En Brasil, los dirigentes políticos no renuncian a sus cargos en medio de escándalos, ni siquiera cuando su reputación está totalmente enlodada. El ejemplo opuesto sería Japón, donde suelen suicidarse cuando los pillan en enredos sexuales o de corrupción.
El presidente Michel Temer es un caso de obstinación en una situación moral indefendible, después de que salió a la luz pública, el 17 de mayo de 2017, su conversación con Joesley Batista, dueño de JBS, la mayor exportadora mundial de carnes y campeona, junto con la constructora Odebrecht.
Trascendió que Temer pensó renunciar. El diálogo grabado por el empresario 71 días antes, trataba de sobornos y formas de trabar investigaciones de casos de corrupción. El presidente lo recibió cerca de 23 horas en el sótano del Palacio Jaburu, residencia presidencial en Brasilia, sin registro, es decir, con intenciones de clandestinidad.
En cualquier otro contexto, otro país o situación política, seguramente no habría alternativa a la renuncia. Pero Temer decidió resistir, desafiando la ética, las tradiciones políticas y una opinión pública convencida de su corrupción, pero favorecido por un cuadro parlamentario de autodefensa colectiva.
Renunciar acortaría su probable camino a la cárcel, al perder el llamado “foro privilegiado”, la prerrogativa del presidente, ministros y parlamentarios de ser juzgados por un tribunal superior, cuya lentitud asegura la impunidad por muchos años.
A esa altura, el sistema político brasileño ya sufría un deterioro total, tras la inhabilitación de la expresidenta Dilma Rousseff en agosto de 2016 y las revelaciones producidas por “delaciones premiadas”, o sea, acuerdos de colaboración logrados por el Ministerio Público.
Una encuesta hecha por el Instituto Datafolha, vinculada al diario Folha de São Paulo, señala que 47% de los entrevistados afirmaron sentir “más vergüenza que orgullo de ser brasileño”.
Ese índice, que era de nueve por ciento en 2010, ya había subido a 28% en diciembre de 2016. Creció mucho desde que la Operación Lava Jato (lavado de autos), iniciada en 2014, desnudó la corrupción en escándalos cada día más contundentes y masivos.
La vergüenza que mata a acusados en Japón, como el caso del ministro de Agricultura, Toshikatsu Matsuoka, que se ahorcó en 2007, en Brasil, derrumba el autoestima de la población.
Además de Temer, prácticamente toda la plana mayor de su partido, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), enfrenta procesos en el Supremo Tribunal Federal (STF), única instancia autorizada a juzgar parlamentarios, ministros y presidentes.
Los campeones son Romero Jucá, actual presidente del MDB y líder del gobierno en el Senado, con 14 procesos, y Renán Calheiros, expresidente del Senado, que responde a 18 investigaciones.
El cerco a Temer es total. Sus ministros más allegados también enfrentan graves acusaciones. Uno de sus exministros, Geddel Vieira Lima, está detenido desde julio de 2017, cuando la policía descubrió 51 millones de reales ($15.4 millones) que guardaba en un departamento de su uso.
Temer perdió, además, en sus 19 meses de presidencia, cuatro asesores personales involucrados en corrupción. Dos de ellos estuvieron presos durante algunos meses, incluyendo a Rodrigo Loures, filmado en abril de 2017 cargando una valija con 500,000 reales ($150,000), supuestamente destinados al presidente.
Tantos escándalos pintaron al MDB, presidido por Temer entre 2001 y 2016, como un grupo delictivo, maestro en usar el poder y desviar recursos públicos.
Pero nada de eso fue suficiente para derrocar el presidente, aunque le impusieron una impopularidad sin precedentes. Solo cuenta con aprobación de tres a seis por ciento de los entrevistados en las últimas encuestas.
Temer aprovechó su larga experiencia parlamentaria y el espíritu de cuerpo de centenares de diputados y senadores amenazados por las investigaciones policiales para impedir su propio enjuiciamiento.
La Constitución protege al presidente de Brasil contra acciones judiciales por actos anteriores o ajenos al ejercicio de su mandato. Pero las denuncias de Batista se referían a delitos presentes, permitiendo al entonces procurador general, Rodrigo Janot, acusar a Temer de corrupción, organización criminal y obstrucción de justicia.
Pero el juicio del presidente por el STF depende de una autorización de la Cámara de Diputados, que la negó por una mayoría asegurada a costa de favores, como cargos en el gobierno y liberación de recursos presupuestarios para proyectos parlamentarios.
Intereses comunes consolidan cierta complicidad para la sobrevivencia política de todos. Se trata de “contener la sangría”, según el senador Jucá, sucesor de Temer en la presidencia del MDB, refiriéndose a la destrucción de carreras políticas por el combate a la corrupción.
En la guerra de posiciones entre políticos y el Poder Judicial, incluido el Ministerio Público, valen todos los mecanismos que traban la justicia, como una propuesta de ley para punir abusos de autoridad, que está en trámite.
Para asegurar el “foro privilegiado” a los actuales parlamentarios, el Congreso Nacional aprobó una reforma política que favorece la reelección de diputados y senadores con más recursos públicos para el proceso electoral, en manos de los dirigentes partidarios, lo que contraría el anhelo popular de renovación en los partidos y en la política nacional.
Ahora Temer firmó un decreto que amplía el indulto presidencial de Navidad a los presos, antes concedido solo a condenados al máximo de 12 años de cárcel y que hubieran cumplido una tercera parte de la pena, y pasaría a exigir solo un quinto de cumplimiento sin límites de la condena. Además cancelaría las multas.
Como los beneficios contemplan delitos sin violencia, como la corrupción, el Ministerio Público lo entendió como destinado a debilitar sus investigaciones y las “delaciones premiadas”, ya que el acusado “sabe de antemano que 80% de su pena será perdonada”, según el fiscal Daltan Dalagnol, vocero de la Operación Lava Jato.
Correspondería a un autoindulto para el futuro de Temer, considerando que puede ser condenado luego de terminar su gobierno.
Pero la presidenta del STF, Carmen Lucia Rocha, suspendió la validez de los puntos más polémicos, acogiendo argumentos del Ministerio Público. Su decisión es provisional, sujeta a ratificación en reunión plenaria de los 11 jueces del tribunal.
Con casi todos los partidos teniendo dirigentes presos o amenazados, las operaciones anticorrupción se enfrentan a una amplia alianza tácita, incluso entre enemigos políticos.
El Partido de los Trabajadores (PT), que gobernó Brasil de 2003 hasta la destitución de Dilma Rousseff tramada por Temer y su MDB, busca asegurar que su líder, Luiz Inacio Lula da Silva, sea candidato en las elecciones de octubre de 2018.
Lula, presidente de 2003 a 2010, es el favorito en las encuestas, pero su postulación puede quedar vedada si un tribunal de apelación ratifica su condena por corrupción en un juicio fijado para el 24 de enero de 2018, decisión que extremaría las incertidumbres electorales.
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