Cuando Ricardo Rosselló Nevares decidió postularse a la gobernación, Puerto Rico ya había sido azotado por décadas de malas políticas públicas y administraciones gubernamentales, que a su vez desembocaron en una economía contraída, una deuda pública que rebasaba la capacidad de pago y en la imposición de una junta federal que controlaría las finanzas del País.
Pero el bioingeniero y neurocientífico, graduado de Massachusetts Institute of Technology y de la Universidad de Michigan, apostó a crear “un nuevo gobierno” para así “construir un nuevo Puerto Rico”. Salió airoso de las elecciones generales con un 41.8% de los votos, victoria con el porcentaje más bajo en la historia de las elecciones del País, y se convirtió en el undécimo gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
En su primer año en el cargo, tuvo que preparar un plan fiscal y un presupuesto gubernamental que debían ser certificados por la Junta de Control Fiscal (JCF); optó por implementar medidas de austeridad para atajar la crisis en las finanzas públicas; se enfrentó a un sistema de salud y retiro a punto del colapso; y atravesó por la peor catástrofe natural en la era moderna de Estados Unidos: el huracán María.
De muy pocas batallas salió airoso, aseguraron expertos consultados por Diálogo. La “falta de experiencia”, las “políticas neoliberales” y la “incapacidad de desarrollar un plan efectivo de reestructuración” tras el azote del fenómeno atmosférico, son fallas que han colocado a Puerto Rico bajo la lupa internacional y ha sembrado en el Congreso la desconfianza.
“Crónica de una muerte anunciada”
Rosselló Nevares rompió la tradición cuando juramentó a su cargo el 2 de enero de 2017 a las 12:01 de la madrugada. Explicó que no quería perder tiempo para trabajar por el País. Ese mismo día, cuando llegó a la toma de posesión, ya había firmado ocho órdenes ejecutivas, en su mayoría, de reconstrucción económica.
En sus primeros 100 días decretó 29 órdenes ejecutivas y firmó 21 leyes que, mediante medidas de austeridad, buscan atender la situación fiscal en la que se adeudan sobre $70,000 millones. Para los 365 días, las órdenes desde La Fortaleza casi se triplicaron (78) y el mandatario convirtió en ley más de 120 medidas.
Reformó los estatutos laborales, quitándole beneficios a los trabajadores; creó la ley del empleador único; flexibilizó la emisión de permisos de construcción —para que estos sean expeditos—; enmendó el proceso para establecer Alianzas Público Privadas (APP); consolidó agencias; y logró que la JCF certificara el Plan Fiscal que contempla un programa de recortes e impuestos que suman $39,600 millones en los próximos 10 años.
“Es la ‘crónica de una muerte anunciada’. Nadie en justicia, que no sea un fanático, podía esperar algo distinto. Tú no puedes pretender que un gobierno liderado por gente que no tiene experiencia, ni preparación, puedan hacer algo distinto”, expresó el catedrático jubilado de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Mario Negrón Portillo.
Para el experto, el fallo mayor de la administración de Rosselló Nevares radica en nombrar a su gabinete personas “sin la experiencia, la preparación y la capacidad” para establecer políticas públicas.
“Tú tienes una persona que evidentemente sabe de gobierno lo mismo que yo sé de física nuclear: absolutamente nada. Yo no puedo meterme a un laboratorio de física nuclear a tomar decisiones y hacer sugerencias”, comparó.
A modo de ejemplo, criticó la designación del secretario de Estado, Luis Rivera Marín, como el encargado de desarrollar la logística para la distribución de diésel en Puerto Rico tras el impacto del huracán María el pasado 20 de septiembre de 2017. “Denota la falta de capacidad –más allá de lo intelectual– de dirigir de Rosselló, de decir qué es lo importante y dónde se establecen las prioridades”, argumentó Negrón Portillo.
Asimismo, sentenció que el Plan para Puerto Rico, que enmarca las políticas públicas de la administración en curso, “fracasó”.
