Whitefish revela grietas en liderato de Ricardo Rosselló

Puerto Rico está a la deriva. Las decisiones tomadas por el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares denotan una mala administración de política pública, dicen expertos consultados por Diálogo. Las irregularidades sobran, añaden. Dudas de liderazgo afloran en el Congreso de Estados Unidos. Millones de dólares mal administrados. Y a 46 días del azote del huracán María, los puertorriqueños aún esperan por un plan efectivo para reconstruir lo que alguna vez llamaron: “La Isla del encanto”.

El polémico contrato de la empresa Whitefish Energy Holdings ha levantado bandera sobre las capacidades de dirección de Rosselló Nevares. Fueron $300 millones que se otorgaron sin auditar y del que ahora nadie quiere tomar responsabilidad.

“Mi madre diría: ‘Esto llora ante los ojos de Dios’. Es escandaloso. Representa lo peor, de lo peor, en el mundo de la administración pública. La Autoridad [de Energía Eléctrica], de su director y su gobernador, están como Fuenteovejuna porque ahora nadie sabe nada. Es increíble. Ahora nadie es culpable de nada. Es un mal ejemplo de cómo se deben hacer las cosas”, sentenció el catedrático retirado de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Mario Negrón Portillo.

Al momento de la contratación, la compañía Whitefish, del estado de Montana, solo contaba con dos empleados a tiempo completo. Había sido fundada hace dos años y nunca había tenido ante sí la responsabilidad de restablecer el servicio eléctrico de un País cuya infraestructura estaba destruida casi en su totalidad.

A seis días del azote de María, que colapsó el sistema de telecomunicaciones y dejó incomunicados a los boricuas, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) suscribió el contrato con la empresa estadounidense. A esa fecha, la Junta de Gobierno de la corporación pública aún no había podido reunirse. La decisión fue tomada por su director ejecutivo, Ricardo Ramos, quien se resguardó bajo poderes de realización de contratos por encontrarse el País en un estado de emergencia.

Sin embargo, la Orden Ejecutiva 53 –que exime a contratistas, agencias y corporaciones de cumplir con las regulaciones que imperan en los procesos de contratación gubernamental– fue firmada por Rosselló Nevares el 28 de septiembre.

Según ha declarado Ramos en conferencias de prensa, la contratación de Whitefish se dio por ser la única alternativa viable y accesible días posteriores a la devastación. Ha dicho, además, que no se pudo concretar la “ayuda mutua” de la Asociación Americana de Utilidades Eléctricas (APPA, por sus siglas en inglés), que agrupa varias organizaciones de servicios públicos y de la cual la AEE es miembro. Sin embargo, la APPA comentó que no había sido contactada hasta el 30 de octubre.

Pero la contradicción vuelve a relucir. El 23 de septiembre el gobernador dijo que recibió disposiciones de ayuda energética de Canadá, República Dominicana y España. Cuba también se puso a disposición del gobierno puertorriqueño. Ninguna ayuda se concretó.

Diálogo tuvo constancia de otras dos agencias que se hicieron disponibles al gobierno para ayudar a restablecer el sistema eléctrico, pero que –aparentemente– nunca recibieron devuelta ni las gracias.

“Oficiales de la junta de gobierno de una utilidad pública de Arizona nos dijeron que habían cursado sendas cartas ofreciendo celadores y apoyo técnico con la emergencia a PREPA (siglas en inglés para AEE). Al día de hoy el gobierno de Puerto Rico no ha contestado las cartas. También, la unión federal de electricistas del gobierno mexicano –y hemos visto las cartas– y al día de hoy no tienen respuestas”, comentó Cecilio Ortiz, miembro del comité timón del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña (INESI).

Para Ortiz –doctorado en Administración Pública en Arizona State University– es momento de que Rosselló Nevares deje “los embustes” y de “inventar” políticas y reglas para atender la hecatombe. “María es una emergencia para Puerto Rico, pero María no es la única emergencia en territorio norteamericano. Todo el mundo vio las brigadas llegando a ayudar a Florida. De la misma manera surgió esa misma oferta para Puerto Rico”.

