La vista de seguimiento en el caso de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se está llevando a cabo hoy en el Tribunal de Primera Instancia. Esto luego que el Tribunal Supremo determinó el viernes no ha lugar el certiorari y la moción de auxilio que presentó la UPR que solicitaba dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Apelativo y detener los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia.
En la vista de hoy los demandados deben mostrar causa por la cual no se les debe imponer desacato por lo cumplir con la orden del Tribunal Apelativo de abrir el Recinto de Río Piedras el 11 mayo. Si se determina que se incurrió en desacato la presidenta interina, Nivia Fernández Hernández, podría enfrentar una pena máxima de seis meses de cárcel.
La administración universitaria ha realizado varios intentos para lograr la apertura del recinto. El más reciente se dio anoche cuando la UPR radicó una Solicitud de Auto de Mandamus contra la Policía de Puerto Rico para que se utilicen los recursos necesarios para restablecer el acceso al campus.
Sigue aquí la incidencias de la vista.
Cancelada la reunión de la Junta de Gobierno
Debido a la situación en corte, la reunión de la Junta de Gobierno (JG) de la UPR pautada para hoy, lunes 22 de mayo, quedó cancelada, confirmó a Diálogo el oficial de prensa del cuerpo rector, Nelson Berríos.
Entre los puntos en agenda, la reunión tenía previsto discutir la situación actual de la Universidad del Estado y la presentación de un informe de la presidenta interina de la UPR. No obstante, Fernández Hernández se encuentra deponiendo como testigo en el tribunal y, de ser encontrada culpable de desacato, podría enfrentar hasta seis meses de cárcel.
Asimismo, la reunión tenía estipulado abordar el tema del Plan Fiscal de la institución con el fin de presentárselo a la Junta de Control Fiscal (JCF), ya que la UPR no cumplió con la fecha de entrega al ente federal. Sin embargo, el presidente de dicho cuerpo expresó la semana pasada que está dispuesto a esperar a que la institución elabore un plan y lo presente ante la junta.
La reunión también planteaba la discusión sobre el proceso del Búsqueda y Consulta para ocupar el cargo de presidencia de la UPR en propiedad.
Desde marzo en los tribunales
El torbellino legal que enfrenta la UPR se remonta al 31 de marzo, cuando un grupo de estudiantes, en su mayoría de la Escuela de Derecho, demandaron a la UPR en un reclamo por su derecho a estudiar. Luego que el Tribunal de Primera Instancia decidiera no ver el caso, el 5 de mayo el Tribunal Apelativo revocó el “no ha lugar” y ordenó la reapertura del recinto riopedrense en o antes del jueves 11 de mayo.
El campus está paralizado desde el 27 de marzo y en huelga indefinida desde el 6 de abril, cuando varias unidades votaron en la Asamblea Nacional de Estudiantes a favor de ese mecanismo de lucha en protesta al recorte de $450 millones planteado por la Junta de Control Fiscal al presupuesto de la UPR. Estimados de la Autoridad de Agencia Fiscal y Asesoría Financiera elevan esa cifra a $512 millones.