La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro) radicó una querella administrativa contra la teniente de la Policía de Puerto Rico, Clarisa Ortiz, luego de que esta recurriera a amenazas e intimidación contra un miembro de la prensa para exigir la eliminación de una noticia.
De acuerdo con un parte de prensa, la querella fue radicada el pasado viernes 27 de octubre por el bufete Rodríguez & Rodríguez C.S.P., en representación de la Asppro y del periodista que fue objeto de intimidación por parte de una teniente uniformada y armada en el centro de comando del gobierno habilitado en el Centro de Convenciones de Puerto Rico.
Los incidentes ocurrieron el pasado sábado, 30 de septiembre, cuando se publicó una noticia, que el gobierno alegaba falsa, sobre un derrumbe en Yauco, que había dejado cubierta de fango a toda una comunidad en la región montañosa. La noticia informaba que la Guardia Nacional de Puerto Rico trabajaba fuertemente en despejar la zona y desconocía al momento cuántas personas habían muerto de 200 que vivían allí.
La Oficina de Prensa de La Fortaleza publicó esa misma noche un comunicado de prensa desmintiendo los hechos, aunque posteriormente el secretario de la Gobernación, William Villafañe, admitió que se trató de un “error” porque, en efecto, había ocurrido un derrumbe.
Esa noche del 30 de septiembre, el periodista fue asediado por alrededor de diez oficiales del gobierno y la teniente Ortiz, quien le comenzó a cuestionar de forma agresiva e intimidante sobre sus fuentes. Ortiz lo amenazó incluso con llevárselo arrestado si no removía la noticia del periódico digital.
Los abogados de los querellados Hugo Rodríguez Díaz y Alejandro Suárez Vincenty advirtieron que “el proceder de la teniente Ortiz constituye una crasa violación a los derechos civiles y constitucionales que le asisten al periodista y una intromisión ilegal y peligrosa con el quehacer periodístico de Puerto Rico”.
“Ningún miembro de la Policía de Puerto Rico está facultado para, so color de autoridad pública en el descargo de sus funciones, ordenar a miembros de la prensa eliminar artículos periodísticos y a publicar notas aclaratorias bajo amenaza de arresto y uso de la fuerza”, agregaron.
Asimismo, recalcaron que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos garantizan el derecho a una prensa libre de restricciones ilegales y arbitrarias como las que ocurrieron la noche del 30 de septiembre.
Peor aún, llamaron la atención al hecho de que tanto el secretario de la Gobernación como la secretaria de Prensa, Yennifer Álvarez, estuvieron presentes en el centro de comando del gobierno esa noche, advinieron en conocimiento de estos sucesos y excusaron el comportamiento ilegal de la teniente de la Policía. Villafañe se limitó a afirmar que “es ella la que te está presionando”, mientras que Alvarez le dijo al periodista que cuando la teniente amenazó con su arresto “era molestando”.
Ante estos hechos, la presidenta de la Asppro, Damaris Suárez, señaló que ninguna violación a la libertad de prensa pasará por desapercibida ni debe ser excusada por parte del gobierno.
“Ningún funcionario de gobierno tiene la autoridad de decidir qué se publica y qué no. Mucho menos para sacar una nota de circulación bajo amenaza de arrestar al periodista. La teniente utilizó su poder para intimidar al colega, lo que representa un inaceptable ataque frontal a la libertad de prensa. Lamentablemente, los oficiales gubernamentales actuaron de cómplices, en lugar de condenar estos actos y tomar las acciones pertinentes”, expuso Suárez.
Una copia de la querella relatando estos hechos fue enviada a la comisionada de la Policía de Puerto Rico, Michelle Hernández; a la directora ejecutiva de la Oficina de Reforma, coronel Clementina Vega Rosario; y al asesor técnico de cumplimiento, Arnaldo Claudio.
La Asppro decidió proteger la identidad de la víctima para evitar represalias adicionales.
Reacciona Pesquera
El secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, reaccionó a la querella radicada por el gremio periodístico y precisó que “está en su debido proceso y una vez culmine la investigación se tomarán las determinaciones que correspondan”.
Mediante un escueto comunicado, Pesquera también señaló que “no consiento ni tolero ninguna acción que vaya en contra de los derechos constitucionales que nos cobijan”.
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