La UPR y el fenómeno Díaz Olivo

Nuestros jíbaros han acuñado la frase: “siempre habla el que menos puede”. Esta expresión muestra el saber popular del más simple, del que no es engañado por las apariencias. Esa frase me ayuda a ilustrar parte de las pretensiones de este artículo. Veamos.

Muy pocas voces han sido tan rabiosas, afirmativas e irresponsables en relación con la necesidad imperiosa de mantener la Universidad de Puerto Rico abierta y operando, como la del catedrático de la Escuela de Derecho del Recinto de Río Piedras, el licenciado Carlos Díaz Olivo. Es decir, la voz de un miembro de los gremios privilegiados que existen en la UPR, según discutimos en el artículo anterior.

En su mañanera diatriba por las ondas radiales de WKAQ, y desde que comenzó el paro de la UPR en Río Piedras, el catedrático ha hecho gala de todos los argumentos posibles para condenar a los estudiantes por lo que él cataloga como sus actuaciones caprichosas. A estos, los trata como a un pequeño grupo de desalmados que amenazan al resto de la comunidad universitaria. También, ha criticado a la administración universitaria del recinto por su pasividad y permisividad hacia lo que él percibe como un peligroso atrevimiento del movimiento estudiantil, que pone en peligro tanto la culminación del semestre como la existencia de la Universidad. Parecería que desde su punto de vista sería mejor movilizar la Guardia Nacional y acabar de una vez y por todas con este movimiento social reivindicativo, no solo de la Universidad sino de los derechos del pueblo de Puerto Rico.

De igual forma y durante las últimas semanas, ha presentado al personal docente como si fueran unos vagos aprovechados ya que, desde su punto de vista, cobran sin trabajar mientras los estudiantes protestan. De hecho, constantemente ha hecho un llamado a que no se le pague su sueldo a este grupo de profesionales que él interpela como los cómplices de los estudiantes en paro. Esto, asumiendo que todos los docentes dejaron de trabajar y como si la tarea docente necesitara exclusivamente del salón de clases para realizarse. Tal vez esa sea su realidad laboral o como él contribuye a la Universidad, pero ciertamente no refleja lo que ocurre en el resto del recinto.

La cátedra, hemos dicho, no puede ser detenida en su tarea de búsqueda y construcción de conocimiento. En la mayoría de las disciplinas, el lugar donde se desarrolla el trabajo es secundario, la voluntad de trabajar es lo importante y eso no lo pueden controlar ni los estudiantes, ni la administración, ni ningún otro sector. Ciertamente, la interpelación de la UPR por parte del catedrático, como de los “papagayos” que sin juicio crítico repiten sus argumentos, proyecta un gran desconocimiento sobre el alcance del trabajo docente, lo que ciertamente desluce como un imaginario muy estrecho al respecto.

En consonancia con su retórico discurso, Díaz Olivo ha presagiado, casi deseando, lo peor para la Institución, partiendo de una muy cómoda y simplista perspectiva, de que “se lo dije” o “se lo buscaron”. En otras palabras, y citándole “querían autonomía, pues ahora la tienen” y por eso van a destruir la Institución. Si la autonomía se pudiera asumir presumiéndola, como parece hacer el licenciado, el camino sería fácil. Sin embargo, la imposición de recortes es una prueba fehaciente de la falta de autonomía universitaria, no ahora, sino desde hace muchos años y, sobre todo, en la última década.

Los partidos políticos han abusado de la Universidad, por muchos años han manipulando consultas, nombrando a sus representantes en la administración, sustituyendo a buenos administradores por políticos de turno, y nada de eso se construía como peligroso para la Universidad, para su acreditación y su propia existencia. Muchos de esos atornillados, casual y convenientemente, han sido docentes provenientes de los gremios privilegiados. Ahora, no son los millonarios recortes, no es la intervención política en el presupuesto universitario, es el paro estudiantil lo que pone todo en peligro. ¡Vaya ejercicio de análisis científico! En general, el discurso del catedrático de derecho es pesimista y profundamente contradictorio.

