“Pena de muerte a los corruptos”, reclama una médica de 32 años del estado de Bahía, en la región del Nordeste de Brasil, quien prefiere el anonimato debido a sus opiniones radicales.
Su evaluación es que la corrupción es la madre de todos los males en Brasil, sean económicos, políticos o sociales, lo cual comparte una creciente cantidad de ciudadanos, ante el diluvio de revelaciones de la operación “Lava Jato” (autolavado de vehículos), sobre centenares de políticos beneficiados por dinero desviado de negocios estatales.
“Todos los políticos son corruptos”, se convenció Cecilia Marabei, de 59 años, dedicada a su hogar en Río de Janeiro. “No voto por ningún candidato desde 1982, tengo la conciencia tranquila de no haber contribuido al robo”, acotó.
Sin embargo, recuerda la prédica de su padre sobre la importancia del sufragio “para cambiar el país y su propia vida”, cuando votó por primera vez a los 18 años.
Para corregir “la corrupción que alcanzó un nivel insoportable” ella no defiende “el paredón”, como la médica de Bahía, sino extinguir las “mayordomías”, es decir los privilegios de los que disfrutan los políticos, especialmente en Brasilia.
“Que se trasladen en autobuses y vivan en departamentos chicos, como en Suecia, no en automóviles y casas de lujo mantenidos con los impuestos que pagamos”, sugirió.
La sospecha popular de una corrupción generalizada en la política brasileña se venía fortaleciendo por las investigaciones de la operación Lava Jato, iniciada hace tres años por el Ministerio Público Federal (fiscalía general) y la Policía Federal, bajo la coordinación del juez Sergio Moro, de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná.
La creencia se confirmó con los testimonios de 78 dirigentes y exdirigentes de Odebrecht, un conglomerado empresarial encabezado por su constructora, que decidió colaborar con la justicia y desnudar sus operaciones ilegales desde 2006.
Las llamadas “delaciones premiadas”, porque reducen las penas, involucraron 415 políticos de 26 partidos, entre ellos hay unos ocho ministros del actual gobierno nacional, 24 senadores, 39 diputados y tres gobernadores de estados. Otros deberán sumarse a esa lista, porque hay testimonios mantenidos en secreto.
La mayor cantidad proporcional de senadores y ministros, 30% del total de 81 y 28 respectivamente, contra ocho por ciento de los diputados, se explica por la concentración del dinero ilegal en manos de líderes partidistas, que luego lo distribuían entre sus colegas.
El Sector de Operaciones Estructuradas, como se llamaba la oficina dedicada a sobornar en Odebrecht, donó $3,390 millones a políticos y sus agentes entre 2006 y 2014, según su director, Hilberto Mascarenhas.
La mayor parte se destinó a la obtención de contratos, para construcción de obras, producción de navíos sondas petroleros, compensación de costos adicionales de proyectos en marcha y otros negocios. Eso tendría relación con la facturación del grupo, cuadruplicada en ese período de nueve años.
Pero buena parte de los sobornos sirvieron para financiar campañas electorales, facilitar coaliciones partidistas y sobornar partidos y parlamentarios para la aprobación de legislaciones con ventajas al grupo empresarial, como abaratar insumos petroquímicos y la electricidad para grandes consumidores.
Las revelaciones fortalecieron la idea de que nada se hace sin corrupción en la política y la economía de Brasil.
La gigantesca central hidroeléctrica de Belo Monte solo se construyó en el amazónico río Xingu, en los últimos seis años, por tratarse de una oportunidad para la generación de abultados recursos ilegales, cree una periodista conocida por sus artículos y reportajes en defensa de poblaciones afectadas por ese proyecto.
Del costo de la obra, equivalente a cerca de $10,500 millones, se destinó a sobornos la suma de 150 millones de reales ($47,600 millones por el cambio actual), denunció la empresa Andrade Gutierrez, una de las que participaron en la construcción.
Los entonces aliados y gobernantes Partido de los Trabajadores (PT), de izquierda, y el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de centro y ahora sostén principal del presidente Michel Temer, habrían compartido ese soborno.
“Fin del mundo”, “terremoto”, “hecatombe” y “tierra arrasada” fueron algunas expresiones del noticiero para calificar las “delaciones premiadas” de Odebrecht.
Pero el “asco” manifestado por Marabei, expresando un sentimiento generalizado ante la exacerbación de una corrupción siempre muy presente en la historia y la cultura nacional, no paralizó la política y tampoco resucitó las protestas callejeras que sacudieron el país entre 2013 y 2016.
El parlamento, aun teniendo casi todos sus líderes involucrados en los escándalos, sigue aprobando profundas alteraciones en la vida de los brasileños, como límites a los gastos públicos en los próximos 20 años para reducir el déficit fiscal y modificaciones en la enseñanza básica y secundaria.
Sus próximos desafíos son las reformas previsional y laboral, que elevarán la edad de jubilación y reducirán derechos de los trabajadores. Además intenta modificar las reglas electorales para limitar la proliferación de los partidos y la fragmentación parlamentaria.
El gobierno Temer, llegado al poder tras la destitución por el Senado de Dilma Rousseff, del PT, en agosto de 2016, tiene prisa para aprobar medidas impopulares, mientras la sociedad está atónita ante la “corrupción sistémica” y antes que su amplia base de apoyo parlamentario se divida, como se anticipa.
La coalición gubernamental comprende cerca de 80% de los legisladores, pero será difícil convencerlos de votar contra intereses populares al acercarse las elecciones presidenciales y legislativas de octubre de 2018.
“El momento es de la corrupción en el centro de todo, acaparando el noticiero y dictando las acciones”, con el riesgo de errores en decisiones cruciales, admitió Doubel Macedo, un ingeniero que trabajó muchos de sus 67 años en una gran empresa que sufrió los efectos negativos de ese proceso en los sectores de infraestructura y petróleo.
“Luego bajará el polvo y el país volverá a la normalidad”, probablemente con una amplia renovación política y las constructoras que protagonizaron la crisis de corrupción sobreviviendo mucho más pequeñas tras sufrir puniciones, como pesadas multas, como se hace en Estados Unidos, vaticinó a IPS.
En Brasil, en los últimos tiempos, la corrupción asumió proporciones que “desorganizan todo”, pero ella es permanente en todas partes, incluso en China que la castiga hasta con la pena de muerte, razonó. Un símbolo del político brasileño corrupto, Paulo Maluf, fue gobernador de São Paulo y sigue como diputado, “con un electorado cautivo”, puntualizó.
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