Miembros de la Junta Universitaria –al momento, el único foro de gobernanza a nivel sistémico en funciones de la Universidad de Puerto Rico (UPR)– criticaron ayer el modus operandi de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares tanto desde La Fortaleza como desde la Asamblea Legislativa, pues ninguna de las dos ramas ha respondido por la incertidumbre presupuestaria y gerencial que impera en el primer centro docente del país.
Es el mismo proceder que han demostrado la Junta de Control Fiscal (JCF) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), agregó Mario Medina Cabán, rector de la UPR en Cayey y quien, junto a los restantes rectores –y decano, en el caso del Recinto de Río Piedras–, lideró una conferencia de prensa luego de una reunión de la Junta Universitaria en el Recinto de Ciencias Médicas.
La JCF no ha contestado las peticiones para reunirse con la Junta Universitaria o con el Cuerpo de Rectores. En el caso de la OGP, ha cancelado las reuniones coordinadas con el equipo fiscal de la UPR.
“El pasado jueves [8 de junio], la directora interina de la Oficina de Presupuesto y el director interino de la Oficina de Finanzas tenían una reunión con la OGP para dilucidar cuál sería el cuadro presupuestario y, pues, no se dio”, indicó Medina Cabán, quien catalogó la movida de la agencia y de la administración actual en general como una “falta de transparencia y de claridad en cuanto a lo que el gobierno visualiza será el presupuesto de la UPR”.
Informó, empero, que la agencia ahora mantiene que el recorte será de $202.7 millones.
Sin una Junta de Gobierno operante –y por consiguiente sin presidente–, con tres presupuestos distintos para el próximo año fiscal que inicia en poco más de dos semanas –cada uno con un recorte millonario más severo que el anterior– y sin un diálogo entre el gobierno y personal de la UPR para discutir estos temas, la situación en la institución es una sin precedente.
La OGP, junto a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, había adelantado en abril que desde el 1 de julio la UPR vería un recorte presupuestario de $149 millones. En el presupuesto recomendado por Rosselló Nevares con cargo al Fondo General se detalla que ese recorte sería de $202.7 millones. Y la Resolución Conjunta 187 de la Cámara de Representantes propone otro ajuste de $227 millones de esa misma partida de ingresos.
No obstante, Medina Cabán reconoció a preguntas de Diálogo que a la UPR no se le ha explicado cómo estos reducciones presupuestarias toman en cuenta que, por la Ley 66 del 2014 y la Ley 3 del 2017, las transferencias del Fondo General a la UPR se congelaron en $833.9 hasta el 2021.
En el caso de la Cámara de Representantes (que propone $606,135,000) y del presupuesto recomendado por el gobernador (que asigna $669,713,000), ambas cifras van por debajo de los $833.9 millones con cargo al Fondo General. Si se parte de la premisa que esta cantidad fija es la correcta –algo que no se ha aclarado–, el ajuste presupuestario ventilado por Rosselló Nevares sería de $164.2 millones y no de $202.7 millones. Este último número está predicado en la diferencia con respecto a los $872.4 millones –y no $833.9 millones– asignados al presupuesto corriente por la pasada administración.
El panorama se complica toda vez que las comisiones de Hacienda de la Cámara de Representantes y del Senado cancelaron las vistas de presupuesto de la UPR –que estaban coordinadas para el pasado sábado 10 de junio– y, en cambio, se le notificó ese mismo día a la Oficina de Presupuesto de la Administración Central que sometiera un memorial del presupuesto mañana. Esto, antes de que la Asamblea Legislativa decidiera ayer recesar hasta el 22 de junio.
De acuerdo con Cabán Medina, varios rectores han hablado con senadores y representantes, quienes les han confirmado que la UPR no tendrá una vista de presupuesto después del receso.
Se desconoce asimismo si ese memorial de presupuesto estará listo para hoy, sostuvo el rector de la unidad cayeyana. La Junta Universitaria ha solicitado ese documento para poder discutirlo entre los once representantes estudiantiles, los once representantes claustrales, y los once rectores que componen ese cuerpo, y de esa forma, que tuviera un insumo multisectorial, pero no sucedió.
No contemplan escenario fuera de los $149 millones
Las unidades de Río Piedras, Bayamón, Carolina y Ponce ya presentaron ante el Comité de Presupuesto de la Junta Universitaria sus respectivos presupuestos, todos basados en un recorte de $149 millones a la UPR. Los directivos de esas dependencias coincidieron en que ha logrado mantener las operaciones principalmente congelando plazas de profesores y empleados que se acogieron a la jubilación.
Ante la eventualidad de que sean $202.7 millones, Medina Cabán explicó que se reducirían las partidas destinadas al servicio de la deuda de la UPR para mitigar el ajuste.
La deuda de la UPR es de $496 millones, menos de 1% de los $74 mil millones de la deuda pública. Este año fiscal, el servicio a la deuda de la universidad estatal es de $64.4 millones, que se garantiza con los ingresos propios de la institución –entre estos, la matrícula, que solo este año rondó los $84 millones–.
Niegan que reuniones de la Junta Universitaria sean ilegales
Mientras, el rector de la UPR en Carolina y presidente pro tempore de la Junta Universitaria, Moisés Orengo Avilés, rechazó la “opinión legal” que, alega, sometió la Oficina de Presidencia a petición de la secretaria ejecutiva de ese cuerpo, Ana Falcón, y que plantea que las reuniones de ese organismo son ilícitas.
“Anoche recibí una comunicación de parte de Falcón donde me indicaba que para la reunión de hoy no iba a haber los apoyos usuales de la secretaría ejecutiva porque no lo habían autorizado. Quién no lo había autorizado, no me dijo”, sostuvo Orengo Avilés.
“Ella también hacía alusión a que había una opinión legal [adversa] con respecto a la reunión de la Junta Universitaria. Nosotros pedimos una opinión legal antes de comparecer a la primera reunión de la junta convocada por la [entonces] presidenta Nivia Fernández el 31 de mayo. En esa opinión legal se rectifica la legalidad de esa reunión y de la constitución de la Junta Universitaria”, agregó el rector del campus carolinense.
Orengo Avilés señaló que se está solicitando a Falcón la entrega de la opinión legal y la petición hecha a esos efectos.
“No sé sabe en estos momentos quién dio ordenes de qué para pedir una opinión legal”, recalcó Medina Cabán. “La ley de la UPR es clara en su artículo 6 que la Junta Universitaria tiene la potestad legal de autoconvocarse”, sumó.
Diálogo solicitó una reacción de La Fortaleza sobre las críticas de la Junta Universitaria con relación al proceder de la actual administración, pero al momento no se ha recibido respuesta.
