El pago de la deuda podría reducirse a cero a corto plazo, cuando la Junta de Control Fiscal haga modificaciones al plan fiscal para reajustarlo al nuevo panorama del país tras la crisis humanitaria provocada por el paso del huracán categoría 4 por la isla. Así lo anticipa Matt Fabian, jefe de investigación de la firma Municipal Market Analytics (MMA) que ha seguido de cerca el caso de Puerto Rico desde hace varios años.
“Todo cambia con María”, afirmó. “El daño que causó el huracán a Puerto Rico es lo suficientemente grande como para poner a un lado las consideraciones de los bonistas y el gobierno por meses o, potencialmente, por mucho más tiempo. Con un aparente colapso en casi todas las operaciones gubernamentales, habrá cero pagos para la mayoría de los bonistas en el futuro inmediato”, indica un informe de MMA publicado una semana después del paso de María.
Las firmas de inversión que reclaman pagos de deuda del gobierno bajo el Título III podrían acomodarse al desastre del país convirtiéndose en inversores.
“Algunos de los fondos de cobertura compraron bonos de Puerto Rico porque estaban optimistas sobre el futuro de la isla, así que podrían convertirse en inversores importantes para la reconstrucción”, dijo Fabian al Centro de Periodismo Investigativo.
Algunos fondos de cobertura que forman parte de los grupos que reclaman deudas en el proceso de quiebra del gobierno son inversionistas en los sectores de la energía, el petróleo y la infraestructura; como Whitebox Advisors que forma parte del Cofina Seniors Bondholders Coalition y es propietario del 10% de Par Pacific Holdings, productora de gas y petróleo, y Aurelius Capital, que tiene intereses en Petrobras y forma parte del Ad Hoc de Bonos de Obligación General.
Además, Fabian alerta que la destrucción causada por María en la infraestructura de electricidad, que dejó a toda la isla a oscuras y cuya restauración tardaría meses, podría acelerar la privatización completa o parcial de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
“Debido a que ahora hay menos activos para convertir en dinero, una privatización en el plazo inmediato, iría en detrimento de los bonistas existentes (de la AEE)”, anticipa el informe.
Cuando la recuperación y las operaciones de reconstrucción concluyan, podría haber un proceso de reestructuración de la deuda más “cooperativo”, ya que “de todas formas los bonistas tendrán pocas opciones cuando el tribunal federal, razonablemente, muestre menos empatía con los acreedores de Estados Unidos en comparación con los bonistas de la isla luego del huracán”, dice el informe de MMA.
Laura Taylor Swain, la jueza federal que preside el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico, ya se mostró empática con la situación del país al declarar que la isla pasa por una “crisis humanitaria mucho más grave” que la que ya atravesaba debido a la deuda de más de $73 mil millones que enfrenta el gobierno, según la orden donde Swain suspendió hasta nuevo aviso la vista que se llevaría a cabo el 4 de octubre en el Tribunal Federal de San Juan.
Esto da a entender que, para Swain, ya existía una crisis humanitaria en el país antes del azote del huracán debido a la deuda monumental que enfrenta la isla.
“Estos ciudadanos estadounidenses, que estaban en el proceso de reestructurar su deuda de miles millones a través de los procesos del Título III de PROMESA con la esperanza de salir de una crisis económica de proporciones sin precedentes, ahora se enfrentan a una crisis humanitaria mucho más grave, y esto amenaza su ya complicado camino de regreso a la estabilidad económica”, declaró Swain.
El informe de Fabian añade que un reajuste hipotético de PROMESA será en beneficio del Estado Libre Asociado y no de los acreedores. Tras el paso del huracán, la Junta de Control Fiscal autorizó el uso de mil millones de dólares para cubrir costos de recuperación, “una medida que podría no caer bien a los bonistas”, sugiere Fabian.
El 30 de septiembre, la Junta de Control Fiscal pospuso “cualquier discusión de reducción de jornada hasta el próximo año fiscal y está retirando la demanda relacionada”, otra medida que podría no caer bien a los bonistas.
A corto plazo, Fabian estima que la inyección de dinero por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), el Congreso y de aseguradoras privadas, estimulará el crecimiento económico y el recaudo de impuestos a corto y mediano plazo. Pero la migración de residentes que pagan impuestos provocará recaudos más débiles por al menos los próximos cinco años.
“A largo plazo, hay una gran probabilidad de que la población de Puerto Rico caiga por debajo de los 3 millones. Esto significa que la economía local se verá en aprietos incluso con la infraestructura reconstruida. Además, existe la posibilidad de que grandes empresas abandonen la isla para evitar tormentas en el futuro”, dijo Fabian en una ampliación del informe al Centro de Periodismo Investigativo.