“El plan de Rosselló ha sido ninguno. Hemos pasado del plan a llevar un año respondiendo a situaciones que pasan. Aquí es muy poco lo que han proyectado”, indicó el experto.
Otro de los desaciertos a los que apuntó Negrón Portillo es la Ley para el Nuevo Gobierno que busca consolidar las agencias para crear un aparato gubernamental más eficaz. “La eficiencia no puede ser el único valor, no es el único criterio. El tamaño no tiene nada que ver con la eficiencia”, advirtió.
Para el catedrático, el ejemplo más evidente es el recién creado Departamento de Seguridad Pública que, a su juicio, ha empeorado el manejo del segmento en el País. “Ni tan siquiera saben cuáles son las estadísticas reales de cuántos muertos hay”, señaló Negrón Portillo, en referencia a la incongruencia que ha habido en el manejo de las cifras de víctimas a causa del huracán María.
“Yo creo que ha habido mucho hablar para las gradas, de alardeo, de la publicidad, de la imagen. Aquí ha habido mucho gobierno de agencia de relaciones públicas. Y mientras tanto, es muy poco lo que se hace. [Rosselló Nevares] se llenó la boca diciendo ‘aquí la deuda se puede pagar’… Juraba y perjuraba que la deuda era pagable, que Alejandro [García Padilla] era un incapaz y que no sabía lo que estaba haciendo y entonces llevamos un año con un gobierno que no sabe qué va hacer con la deuda”, sentenció.
Políticas económicas a medias
En contraste, el economista Antonio Rosado, reconoció que los primeros seis meses de la administración de Rosselló Nevares fueron, en términos legislativos, “excelentes” y de “avanzada” para la economía puertorriqueña. Colocaron al País en un estado de competitividad en el mercado, aseguró.
“Trajeron a Puerto Rico al siglo 21 en términos de liberar las actividades de los negocios o eliminar la ley de cierre. Ha sido un proceso extraordinario de reestructuración de legislaciones que no tenían ningún sentido económico y técnicamente entorpecían la forma de hacer negocios. Eliminó los requisitos de nueva inversión que se habían establecido en el cuatrienio pasado que eran nefastos para la inversión y la formación de capital”, dijo.
Sin embargo, consideró que estas medidas son incongruentes con el presupuesto que se aprobó para el año fiscal 2017-2018. Específicamente, al entender de Rosado, no se enfatiza en la inversión en formación de capital, fallando en el rol que deben tener los gobiernos en las economías.
“El gobierno olvidó su función de inversión y formación de capital y se convirtió en un consumidor más del sistema económico. Es importante el consumo, pero la inversión y la formación de capital son lo que promueven el crecimiento económico. Desde esa perspectiva, el presupuesto no fue de avanzada, no fue un presupuesto para cambiar las condiciones económicas de Puerto Rico, sino que fue de continuidad porque el presupuesto tenía $37 millones de inversión nada más”, detalló el perito.
Para Rosado, la restructuración gubernamental tampoco es la solución al problema fiscal del País, sino que lo efectivo sería eliminar agencias y toda actividad económica que no genere riquezas. Además, a un año de la toma de posesión, el economista incitó a Rosselló Nevares a convertir al archipiélago borincano en un atractivo para la inversión y formación de capital reduciendo los costos de energía eléctrica y agua potable.
“Hay que ser mucho más agresivos en la formación de capital, en la inversión, que la economía crezca, que la gente se emplee. Hay que tratar de traer la mayor cantidad de gente al proceso de producción. Que la tasa de participación [laboral] sea el 40% en la economía, es un desastre, eso es una crisis”, destacó Rosado, quien ha fungido como asesor económico del gobierno en administraciones pasadas.
Por su parte, el economista Heriberto Martínez resaltó la Reforma Laboral impulsada por este gobierno como un escollo en la generación de empleos de calidad y como un catalítico que promoverá más la emigración.
