precariedad y pobreza de nuestros pensionados, el empeoramiento de las condiciones de vida de nuestros adultos mayores, son ya y serán más aún en los próximos meses, la orden del día.
En el caso de la Universidad de Puerto Rico, la embestida es atropellada y desproporcional. Las medidas requeridas por la junta, presionadas por bonistas y avaladas por el gobierno y adoptadas subsilentio por la administración universitaria, desmantelan nuestro único proyecto universitario público, ese que por más de un siglo nos ha servido al país como lugar para el pensamiento, para la preparación de profesionales diversos, el ascenso social, la creación artística, la investigación científica de interés público y el quehacer social a favor del interés público y de los más desaventajados en nuestro país.
No hay, pues, peor resultado que el no pronunciarse ni hacer nada ante esta situación. No hace falta coincidir con todas las vías de acción concertadas que cada grupo acogerá para entender que en esta coyuntura el valor más importante es el cuestionamiento a estas políticas y la importancia de un detenimiento para entender y evitar las decisiones nefastas que de manera atropellada van a definir el destino de millones de personas que nos veremos afectadas directa e indirectamente por estas políticas.
Por eso:
(1) Nos unimos a las voces que hoy denuncian firmemente lo antes expuesto, que exigen participación amplia del país en la toma de decisiones sobre las políticas que nos afectan, incluyendo el que se audite con rigor la deuda que hoy sirve de justificación para imponernos estas medidas. Queremos ser nosotras y nosotros, la ciudadanía, quienes dictemos el cómo queremos vivir como sociedad sin que sean solamente los intereses de los acreedores los que nos dicten el curso de nuestra vida.
(2) Apoyamos el llamado de los y las estudiantes de la Universidad de Puerto Rico a detenernos y a comenzar acciones ciudadanas para lidiar con este escenario de tanta dificultad y evitar estas propuestas y políticas que nos llevan hacia un daño irreparable.
(3) Los aquí firmantes, nos reafirmamos en que es nuestro deber ético en esta situación, como universitarios, profesionales del derecho y ciudadanas y ciudadanos, oponernos firmemente a estas políticas y unirnos al accionar de otros y otras para detenerlas.
- Ana Matanzo Vicens, profesora en la Escuela de Derecho de la UPR
- Chloe S. Georas, profesora en la Escuela de Derecho de la UPR
- Érika Fontánez Torres, profesora en la Escuela de Derecho de la UPR
- Glenda Labadie Jackson, profesora en la Escuela de Derecho de la UPR
- Nylca J. Muñoz Sosa, profesora en la Escuela de Derecho de la UPR
- Efrén Rivera Ramos, profesor en la Escuela de Derecho de la UPR
- Nora Vargas Acosta, profesora en la Escuela de Derecho de la UPR
- María Hernández Torrales, profesora en la Escuela de Derecho de la UPR
- Pedro Saadé Llorens, profesor de la Clínica de Asistencia Legal de la UPR
- Iris Yaritza Rosario, defensora legal de la SAL y profesora en la Escuela de Derecho de la UPR
- Gabriel Espinosa González, abogado del Programa Pro Bono de la Escuela de Derecho de la UPR
- Miguel Ángel Rivera Álvarez, bibliotecario jurídico de la Escuela de Derecho de la UPR
- Julio Fontanet Maldonado, profesor y decano de la Facultad de Derecho de la UIPR
- Yanira Reyes Gil, profesora y decana de Asuntos Académicos de la Facultad de Derecho de la UIPR
- Juan F. Correa Luna, profesor de la Facultad de Derecho de la UIPR
- Luis José Torres Asencio, profesor de la Facultad de Derecho de la UIPR
- Marilucy González Báez, profesora de la Facultad de Derecho de la UIPR
- Myrta Morales Cruz, profesora de la Facultad de Derecho de la UIPR
- Luis Rafael Rivera Rivera, profesor de la Facultad de Derecho de la UIPR
- Esther Vicente, profesora de la Facultad de Derecho de la UIPR
- Manuelita Muñoz Rivera, profesora de la Facultad de Derecho de la UIPR
- Patricia Otón Olivieri, profesora de la Facultad de Derecho de la UIPR
- Pedro Cabán Vales, profesor de la Facultad de Derecho de la UIPR
- Gerardo Bosques, profesor de la Facultad de Derecho de la UIPR
- Judith Berkam, profesora de la Facultad de Derecho de la UIPR
- Annette Martínez Orabona, profesora de la Clínica de Asistencia Legal de la UIPR
- Felix Rivera Cabrera, abogado de la Clínica de Asistencia Legal de la UIPR
- Rafael E. Rodríguez, director de la Oficina Legal de la Comunidad de la UIPR
- Indiana Quintero Ilarraza, abogada de la Oficina Legal de la Comunidad UIPR
- Fernando Moreno Orama, profesor de la Escuela de Derecho de la PUCPR
- Ariadna Godreau Aubert, abogada y coordinadora de la Mesa de Trabajo de Acceso a la Justicia
- Guillermo Rebollo Gil, profesor de la Universidad del Este y abogado
- Mariana Iriarte Mastronardo, profesora del Recinto de Río Piedras y abogada
- Edna Benítez, profesora del Recinto de Río Piedras y abogada
- Ana Irma Rivera Lassen, expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico
- Josué González Ortiz, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU)
- Luis A. Zambrana, abogado, doctorando en derecho en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona
- Steven Lausell, abogado
- Verónica Rivera Torres, abogada
- Zahíra Rodríguez Feliciano, abogada
- Yashira M. Hernández González, abogada
- Josefina Pantoja Oquendo, abogada
- José R. Roque Velázquez, abogado
- María Jiménez, abogada
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Diálogo
Diálogo es la publicación oficial de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Desde su fundación en 1986, ha servido de taller para los profesionales en formación que actualmente se desempeñan en otros medios dentro y fuera del País. Su plataforma virtual, contiene las versiones impresas desde el 2010 hasta mayo de 2014, mes en que el medio migró exclusivamente al formato digital.
