En cuatro ocasiones se les ha consultado a los puertorriqueños si desean cambiar el estatus actual de la Isla. Sin embargo, los resultados obtenidos en cada uno de los procesos quedaron en el limbo, independientemente de lo que el pueblo haya elegido.
Así lo aseguró el profesor de Ciencia Política del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPRRP), José Javier Colón, quien indicó que el proceso eleccionario será “una especie de encuesta cara para retratar dónde está el electorado de Puerto Rico en un momento dado sobre el tema de estatus”.
“En general, la perspectiva del estatus sobre la cual está montado este plebiscito para poder resolver los problemas económicos de Puerto Rico es resolver la situación colonial. Así que en ese sentido para los que están promoviendo el plebiscito, el hecho de que haya una crisis económica no es un obstáculo, sino al contrario. Los que promueven el plebiscito ven la crisis económica más bien como la demostrativa de la crisis del modelo colonial”, expresó Colón.
El profesor añadió que el problema que tiene el plebiscito —que se realizará el próximo 11 de junio— es la falta de consenso sobre el procedimiento a utilizar, porque el Partido Nuevo Progresista (PNP) es el único que está participando activamente en la consulta. “Eso va a levantar muchas banderas y muchas inquietudes cuando se lleve el resultado plebiscitario a Estados Unidos para tratar de validarlo como algo que realmente exprese la voluntad del electorado. Así que por ahí hay un problema”.
El experto explicó que otra problemática en torno a la consulta del estatus es la perspectiva del Congreso de Estados Unidos. Según Colón, el Congreso parece que está en una posición distinta, pues, según los términos de Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (o Promesa, por su acrónimo) la prioridad de Puerto Rico es resolver la crisis fiscal y el problema de impago y quiebra para estabilizar las finanzas y poder regresar al mercado financiero.
“Es anticipable que el Congreso no esté muy animado a redimir el tema mientras esté en plena vigencia los términos de Promesa y las medidas que está tomando la Junta de Control Fiscal (JCF)“, indicó.
De las cuatro consultas anteriores, en las primeras dos prevaleció el Estado Libre Asociado (ELA). La primera fue el 23 de julio de 1967 y la segunda el 14 de noviembre de 1993. En la tercera consulta, realizada el 13 de diciembre de 1998, se incluyó por primera vez la alternativa de la libre asociación. Sin embargo, en esa ocasión la inclusión de una quinta columna llamada “Ninguna de las anteriores”, obtuvo el 50.5% de los votos.
El cuarto intento se dio bajo la administración del exgobernador Luis Fortuño y ocurrió el 6 de noviembre de 2012. Este ejercicio se compuso de dos preguntas realizadas el mismo día de las elecciones.
La primera pregunta decía: ¿Está usted de acuerdo con mantener la condición política territorial actual (ELA)? El 54% de los electores en aquel entonces votaron por el “No”, mientras que el 44.04% marcó el “Sí”.
En la segunda pregunta se mencionaba las opciones no territoriales que se preferían. Las alternativas fueron: que Puerto Rico se convirtiera en un estado de Estados Unidos, el ELA Soberano y la independencia. Fue aquí donde la estadidad se impuso por primera vez con el 61.13% de los votos sobre el ELA soberano que obtuvo el 33.32% y la independencia que tuvo el 5.54%.
Los resultados de esta consulta dieron paso a que el Congreso de los Estados Unidos y el expresidente Barack Obama aprobaran el “Consolidated Appropiations Act” en el 2014, el cual estableció los requisitos para que se realizara el próximo plebiscito del domingo, 11 de junio.
Al ver los resultados de los pasados intentos, Colón explicó que para esta ocasión el Gobierno de Puerto Rico está tratando de que esta consulta se entienda como “un proceso vinculante y que de alguna forma obligue al Gobierno de Estados Unidos a responder a la petición que se hiciera en el plebiscito”.
El factor económico
Para la presidenta interina de la Asociación de Economistas de Puerto Rico, Martha Quiñones, ya se sabe cuál va a ser el resultado puesto que solo votará un sector de las ideologías políticas. “Además, en Estados Unidos no le van a ver vinculación a ese resultado lo cual significa que allá no lo van a aceptar por lo tanto es un gasto innecesario”.
“En Puerto Rico lo están celebrando como una promesa de campaña y en realidad esa promesa de campaña podían haberla evitado y seguir así con otro tipo de actividades que fueran en beneficio de la población. Aquí los únicos que están ganando son los publicistas porque la promoción de la estadidad la vemos en la televisión, la vemos en la radio, la vemos en la prensa… Los publicistas son los únicos que están ganando, el pueblo está perdiendo con un plebiscito donde tiene que gastar dinero que no beneficia a la sociedad y que al fin y al cabo no es vinculante. ¿Por qué ahora va a costar más si ahora va a participar menos gente? Esa es la pregunta que hay que hacer”, manifestó Quiñones.
Por su parte, Colón indicó que la razón primordial por la cual el Gobierno de Puerto Rico acudió al Departamento de Justicia Federal fue para buscar una opinión favorable del plebiscito y apoyo económico, pero ninguna de las dos ha llegado.
“En términos generales, indicó que las definiciones originales que tenía el plebiscito no contaban con lo que era la política pública del gobierno federal”, mencionó Colón. También destacó que todavía el departamento no ha expresado su posición de forma final en torno a la manera en que quedó definida la papeleta electoral.
Inicialmente, la propuesta de consulta bajo la Ley para la descolonización inmediata de Puerto Rico —ahora Ley 7 del 2017— del gobernador actual Ricardo Rosselló Nevares, exponía como únicas opciones, elegir la estadidad o la independencia. Pero esta tuvo que ser enmendada luego de que el pasado abril se incluyera en una tercera columna la alternativa del “Actual Estatus Territorial”.
Ante esto, Colón aclaró que esa es la razón por la cual no ha habido un desembolso de $2.5 millones de parte del gobierno federal. Sin embargo, indicó que los fondos se hubieran producido si el Departamento de Justicia Federal hubiera dicho que el proceso y las definiciones cumplían con la política pública federal.
“Al no obtener esa certificación, el plebiscito se hace con dinero exclusivamente del Fondo General de Puerto Rico”, mencionó Colón.
Según la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Liza García, el costo del plebiscito ronda los $7,715,042 millones contrario al costo original que Rosselló Nevares indicó que era alrededor de $5 millones. Al momento, $5.3 millones fueron designados bajo la asignación especial de la elección general. No obstante, la CEE aún espera los $2.5 millones federales que serían emitidos si así lo decide el Departamento de Justicia Federal.
Ante esto, Quiñones expresó que “realmente no estamos estimando correctamente los costos y seguimos malgastando el dinero de Puerto Rico. Es una pérdida de recursos económicos”.
Para el proceso, se utilizará el sistema de escrutinio electrónico como método de votación cuya impresión de las 2.5 millones de papeletas costarán alrededor de medio millón de dólares. La CEE tiene 2 millones 269 mil electores registrados.
