Si algo “bueno” dejó el asole del huracán María en Puerto Rico es que la austeridad –es decir, la reducción del gasto público, el aumento en impuestos y la privatización de servicios a la ciudadanía– ya no será la única solución para reestructurar la deuda de $74 mil millones y estabilizar las finanzas públicas del país.
Ciertamente, la austeridad que se avecinaba con la ejecución del plan fiscal del gobierno central sigue siendo ineludible, pero la revisión de ese documento por la Junta de Control Fiscal (JCF) y la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares deberá considerar una estrategia para impulsar el desarrollo económico en la isla ante las realidades económicas y demográficas dejadas por el ciclón, plantearon varios economistas.
“Lo que María ha provocado es cambiar el énfasis de una dependencia exclusiva en la austeridad, a una austeridad que debe mantenerse pero [a la vez] balancearse con iniciativas de desarrollo que tengan sentido dentro de la incertidumbre en que estamos”, dijo ayer el economista Joaquín Villamil en la primera de tres audiencias públicas organizada por la JCF para recoger el insumo de expertos que le asistan a trazar el panorama del Puerto Rico tras el fenómeno atmosférico.
El reenfoque para incluir medidas de desarrollo dentro del espectro de decisiones de la JCF surge ante el tétrico cuadro económico y demográfico en el que se encuentra la isla. De acuerdo con Amir Jina, economista de la Universidad de Chicago, en los próximos 15 años la economía local perderá el 21% de su circulación de ingresos, cerca de $180 mil millones acumulados.
Puerto Rico perderá, además, sobre 470,000 personas entre 2017 y 2019, expuso el profesor Edwin Meléndez, del Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunter College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Solo entre el 2000 y 2016 emigraron medio millón de puertorriqueños, casi la misma cifra que ahora se lograría en tres años.
Entre los que se van, las estadísticas preliminares dejan entrever que son jóvenes profesionales y, más generalmente, integrantes de la fuerza laboral (18-64 años).
La reducción en este sector representa, a su vez, un problema para las poblaciones de niños y ancianos que dependen del excedente que genera dicha fuerza laboral para sostenerse, expuso el economista Vicente Feliciano.
“La población de adultos mayores está creciendo, la de niños y jóvenes está declinando, pero ese declive no altera el problema básico de menos personas trabajadoras que están sosteniendo una población cada vez más dependiente”, teorizó.
Nueva oportunidad, si no se desperdicia
El economista Juan Lara concordó con Villamil en que hay que mantener la austeridad en el presupuesto, excepto en los gastos para reconstruir la infraestructura y dar estímulo a la actividad económica que despunta tras el azote de María.
Lara alertó que si no se restablece una “infraestructura básica operacional” –servicio eléctrico estable, carreteras limpias, supermercados surtidos, y que “la gente llegue a tiempo a sus lugares de trabajo, y no una hora tarde”– entre finales de diciembre y principios de enero, la reducción en la economía nacional podría alcanzar entre el 12% y el 15% en este año fiscal.
“Los esfuerzos de recuperación han sido lentos e insuficientes”, criticó por su parte la economista Heidi Calero. “El gobierno y el sector empresarial necesitan desesperadamente realizar un estudio de los daños económicos e identificar medidas y oportunidades para minimizar riesgos”, agregó.
Calero sostuvo que estimados de su firma promedian en $115 mil millones los daños en infraestructura y gastos provocados por el huracán, con un margen de $44 mil millones por encima o por debajo de esa cifra.
Lo anterior dista de los $94 mil millones por los que Rosselló Nevares cabildeó esta semana en el Congreso.
“El huracán María nos ha dado una segunda oportunidad para transformar nuestra economía, reorganizar nuestro gobierno, reconstruir nuestra base contributiva, detener la migración y desarrollar una infraestructura moderna y competitiva. Una segunda oportunidad para que ustedes, la Junta de Control Fiscal (JCF), lideren esta transformación económica”, adujo Calero.
La cuestión, empero, es si el ente federal reconoce como propia tal tarea, toda vez que ha sostenido consistentemente que su rol en Puerto Rico es reestructurar la deuda pública y lograr que el gobierno tenga un presupuesto balanceado y regrese a los mercados de capital.
La audiencia se celebró en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.
