Un cuerpo creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) tuvo que superar recientemente el obstruccionismo de la Unión Europea para poder encauzar la discusión de un tratado sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas transnacionales.
El grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta para avanzar hacia ese tratado, fue creado en junio de 2014, a instancias de un conjunto de países que lideraron Ecuador y Sudáfrica, por el Consejo de Derechos Humanos, el máximo organismo de la ONU en esa materia.
La resolución del consejo especifica que el grupo debe elaborar “un instrumento internacional legalmente vinculante para regular, dentro del código internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y de otras empresas de negocios”.
En la tercera sesión del grupo, la disidencia europea focalizó esa descripción de las empresas que son objeto del mandato recibido por el grupo de trabajo sobre sociedades transnacionales y otras empresas que debe promover el tratado.
Un delegado de la Unión Europea (UE) reclamó que el documento de trabajo de esta tercera sesión del cuerpo contenga una nota de pie de página con referencia precisa de “las empresas transnacionales y otras empresas”.
“La UE entiende que las discusiones no pueden limitarse a las empresas transnacionales, pues muchos abusos son cometidos por empresas de nivel nacional”, dijo el representante de Bruselas.
La delegación de Sudáfrica replicó que la pretensión europea era inaceptable “pues lo que necesitamos es comenzar a trabajar. Todo este tema corresponde a las posiciones nacionales de negociación de nuestros colegas europeos”, agregó la diplomática sudafricana.
La cuestión se tratará “cuando lleguemos a los debates sobre la substancia de las negociaciones”, insistió.
Brasil también fue rotundo. “Estamos aquí para discutir cómo y por qué necesitamos un nuevo marco para las compañías transnacionales y toda clase de empresas. Y el mismo título del grupo de trabajo ya abarca a todas las compañías”, expresó la delegada brasileña.
El debate del cuestionamiento europeo ocupó gran parte de la sesión matutina del grupo de trabajo. El diferendo se terminó provisoriamente pasado el mediodía cuando el presidente de la sesión, Guillaume Long, jefe de la misión diplomática ecuatoriana en Ginebra, consiguió que los europeos pospusieran su reclamo.
“Lo que observamos hoy ya ocurrió en 2015, durante la primera sesión del grupo de trabajo”, recordó Tom Kucharz, miembro de la secretaria europea de Podemos, la tercera fuerza política de España.
“Ponen como excusa un pie de página cuando en realidad lo que reclaman ya está recogido en el título del grupo de trabajo. Pero bien saben que es un detalle que puede hacer explotar el proceso” de elaboración del tratado, interpretó Kucharz.
El político, que asesora a Podemos en el Parlamento Europeo, sostuvo que la UE obra de esa manera porque “no quiere hablar de los impactos y de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y de la destrucción ambiental de las empresas multinacionales de la Unión Europea”.
Por el contrario, “quiere hablar de las empresas estatales de China, de Brasil o de Sudáfrica. Sabe perfectamente que todo eso puede hacer volar por los aires toda la negociación. Y eso es lo que quiere conseguir la UE”, completó Kucharz.
Las demandas europeas fueron compartidas por Australia, Noruega y México, que se diferenció del resto de países del grupo latinoamericano y caribeño.
Todas las tentativas por verificar el acatamiento de las transnacionales a las normas globales sobre derechos humanos han tropezado en las últimas décadas con la firme oposición de las naciones industrializadas, con la excepción de efímeros avances durante la década de los 70.
Lo único que han concedido los países sede de las transnacionales ha sido un conjunto de Principios Rectores, aprobados en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos. Pero esas expresiones carecen de obligatoriedad y son meramente voluntarias.
En junio, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que vigila el acatamiento de las reglas del Pacto Internacional del mismo nombre, aprobó una interpretación que atribuye obligatoriedad a ese cuerpo jurídico y por ende a todo el resto de la arquitectura de los derechos humanos.
El redactor de la interpretación y miembro de ese consejo, el experto belga Olivier De Schutter, aseguró en ese momento que la interpretación tiene carácter vinculante.
“Tal carácter solo quedara confirmado cuando el mismo cuerpo o alguna jurisdicción judicial de un estado miembro del pacto lo reconozcan en un dictamen”, explicó.
La principal figura detrás del proyecto de tratado vinculante sobre las transnacionales, la actual ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa, no mostró mayor preocupación por el efecto de la ofensiva europea del lunes 23 de octubre.
Espinosa, que presidió el grupo de trabajo en su primera sesión de 2015, cuando dirigía la misión ecuatoriana en esta ciudad dijo a IPS que “yo esperaría que no” perjudique los resultados del proceso.
“Creo que es muy importante para nosotros el papel de la Unión Europea, pues hay una gran flexibilidad”, apuntó.
“Desde el inicio, la UE ha tenido una serie de exigencias para comenzar el proceso. Lo que estamos esperando es que participe de manera constructiva, no obstaculice y aporte con la gran experiencia que tienen los países del bloque en este tema, en los aspectos regulatorios en relación a las transnacionales”, observó Espinosa.
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