Los argumentos principales de sus ataques a la comunidad universitaria están todos “despaisajados.” Para él, el paro es caprichoso, por lo tanto innecesario y producto de una minoría de estudiantes que está manipulada por los mismos profesores y los líderes de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes. Sin embargo, para cualquiera que tenga dos dedos de frente, no parece en nada caprichoso defender a la UPR en estos momentos, ante la amenaza que se cierne contra la Institución. Todos los sectores, y especialmente los estudiantes, están haciendo lo que pueden. Desde sus respectivas perspectivas presentan alternativas advirtiendo que la Universidad ha sido objeto de recortes severos en la última década. También, que el gobierno le adeuda millones de dólares en servicios prestados diligentemente.

Por esa razón, se solicita a las autoridades que no impongan más recortes a la UPR, porque ello afectará la debilitada institucionalidad del centro docente. Si fuera cierto que los estudiantes obedecen los intereses de los docentes, estos no hubiesen hecho nada, porque lamentable y contradictoriamente la mayoría del claustro está más como espectador cauteloso y ha renunciado a su rol protagónico, si quiera para defender sus propios derechos, sus salarios de pico y pala, sus pensiones y la estabilidad laboral y económica de la UPR. Para muchas de estas personas, lo mejor parece ser no hacer nada para ver si la picota que ronda la Universidad desaparece y no les quiebra la cabeza.

Díaz Olivo critica a todos los sectores, sin proponer nada que no sea el que la comunidad debe aceptar acríticamente lo que acontece y que mire para otro lado mientras se configura un duro golpe a la Institución y al País. La crisis lo permite todo. En el juego de pies del gobernador Rosselló hay que confiar. En su argumentación, el gobernador se presenta como un paladín de la justicia, que respeta y está defendiendo la autonomía de la UPR. La mala es la ya desacreditada, excesiva e insensible Junta de Control Fiscal (JCF) que parece determinada a disponer del presupuesto de la Institución, sin mediar explicación alguna, sin justificar sus números, sin considerar científicamente las consecuencias de sus decisiones. “El gobernador hace lo que puede”, nos dice, sin producir un análisis riguroso de sus muy convenientes y ensayadas contrapropuestas, que en el Plan de Puerto Rico coinciden a la perfección con los de la Junta de Control Fiscal.

La receta del integrante de “WKAQ Analiza” es apocarse, no desafiar la autoridad, como buen colonizado, aceptar unos recortes que son reales y dañinos, premeditados por un grupo político que le es ideológicamente afín y que ciertamente son los dueños de Puerto Rico. Eso sí, que la Universidad se abra y las cosas continúen como de costumbre. Es decir, que se mantenga abierta la Universidad repleta de privilegios como los que disfruta él en la Escuela de Derecho, con una escala salarial especial negociada hace muchos años en cuartos oscuros y que no son el resultado de mayor productividad; porque cuando se trata del número de publicaciones, conferencias dictadas, el desarrollo de programas graduados o la accesibilidad de fondos externos para la UPR, las Escuelas que albergan los gremios privilegiados están en la cola y muy por detrás de las facultades de pico y pala como la de Ciencias Naturales, Humanidades y Ciencias Sociales. En otras palabras, la Universidad que quiere mantener abierta el catedrático es aquella donde los más productivos cobran menos y todo por designio político partidista.

Tomando todo eso en consideración, no parece ilógico apoyar a los estudiantes en sus esfuerzos de proteger la Institución y descartar los argumentos de este entuerto del privilegio que disfruta de un salario especial, no basado en su productividad, para desacreditar a la UPR. Tal vez deberíamos preguntarnos si su tenencia de un programa de radio a tiempo completo, y por el que es remunerado, no viola la misma normativa que rige desde hace años el gremio profesional privilegiado al que pertenece en la Universidad.