“El gobierno de la trama usa artículos del Código Penal
para reprimir trabajadores y trabajadoras
y sembrar el miedo a la protesta”.
– Alberto Rodríguez Rodríguez, diputado en el Congreso de España
en su turno del martes a favor de la derogación del artículo 315.3 del Código Penal español,
el cual prohibía el derecho a la huelga.
Mientras el Congreso de España suprimió el artículo 315.3 del Código Penal de ese país, que criminalizaba el derecho a la huelga, la clase política de Borinquen consumó los intentos legislativos por criminalizar la protesta y el uso de capuchas. Esto, a través del PC 743, el cual —entre otras cosas— penalizará la obstrucción u ocupación de espacios que sean parte de la actividad turística o educativa e, igual, el uso de “cualquier disfraz” en la comisión de un “delito”.
Hablamos de las enmiendas al Código Penal de Puerto Rico, aprobadas inicialmente por el Senado el pasado 10 de mayo y que ahora esperan la firma del primer ejecutivo para ser puestas en vigor de forma inmediata, tras la aprobación de la Cámara durante la tarde del martes. La votación final: 32 representantes a favor y 15 en contra.
A 51 días de una huelga indefinida en la Universidad de Puerto Rico (UPR) y a poco más de dos semanas de un paro nacional que movilizó a miles de personas, el gobierno ha decidido imponer medidas de impacto mayúsculo para quienes se tiran a la calle a reclamar justicia social y a exigir una política pública que no promueva medidas de austeridad.
Y es que, por ejemplo, según la nueva lectura del Artículo 179 del Código Penal de Puerto Rico, toda persona que interrumpa una “reunión lícita y pacífica” incurrirá en delito menos grave. Además, de tratarse de una reunión de algún organismo gubernamental —ya sea ejecutivo, legislativo o judicial— se incurrirá en delito menos grave con pena de reclusión por término fijo de un año.
Asimismo, de acuerdo al Artículo 248, cualquier persona que utilice una máscara o intente alterar su apariencia física con el propósito de evitar su reconocimiento, ocultarse o intervenir con actividades ordinarias en una instalación pública —ya sea educativa, de salud o en edificios de gobierno— se enfrentará a una pena de reclusión por término fijo de tres años.
Igualmente, según detalla el Artículo 201, todo aquel que pegue, fije o pinte cualquier material en propiedad privada sin consentimiento incurrirá en delito menos grave. Por otro lado, si el acto se realiza sobre propiedad pública —que no sean postes de luz y columnas— puede que la persona se enfrente a una pena de reclusión por un término de un año.
Ahora bien, ¿cómo encajan los cambios al Código Penal en el marco social de Puerto Rico, considerando la crisis que enfrenta actualmente el País y la presencia de un Junta de Control Fiscal (JCF)?
“Una estrategia de intimidación”
Para la licenciada Mariana Nogales Molinelli, Puerto Rico se enfrenta a la puesta en marcha de una estrategia de intimidación por parte del Estado y, ante eso, los puertorriqueños “tienen que ser valientes y responder a la represión”.
“La situación actual es un estado de represión. Vivimos un clima de intimidación. Las enmiendas al Código Penal son un adelanto a lo que serán los recortes en los retiros, la venta y la explotación de los recursos naturales, así como toda clase de medida de austeridad que responda a los grandes intereses económicos y a la deuda. Quieren criminalizar la protesta para cuando aprueben sus medidas la gente no pueda manifestarse”, sostuvo Nogales Molinelli.
Del mismo modo, la activista pro derechos civiles denunció un patrón de persecución contra manifestantes y las constantes movilizaciones policiacas que surgen a raíz de cualquier acción ciudadana.
“Están tratando a la gente que se hace sentir pacíficamente como si fueran criminales”, manifestó la abogada, al tiempo que destacó la importancia de impedir que se continúen violentando los derechos humanos en Puerto Rico.
“Estas enmiendas son un intento por acallar al pueblo, a los trabajadores y a las trabajadoras que no aguantan más las medidas de austeridad de un gobierno que insiste en cumplir con los culpables. Los tribunales tienen mucha presión del gobierno. La policía tiene mucha presión del gobierno. El panorama actual es muy delicado y preocupante, precisamente por el intervencionismo gubernamental para controlar e imponer su dominio a la gente”, señaló la licenciada.
Según Nogales Molinelli, de cara al futuro los puertorriqueños tienen un gran reto, pues “habrá que decidir entre la inacción y la acción en tiempos delicados. Por eso la valentía de los puertorriqueños es bien importante. Hay que reclamar nuestros derechos. Usar una capucha no puede ser un crimen, no puede ser delito. Cuando comiencen a vender las tierras y las playas, reclamar en contra de esa explotación no puede ser un crimen”, dijo.