“Fue el primer proyecto económico de envergadura de la administración de Rosselló en la que dejó ver que su visión de política económica era la continuidad de las ideas de pensamiento neoliberal con las que se busca flexibilizar el empleo y abaratarlo, pero no tomaron en cuenta que Puerto Rico es un mercado laboral abierto y que lleva 10 años de destrucción de empleo neto. Por tanto, si abaratamos el empleo y disminuimos los salarios la gente va a migrar buscando empleos estables y salarios más altos”, explicó.
En ese sentido, Martínez sentenció que la visión económica de Rosselló Nevares va “por el camino equivocado” y que es una continuidad de los ideales de los exgobernadores Luis Fortuño (2009-2012) y de Alejandro García Padilla (2013-2016).
“El Plan Fiscal parece un proyecto que le da continuidad a ideas de pensamiento económico neoliberal el cual está provocando destrucción de empleo neto, pérdida de poder adquisitivo y reducción en los salarios nominales y reales. Ni la Reforma Laboral ni el Plan Fiscal reflejaban cuáles eran las propuestas para que los puertorriqueños no siguieran migrando y para saber cuál era el modelo de desarrollo económico que se va a implementar a mediano plazo”, destacó.
Sin embargo, Martínez acentuó tres aciertos de la administración en turno. El pago relativamente rápido de los reintegros de las contribuciones sobre ingreso fue uno de ellos.
“Para una economía como la de Puerto Rico y un gobernador de ideas económicas ortodoxas, a través de pagar estos reintegros lo que hizo fue aumentar el ingreso disponible de las familias puertorriqueñas lo que incentiva el consumo, el cual representa el 90% del Producto Nacional Bruto”.
El experto sumó el pago del bono de Navidad, pues aseguró que este incentivo igualmente fomenta el consumo y acelera la economía. En tercer lugar, Martínez apuntó la solicitud de los préstamos a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) por considerar que esa inyección de capital, si se utiliza correctamente, provocaría una recuperación económica luego del huracán.
Desprotegidos los más vulnerables
En términos sociales, en un año Rosselló Nevares ha creado el Concilio de Mujeres; la ley de igual paga por igual empleo; conformó un Consejo Asesor en Asuntos LGBT y firmó la ley para el bienestar y calidad de vida para adultos mayores.
No obstante, para la abogada y activista de los derechos humanos Amarilis Pagán este primer término ha sido de proyecciones falsas sobre la protección de los derechos de los sectores más vulnerables del País, pues aseguró no han sabido identificar las necesidades del pueblo puertorriqueño.
“Ha sido un año en el cual los derechos humanos parecen ser lo último en cualquier lista del gobierno. [Un año] en el cual no ha habido los mecanismos efectivos para garantizar que la gente después del huracán tenga lo básico: techo, comida, servicios de salud y educación… Se han enfocado en atender las necesidades de los acreedores, —que incluye los fondos buitres— y de complacer a la junta. Las medidas de austeridad son la evidencia más concreta de cuán poco importante es el bienestar del País”, sentenció la activista.
Es por esto que, a principios de diciembre, una delegación de puertorriqueños radicó una querella por violación a los derechos humanos contra el gobierno de Puerto Rico en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Es un gobierno que está respondiendo a una agenda neoliberal en la que se le da prioridad a los intereses y a las necesidades del capital versus las necesidades e intereses del país. Eso es bien terrible porque si para algo debería existir un gobierno y lo que le da legitimidad es tener la capacidad de balancear las desigualdades del sistema y proteger a las poblaciones vulnerables. Si no hace eso pierde legitimidad y es un gobierno irrelevante”, pronunció la directora ejecutiva del Proyecto Matria.
En cuanto al tema de las mujeres, Pagán destacó que no se han creado planes para manejar y prevenir la desaparición de mujeres y niñas. Durante el huracán, el gobierno tampoco estableció protocolos de acción para manejar casos de violencia de género.
