Luego de una semana cargada de eventos en la lucha estudiantil, los alumnos caminarán mañana al mediodía desde el Capitolio hasta La Fortaleza para llevar los reclamos que han regido la huelga sistémica, erigida desde el 6 de abril en varias unidades de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Los estudiantes aspiran a tener una reunión con el gobernador, Ricardo Rosselló, para, al igual que lo hicieron con la Junta de Control Fiscal, presentar sus propuestas y reclamar que la universidad es un espacio de desarrollo económico que se afectará con el recorte de $450 millones.
“Llegaremos hasta Fortaleza para presionar a Ricardo Rosselló porque tanto la Junta de Control Fiscal como la Junta de Gobierno [de la UPR] han indicado que le toca al gobernador determinar lo que le depara a la UPR”, destacó Gabriel Casal, estudiante y uno de los organizadores de la marcha.
“Convocamos a todo estudiante del País, tanto de la UPR como de instituciones privadas, escuela superior y elemental”, agregó Casal, quien manifestó que la actividad es abierta a “todos y todas que quieran defender una educación pública, accesible y de calidad”.
La marcha contará con una caravana desde el Recinto de Río Piedras hasta el punto de encuentro en el lado norte del Capitolio a las 10:30 de la mañana. La movilización vehicular partirá desde el portón principal en la avenida Ponce de León.
Con la actividad se conmemorará por primera vez el Día Nacional de Estudiantes en Lucha. Los organizadores esperan que este día se celebre anualmente en defensa de la educación.
Semana cargada para la UPR
La protesta llega luego que el pasado martes, 23 de mayo renunciaran a sus cargos la presidenta interina de la UPR, Nivia Fernández Hernández, y otros tres miembros de la Junta de Gobierno (JG). Entre las renuncias de la JG se encontraban el presidente Carlos Pérez, el vicepresidente Carlos H. Del Río y Frank Catalá.
Tras su renuncia, Fernández Hernández quedó relevada del posible desacato al que se enfrentaba por incumplir una orden del Tribunal Apelativo, que exigía la apertura de los portones del Recinto de Río Piedras a más tardar el 11 de mayo. Ante el incumplimiento, el tribunal ha fijado una multa de $1,000 por cada día que se mantenga la UPR cerrada.
La jueza Lauracelis Roques indicó que la multa continúa y el pleito seguirá su curso una vez se ocupen las vacantes en la presidencia de la UPR, la Junta de Gobierno y la rectoría del Recinto de Río Piedras. Cabe destacar que, igualmente, se ha indicado que los directivos de la Universidad se exponen a prisión de no acatar la orden.
Ante toda esta situación y la incertidumbre, en la madrugada del 23 de mayo, se movilizaron decenas de estudiantes y personas solidarias con la huelga a los portones riopederenses. Esto, luego que corriera un rumor de que la UPR había contratado seguridad privada para abrir y desalojar el recinto para cumplir con la orden judicial. Sin embargo, el día transcurrió sin incidente alguno de violencia y la Junta de Gobierno aseguró que el rumor era incorrecto.
Por otro lado, el pasado miércoles, 26 portavoces y representantes estudiantiles se reunieron con la Junta de Control Fiscal, liderada por su presidente José Carrión III. Tras el cónclave, los estudiantes manifestaron que la JCF desconocía de las leyes y realidades que rigen el primer centro docente del País.
Para añadir a la abultada agenda de la semana, el estudiantado riopedrense se reunirá hoy en asamblea para decidir si continuará la huelga o se levantará la paralización. De la misma forma, los participantes del cónclave tendrán la oportunidad de determinar si se aceptan o rechazan los preacuerdos a los que ha llegado la Mesa de Diálogo Multisectorial.
La paralización en la UPR se debe al rechazo al recorte de $450 millones de su presupuesto, exigir la auditoría de la deuda de Puerto Rico, entre otros reclamos.