La abogada también sostuvo que, en la medida en que la represión gubernamental continúe incrementando, ya sea a través de la ley o mediante los cuerpos de seguridad, los reclamos de la gente deben seguir firmes.
“Habemos abogados y abogadas comprometidos con la defensa de los derechos civiles. No vamos a permitir los abusos. Han habido arrestos injustificados a estudiantes, a manifestantes y hasta de dos miembros del cuerpo de observadores del Colegio de Abogados y eso hay que detenerlo. Nuestro compromiso es defender las causas justas”, sentenció.
Firme el estudiantado “ante la represión”
Históricamente, las luchas por la defensa de la Universidad de Puerto Rico (UPR) han desembocado en múltiples choques entre el Estado y el estudiantado. Incluso, se ha derramado sangre en los intentos gubernamentales por imponer controles políticos en la universidad. Basta recordar los asesinatos del Cerro Maravilla, el asesinato de Antonia Martínez o las violentas intervenciones de la policía de Puerto Rico en el campus.
No obstante, más allá de la historia, parecería que el gobierno está decidido a darle continuidad a su agenda contra los universitarios. Así lo dijo a Diálogo Michael (seudónimo para proteger la identidad de un estudiante miembro del movimiento estudiantil del Recinto Universitario de Mayagüez), quien destacó que “el gobierno tiene mucha presión gracias a la lucha”.
“La Universidad de Puerto Rico ha sido siempre punta de lanza en las movilizaciones ciudadanas. El gobierno sabe eso. Por tanto, estas enmiendas al Código Penal son dirigidas a los sectores que se están movilizando ante las medidas de austeridad. Es una forma de reprimir al pueblo para que no tengamos ni voz ni voto”, aseguró, no sin antes darnos su opinión sobre la prohibición del uso de capuchas.
“Lo de las capuchas es terrible, porque esa es una forma de proteger la identidad de nosotros los jóvenes, los estudiantes. Uno [como estudiante] corre mucho peligro cuando se manifiesta contra el gobierno. La historia está ahí. En Puerto Rico hay una cultura de persecución contra los que alzamos la voz ante las injusticias. Todo esto va en la línea de criminalizar la protesta para que nos quedemos callados. A ti te arrestan con capucha o sin capucha. Queda claro que la prohibición es para carpetear a quien se hace sentir”, dijo.
Los comentarios de Michael se suman a la denuncia de múltiples sectores sobre la práctica policiaca de monitorear las redes sociales para obtener información de los manifestantes. Ante eso, el portavoz estudiantil indicó que el carpeteo es más fuerte que en años anteriores “y por eso ahora muchos no se atreven a protestar, porque la protesta trae repercusiones. Por eso es que se usan las capuchas, porque protegen”.
El estudiante manifestó que a pesar de la represión denunciada en las manifestaciones del 1 de mayo, así como los arrestos a raíz de lo ocurrido en la reunión de la Junta de Gobierno UPR,—donde un grupo de estudiantes irrumpió una reunión ordinaria— todavía en Mayagüez no se ha visto claramente la mano dura del Estado, o al menos “por ahora”.
“El jueves, por ejemplo, hubo manifestación y todos nos encapuchamos. Estuvimos en la [carretera] #2, ubicados en las cuatro esquinas de la intersección del recinto, y llegaron muchos policías. Solo por nosotros estar encapuchados llegaron un montón de agentes. Y hay que tener una cosa clara, la capucha no es sinónimo de vandalismo ni de crimen. El gobierno nos ataca [con su política pública] y nosotros respondemos, pero sin exponernos”, declaró.
Finalmente, Michael destacó que el movimiento estudiantil sigue firme y que, por ninguna razón ajena a los intereses universitarios y especialmente estudiantiles, pararán.
“Seguimos en pie de lucha desde Mayagüez. El pueblo tiene que entender que el gobierno tiene miedo. Se están dando cuenta que cada día la gente se indigna más. Hay que levantarse”, puntualizó el colegial.
En total son nueve las enmiendas al Código Penal de Puerto Rico. Se espera que próximamente el gobernador Ricardo Rosselló estampe su firma en la medida para ponerla en vigor de forma inmediata.
Algunas enmiendas:
(José Encarnación / Diálogo)
(José Encarnación / Diálogo)
(José Encarnación / Diálogo)
Enmiendas Código Penal PC743 by Diálogo on Scribd
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José Encarnación
Periodista. Es estudiante graduado del Departamento de Historia del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Completó un grado de Bachillerato en Información y Periodismo de la Escuela de Comunicación. Amante de los deportes y la literatura. encarnacionjose1994@gmail.com @encarnajm94