Volviendo a la trama, Ramos también detalló que algunas brigadas fueron rechazadas por requerir adelantos monetarios que la AEE no podía costear por tener una cartera de $500 millones para atender la crisis. Sin embargo, pagó $3.7 millones para movilización del personal Whitefish al País. La suma pagada por la Autoridad asciende hoy a unos $10.9 millones. Mientras, la pequeña compañía ya le ha facturado unos $20.8 millones.

La empresa Power Secure, a la que Ramos consideraba la “idónea” fue rechazada por requerir un adelanto de $25 millones.

No fue hasta el 17 de octubre que se firmó una nueva versión del contrato de Whitefish luego de que el ente rector de la AEE aprobara el acuerdo de manera retroactiva. La junta gubernamental de la autoridad se reunió 14 días después de ese fatídico 20 de septiembre.

Luego de que saliera a relucir el escándalo de la contratación de Whitefish, Rosselló Nevares aseguró públicamente que desconocía del contrato. También, se desvinculó del acuerdo la Casa Blanca. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), igualmente, negó haber revisado y aprobado el contrato que poseía una cláusula que estipulaba que sí lo había hecho. El Congreso y el FBI comenzaron, por separado, una investigación.

El desconocimiento del gobernador alteró a Negrón Portillo. “Como se le dijo a su papá: ‘o eres un inepto o tú sabes lo que está pasando y no quieres hacer nada’. Cuando un gobernador en medio de una crisis como esta no sabe que un director firmó un contrato de $300 millones, tú tienes graves problemas de política pública. Si Ricardo Rosselló se enteró después y no lo botó como bolsa, algo malo hay”, tronó.

Con él coincidió Ortiz a quien este proceso ni le cuadra, ni le tiene sentido. “No tiene conocimiento de un contrato de $300 millones en medio de una emergencia donde el principal objetivo, dicho por el propio gobernador, es el restablecimiento de la energía eléctrica: eso es irresponsable. Parecería que la irresponsabilidad es por diseño y es organizada”.

Para evitar distracciones en los trabajos de reconstrucción del País, Rosselló Nevares ordenó el 29 de octubre a la AEE cancelar el contrato de Whitefish, 34 días después de que se suscribiera el acuerdo. Previamente, había dicho que la Autoridad era autónoma y podía firmar contratos sin intervención directa del gobernador. Para el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Rafael Figueroa Jaramillo la intromisión de ejecutivo lacera la autonomía de la junta de gobierno de la corporación, dijo en entrevista radial.

“Si hubiese una política pública no hubiese sucedido el contrato de Whitefish”, sentenció Ortiz.

Puerto Rico urge una política pública energética

Y es que, según Ortiz, Puerto Rico no cuenta con una “política pública energética vigente, implementable, ni evaluable”.

Aunque manifestó que firmar un contrato con una subcontratista como Whitefish “no tiene nada malo”, el error estuvo en no tener claro “para qué y para dónde”. Asimismo, atribuyó parte de la problemática a las cúpulas donde se toman estas decisiones por estar “viciadas, altamente politizadas y sumamente cerradas”.

“[María] le quitó el velo a nuestra vulnerabilidad en términos de infraestructura y que Puerto Rico no tiene una política pública de manejo de emergencia, ni para la resiliencia energética de País”, argumentó.

Al hablar de resiliencia, Ortiz apuntó a la capacidad de recibir un golpe, absolverlo y, en tiempo razonable, aprender y adaptarse a la nueva realidad.

“El modelo de gobernanza puertorriqueño para bregar con emergencias no permite que se desarrolle una política pública sana y coherente para el País”, añadió el miembro directivo del instituto enfocado en energía.

Parecería, de acuerdo con Ortiz, que la estructura está hecha para que la gobernanza no se realice de una manera abierta a la sociedad, donde ha sido creada para el “lucro” y es “terreno fértil en miembros de la administración actual”.

La situación preocupa y más cuando toda la sociedad ha sido ensamblada con la infraestructura energética como su espina dorsal. Los autos necesitan del sistema para transitar en la noche por las vías públicas, los supermercados necesitan de la Autoridad para que las personas puedan abastecerse de alimentos, el sistema de acueductos y agua potable necesita de energía. No hay que ser cliente de la AEE para utilizar el servicio.