Asimismo, resaltó que la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) fue “desarticulada” y que “no tiene ninguna relevancia en el campo de los derechos de las mujeres: ha estado en silencio, no ha participado de investigaciones, no ha hecho reclamos ni siquiera cuando las medidas de austeridad han golpeado de frente a las mujeres trabajadoras” durante el último año.
A la OPM le redujeron los fondos destinados a albergues y otros servicios de prevención de violencia. La oficina está casi inoperante, pues la nominada por el gobernador para el cargo, Ileana Aymat, nunca fue confirmada por la Legislatura.
Mientras, “al Concilio de las Mujeres no les he escuchado hablando de temas relevantes para las mujeres. Es como un accesorio que está ahí para cumplir con la idea de que sí estamos haciendo algo por las mujeres”, criticó.
Lo más que lamenta Pagán es que el huracán develó el estado de penuria y desigualdad que existe en el País donde “la pobreza tiene rostro de mujer, en su mayoría jefas de familia” y que aún no se hayan desarrollado medidas que solventen las carencias.
Otro tema que le preocupa a la abogada es la comunidad LGBT que, a pesar de la administración haber creado un consejo asesor —en la práctica— “no tienen ningún efecto sobre las políticas públicas o las acciones gubernamentales. El no actuar es también ir en contra de esos derechos”, sentenció.
Para la activista, la situación del País es complicada pues aseguró que la administración ha fallado en su deber de proteger a las poblaciones más vulnerables; oculta contratos, datos estadísticos y gestiones económicas que pueden afectar el futuro de Puerto Rico; y ha pactado con sectores religiosos fundamentalistas y económicos de una forma que revierte en violentar derechos humanos.
“Estamos sin un gobierno legítimo y lo que tenemos es una banda de piratas saqueando nuestro capital social, natural y económico mientras el resto del País se ve obligado a concentrar sus energías y atención en la mera supervivencia ante el hambre, la falta de techo y las muertes por falta de servicios médicos adecuados”, manifestó.
Un gobierno mal cimentado
Por su parte, el sociólogo Hiram Guadalupe Pérez puntualizó que el primer año de Rosselló Nevares fue uno difícil porque la Junta de Control Fiscal instauró plenamente sus poderes, provocando disputas y confrontaciones entre ambos bandos.
Según el también periodista, uno de los desaciertos sociales de la administración actual ha sido la Reforma Laboral, que es “la segunda parte” de la Ley 76 aprobada bajo el mandato de García Padilla y que cercena los derechos laborales.
“[La reforma] afecta severamente los derechos y los beneficios de los trabajadores tanto en el sector público como en el privado. Fue un golpe fuerte para el desarrollo económico del País porque en la medida que los gobiernos le meten la mano en los bolsillos a los trabajadores y afectan sus condiciones laborales, la economía en general se afecta”, puntualizó el experto.
Sin embargo, para Guadalupe Pérez las fallas crasas recaen sobre algunos miembros del gabinete de Rosselló Nevares que no han velado por el bienestar social de los puertorriqueños.
“Uno de los peores nombramientos del gobernador fue el secretario del Trabajo [Carlos Saavedra]. Yo no recuerdo un secretario tan patronal y tan desentendido de la realidad laboral del País como el licenciado Saavedra. Ha tenido un desempeño horrible”, sentenció.
Explicó que el Departamento del Trabajo tiene el rol de velar y garantizar las protecciones de los derechos de los trabajadores y que Saavedra lo que hizo fue promover la Reforma Laboral. “Es un contrasentido”, anotó.
En el Departamento de Educación, criticó el cierre de escuelas –promovido por la secretaria Julia Keleher– sin mediar una discusión amplia en el impacto que tiene la clausura de un plantel.
