Si los supuestos incluidos en el plan fiscal del gobierno que certificó la Junta de Control Fiscal (JCF) en marzo de 2017 se hubieran implementado hasta el 2026, Puerto Rico no hubiera visto recuperación económica alguna y la deuda seguiría siendo insostenible.
Dicho de otro modo, se hubiera perdido otra década de crecimiento económico –ya se desechó esa entre el 2006-2016– y el ente federal creado por Promesa hubiera fallado en uno de sus propósitos básicos: desarrollar un plan fiscal viable y, más generalmente, sanear las finanzas del país.
Esa conclusión a la que llegaron los economistas Pablo Gluzmann, Martín Guzmán y Joseph Stiglitz –este último premio Nobel en el 2001– en el estudio Un análisis de la necesidad de alivio de la deuda de Puerto Rico para restaurar su sostenibilidad, comisionado por la organización Espacios Abiertos y el Centro para una Nueva Economía, va acompañada de otra: si Puerto Rico quiere salir del atolladero en que se encuentra, necesita una reestructuración de entre un 50% ($25.9 mil millones) y un 80% ($41.5 mil millones) de los $51.9 mil millones que contempla el plan fiscal como obligaciones inmediatas de la deuda.
El recorte superaría el 80% si se considera que el universo de obligaciones de la deuda pública asciende a $72 mil millones.
Esas cifras, advirtió ayer Guzmán a los medios de prensa por la mañana y a la comunidad académica y civil que se dio cita en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) por la tarde, son conservadoras por dos razones.
Por un lado, se computaron a base de las premisas del plan fiscal que, a su juicio, son “erradas” e “insensatas”. Entre estas, que Puerto Rico perderá solo un 0.2% de la población en la próxima década y que el crecimiento económico se verá desde el 2022 como consecuencia únicamente de reformas estructurales, presunción sin fundamento en la literatura económica.
El plan fiscal, criticó el profesor de Columbia University, tampoco incluyó un análisis de la sostenibilidad de la deuda durante la vigencia del mismo y después del 2026.
Por el otro lado, no se considera el impacto del huracán María (solo en daños se estiman pérdidas por $90 mil millones); los efectos en la economía local de la aprobación de la reforma contributiva federal (sobre 250,000 empleos y más de $3,000 millones en recaudos podrían desaparecer); y el probable aumento en la migración de puertorriqueños que ambas variables, junto con la implementación de las políticas de austeridad del plan fiscal, provocarían.
En otras palabras: aún en el más conservador de los escenarios, y aplicando los supuestos del plan fiscal, Puerto Rico –para poder pagar su deuda– tendría que primero reestructurar entre el 50% y el 80% de esta. Cualquier otro escenario es insostenible e imposible.
La trampa de la austeridad
El problema de la insostenibilidad de la deuda de Puerto Rico se comprende mejor al presumir –como hace el plan fiscal– que solo las políticas de austeridad y las reformas estructurales son suficientes para lograr un superávit que permita pagarla.
De acuerdo con Guzmán, la literatura económica plantea que en países con una deuda insostenible, “donde [el gobierno] no tiene la capacidad de generar ingresos para repagarla, y aun así se fuerza el repago, lo que sucede es que se entra en una trampa de austeridad, que disminuye de forma permanente la capacidad de ese país de generar ingresos y las oportunidades de los miembros de la sociedad”, explicó Guzmán. Les termina yendo peor, redondeó.
Es decir: una disminución en el gasto público (por ejemplo, reduciendo, privatizando o eliminando servicios como transporte, salud o educación, o despidiendo empleados gubernamentales) implicaría una contracción de la economía de facto. Esto, a su vez, repercutiría negativamente en la capacidad de generar riqueza a través de la actividad económica de las personas y empresas, que no se verían alentadas a gastar o invertir ante la incertidumbre del panorama. Con una actividad económica desgastada, el Estado no recaudaría lo suficiente. Y sin los recaudos, no cabe hablar de repago.
Según el estudio, la alternativa a lo anterior –a la trampa de la austeridad– es una reestructuración de la deuda. Esta se lograría intercambiando los bonos de esa deuda modificada por bonos nuevos atados al crecimiento económico de Puerto Rico, lo que implicaría que tanto el deudor –el gobierno– como los acreedores tienen en común un interés por el crecimiento económico.
Pero dicha reestructuración por sí sola no es suficiente: es necesario, además, que el gobierno utilice los fondos destinados originalmente a repagar deuda para implementar políticas fiscales que redunden en un crecimiento económico de la isla. El Centro para una Nueva Economía trabaja en un estudio sobre qué medidas de crecimiento económico sería factibles para la isla.
El estudio será presentado a la jueza Laura Taylor Swain, quien preside los casos de reestructuración de deuda del gobierno central, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante, la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Administración de los Sistema de Retiro y la Autoridad de Energía Eléctrica bajo el Título III de Promesa en la Corte de Distrito federal en San Juan. La idea es que sirva como punto de partida de análisis a la hora de elaborar los planes de ajuste de deuda que definirán el repago disponible para los acreedores.
