Las ocho unidades de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que se encontraban en probatoria para el acceso de fondos federales bajo el Título IV recibieron un aval provisional por parte del Departamento de Educación Federal para reinstalar su elegibilidad a este programa.
Según un comunicado de la administración de la UPR, la certificación provisional es válida hasta el 31 de diciembre de 2018 y aplica al Recinto de Río Piedras y las unidades de Arecibo, Bayamón, Carolina, Cayey, Humacao, Ponce y Utuado.
La información trascendió luego de una reunión que ayer tuviera el presidente interino de la UPR, Darrel Hillman Barrera, con oficiales del Departamento de Educación Federal en la que se discutieron aspectos relacionados con la administración de los fondos del Título IV. El cónclave informativo se llevó a cabo en tres rondas en las que participaron los rectores interinos y directores de finanzas de las once unidades de la UPR, personal de la vicepresidencia en Asuntos Académicos y los presidentes o representantes de los Consejos Generales de Estudiantes del sistema universitario.
Los representantes del Departamento de Educación Federal presentes en la reunión, que se llevó a cabo en la Administración Central de la UPR, fueron Joel Harrell, consejero sénior del Grupo de Experiencia de Clientes, Marcia Boyd, directora de la División “Minority-Serving and Under Resourced Schools”, y Eric Santiago, coordinador del Proyecto de Título IV para Puerto Rico.
Con el certificado provisional, todas las unidades ya están en cumplimiento con todos los requisitos del Departamento de Educación Federal y podrán tramitar becas y programas de asistencia económica que reciben fondos federales y que fueron puestos en pausa debido a interrupción de la actividad académica durante la huelga del pasado semestre.
De acuerdo con la comunicación, la UPR habrá de solicitar y completar el ciclo de certificación del Departamento de Educación Federal el 30 de septiembre de 2018.
Por su parte, para la presidenta del Consejo General de Estudiantes (CGE) del Recinto de Río Piedras, Wilmarí De Jesús, aun con la aprobación de la certificación provisional “quedan lagunas referentes a la parte administrativa”, especialmente con el desembolso de fondos federales del Programa de Estudio y Trabajo.
Estos fondos fueron congelados durante la huelga estudiantil que detuvo las labores académicas entre marzo y junio de este año. De acuerdo con De Jesús, el Departamento de Educación Federal le requirió a la UPR realizar el desembolso de estos pagos como condición a los procesos de certificación de Título IV.
Sin embargo, De Jesús precisó que solicitaron una reunión con la administración universitaria para aclarar las dudas con relación a los desembolsos en aras de conocer cómo se trabajarán esas partidas presupuestarias.
Asimismo, la presidenta del CGE del recinto riopedrense dijo a Diálogo que el ente federal quiere que la universidad demuestre que “están solubles a nivel fiscal que es precisamente el mismo señalamiento que nos está haciendo la Middle States [Commission on Higher Education]”.
A su vez, explicó que otra de las condiciones que la institución deberá cumplir de ahora en adelante es que los nuevos programas académicos cumplan con un escrutinio por parte del ente federal.
“Una vez pase por el Consejo de Educación Superior [el nuevo programa académico] tiene que ir al Departamento de Educación Federal que va a revisar que el programa cuente con todos los renglones necesarios. Entonces, ahí ellos dan permiso para que se puedan solicitar ayudas federales en ese programa en específico”, expuso De Jesús.
No obstante, la también estudiante de Economía en el Recinto de Río Piedras se mostró complacida con la participación y la información provista por los representantes del Departamento de Educación Federal a los estudiantes concejales.
Dijo que los funcionarios contestaron todas las preguntas y preocupaciones de los alumnos en torno a las consecuencias que la universidad podría enfrentar si se demuestra que no está fiscalmente estable.
A pesar de que son varios renglones lo que se afectarían si no se cumplen las metas financieras, la líder estudiantil explicó que el personal del Departamento de Educación Federal alertó que “el último escalón es que perder las ayudas federales”.
Ocho de las unidades de la UPR perdieron su elegibilidad a las ayudas económicas federales del Higher Education Act of 1965 (HEA) luego de diversas paralizaciones en los servicios académicos durante la huelga estudiantil que se llevó a cabo entre marzo y junio de este año. Esta pérdida de elegibilidad se basa en las disposiciones del código federal 34 C.F.R. § 668.26 (a)(1)(iii).
El pasado 21 de julio el Recinto de Río Piedras fue notificado de su reinserción a los fondos federales de Título IV del Departamento de Educación Federal. Por su parte, los campus de Arecibo y Ponce fueron notificados el 25 y 27 de julio, respectivamente. Mientras tanto, las unidades de Bayamón, Carolina, Cayey recibieron el visto bueno el pasado 28 de julio, de acuerdo con el oficial de prensa, Ángel Hoyos. El campus de Utuado también fue notificado el 28 de julio. En cuanto a Humacao, según su oficial de prensa Jocelyn Ponce, la unidad fue reinsertada a los fondos de Título IV el pasado viernes, 4 de agosto.