“No se puede calibrar aquí en un ejercicio estrictamente de contabilidad el tema educativo, si es costoefectivo mantener un salón con ‘x’ número de estudiantes. El aspecto de la educación se mide desde el aspecto cualitativo y desde la responsabilidad constitucional que tiene el País de ofrecer un servicio”, recordó.
Tampoco ha visto con buenos ojos la designación de secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, quien durante el brote de leptospirosis luego del huracán no se pronunció de manera contundente ante la situación.
“Ha sido una gestión fatal de parte del secretario [de Salud], que ha cristalizado su ineficiencia a raíz del huracán. Ha sido fatal. Ha sido un nombramiento muy lamentable y no va acorde con lo que el País necesita de un secretario de Salud”, destacó.
En cuanto al nuevo Departamento de Seguridad Pública, Guadalupe Pérez lo comparó con un imperio ruso que es administrado por el “zar [Héctor] Pesquera”, pero que ha sido insignificante en cuanto a la criminalidad y la economía subterránea vinculada al narcotráfico que es “tan rentable para muchos sectores”.
“Los gobiernos no pueden exclusivamente valerse de medidas de carácter policiacas para intentar atajar ese problema. Deberían acudir a métodos sociales más efectivos y, al tema que muchos políticos le huyen, la legalización de la droga”, recomendó.
Tres años intensos e inciertos
A pesar de que los entrevistados destacaron la labor de Rosselló Nevares en los días previos al huracán María, concordaron en que ha sido incapaz de desarrollar logísticas eficaces para la reconstrucción del país a corto, mediano y largo plazo.
“Yo no me atrevería a decir que la situación del país con el gobierno del Partido Popular [Democrático] fuese diferente. Aunque, ciertamente, hay muchas cosas que no ocurrieron y que debieron haber ocurrido”, expresó Guadalupe Pérez.
Rosado, por su parte, pronosticó un 2018 “retante”. No obstante, ve necesario los recursos económicos que se inyectarán en la economía para aumentar la capacidad productiva del País.
“Si esos recursos se utilizan de buena forma, la economía de Puerto Rico va a generar una demanda por trabajo que mucha gente de la que se ha ido va a tener que regresar porque los niveles de inversión que se van a experimentar este año son los más grandes en la historia de Puerto Rico. Estamos hablando de un cambio fundamental y una oportunidad extraordinaria para traer a Puerto Rico a un proceso de producción y de crecimiento económico”, previó el economista.
Martínez, por su parte, exhortó al gobernador a brindar poder adquisitivo a la mayoría social de Puerto Rico si se quiere lograr un crecimiento económico sostenible.
Para el experto, el gobernador está a tiempo de sentarse con el sector productivo y “lograr un pacto de Estado, un pacto de país, para el desarrollo económico. Mientras el gobernador se siga reuniendo única y específicamente con grupos de interés crediticio para desarrollar planes fiscales de mediano plazo va a chocar con la realidad económica de Puerto Rico”.
Contrario a los anteriores, Negrón Portillo no se manifestó muy optimista y catalogó los próximos tres años como “los peores y bien difíciles”.
En tanto, Pagán sí vislumbra el “año perfecto” para el cambio en la mentalidad de los puertorriqueños que, tras haber experimentado el hambre y la negligencia del gobierno, entenderán que la lucha por los derechos humanos es una situación de “vida o muerte”, lo que provocará movilizaciones.
“Yo no confío que el gobierno tenga la capacidad y la voluntad para enfrentar lo que tenemos ahora después del huracán. Hay que mirar lo que se ha dicho sobre el capitalismo del desastre y la ciudadanía tiene que estar más vigilante que nunca. Hay que reconstruir el País, pero no el mismo desigual y pobre que teníamos. Deberíamos aprovechar y montar un país con mayor justicia económica y social. Si no estamos vigilantes lo que nos van a montar va a ser una vitrina bonita para fines estadísticos y vamos a seguir teniendo una pobreza oculta… una crisis humanitaria peor de la que hemos tenido en los últimos meses”, remató la activista.