“La gente está muriendo. Entre las góndolas vacías, los cuerpos descomponiéndose en la morge, la incapacidad del Registro Demográfico de registrar nacimientos y la situación actual de nuestros universitarios, el factor común de todo ese andamiaje caído es la infraestructura energética. La Autoridad le sirve a toda la sociedad”, puntualizó.

A todo este enredo, se le suma que los boricuas están emigrando del País y no se ha visto un plan de contingencia por parte del gobierno.

“Hay unos sectores que están huyendo del País. Entre más gente tú le saques al sistema, entre más clientes tú le saques, más difícil se le va a hacer a la Autoridad salir del atolladero fiscal donde está. Si hay cada vez menos gente, ¿quién va a pagar”?, cuestionó.

Es por estas razones que Ortiz cree oportuna una “revolución energética de País” en la que se desarrollen políticas públicas basadas en justicia, resiliencia y participación amplia de todos los sectores –incluyendo a la rezagada Academia–, para no volver a edificar la misma sociedad.

“La politiquería necesita echarse a un lado para que nuevos actores entren a la discusión”, recomendó.

“Nos esperan días muy difíciles”

Puerto Rico se enfrenta al mayor desastre de su historia moderna. Una catástrofe que se suma a una crisis fiscal con una deuda pública de más de $74,000 millones que carga a cuestas. Y una economía maltrecha desde antes que recibiera el impacto del fenómeno atmosférico.

Por tal, los expertos exhortaron a que hoy, más que nunca, es un imperativo moral utilizar con rectitud el dinero del pueblo.

“Cada vez que el dinero público se maneja mal, quien pierde es el pueblo. La soga parte por lo más fino: nosotros”, zanjó Negrón Portillo.

“Pierden los más vulnerables. María ha azotado a todo el País, pero no de la misma manera”, apoyó Ortiz.

A 46 días de María, Rosselló Nevares no ha presentado un plan alineado y efectivo para levantar a Puerto Rico. Intentó crear la Ley para Atender Emergencias y Desastres en Puerto Rico, la cual fue derrotada unánimemente por el Senado por interpretarse como una usurpación de poderes entre las ramas políticas donde la mayoría recaería sobre Rosselló.

“Eso era una locura, iba en contra de un sistema como el nuestro de separación de poderes. La rama política que representa al pueblo es la Legislatura y de momento este proyecto quería quitarle los poderes. ¿Tú le estás pidiendo a la Asamblea Legislativa que se doblegue y le entregue los poderes al gobernador?”, criticó Negrón Portillo enérgicamente.

Estas “vergüenzas” –como las llamó el catedrático– ocurren cuando “tienes gente del sector privado, de tribunales, tomando decisiones de política pública” o si “no tienes la más mínima idea de lo que está pasando”.

Algo parecido sucedió con el toque de queda implantado por Rosselló Nevares el 30 de octubre, día antes de la festividad de Halloween, y que tuvo que enmendar al día siguiente por obviar a los negocios y la actividad económica que se levantaría por ser, también, la final de la Serie Mundial de béisbol.

“Mira el espectáculo de las escuelas de Puerto Rico, cómo a 42 días [día de la entrevista] tú no sabes qué escuelas utilizar y cuáles no. Esto es una locura”, soltó entre carcajadas.

Ante toda esta evidencia de “falta de preparación, “incapacidad”, “falta de experiencia”, “desfase” e “improvisación”, Negrón Portillo vislumbra que la Junta de Control Fiscal tomará cada vez más poder de la gobernanza de Puerto Rico.

Por ejemplo, el ente federal impuesto por el Congreso propuso a Noel Zamot, actual coordinador de revitalización de infraestructura bajo el Título V de Promesa, como “principal oficial de transformación” –o síndico– para la AEE. La designación, a la que se opuso el gobierno, está en manos de la jueza Laura Taylor Swain, quien preside el caso de reestructuración de deuda de la corporación pública.

 

“Yo creo que la Junta de Control Fiscal va a ir tomando más decisiones y tomando el control del gobierno de Puerto Rico. Podremos ver síndicos en otros departamentos, en Hacienda, en Educación. Es mi impresión y me gustaría equivocarme”, auguró.

“Es muy penoso. Nos esperan días muy difíciles”, lamentó Negrón Portillo.

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