La Universidad de Puerto Rico (UPR) va encaminada a trasformaciones profundas a consecuencia de la crisis fiscal del gobierno central y la promoción de una ideología económica que busca someter la educación a las lógicas de mercado.
La Universidad bajo los dictámenes del Plan Fiscal y el Plan Estratégico de 2017-2022 va dirigida a la internacionalización, revisión de programas para atemperarlos al mercado, el aumento en los costos de matrícula, reorganización de recursos humanos, eliminación o reducción de exenciones, aumentos en costos de servicios y ajustes a beneficios marginales, entre tantos otros cambios.
Las propuestas principales para incrementar la partida de financiación externa son: proveer servicios y consultoría al gobierno y entidades privadas, aumentar los recaudos por concepto de donaciones, acrecentar la cartera de investigación, acceder a más fondos federales, comercialización de patentes y la creación de programas autoliquidables y que generen ingresos.
Estas propuestas son como el “Día de las Madres” dentro del contexto solo de la “voluntad administrativa” para ejecutar y no para estar en desacuerdo. Este es el camino y el que no lo siga se le tildará de que no tiene disposición para ayudar a la UPR a absorber el masivo recorte.
Previo al huracán María se intuía que estas propuestas necesitarían años, la creación de andamiajes, transformaciones en la cultura institucional, inversión en infraestructura y recursos humanos, y compromiso absoluto por parte de todos los sectores de la comunidad universitaria para ser implementadas.
Digo que se intuía porque estas propuestas no cuentan con estudios de viabilidad ni proyecciones de cuánto se va allegar a la institución, salvo aquellos números que se plasman en el Plan Fiscal sometido en el 2017 y que a fin de cuentas depende de la solvencia del gobierno en los años venideros bajo el cumplimiento de las condiciones ideales.
Antes del temporal, Puerto Rico cumplía su undécimo año en recesión económica, los índices demográficos apuntaban a una disminución en las tasas de natalidad y un aumento en la emigración de las poblaciones más jóvenes, lo que a su vez repercute en una reducción en los recaudos del gobierno y una merma en la población estudiantil.
María nos dejó una UPR con $139 millones en pérdidas materiales, cifra que está actualmente en un proceso de validación y ajuste conforme a las exigencias de la compañía aseguradora y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).
La compañía aseguradora cubre hasta un máximo de $100 millones y, hasta el momento, la UPR solamente ha recibido un adelanto de $5 millones. Según información provista por el licenciado Walter Alomar, presidente de la Junta de Gobierno, estos dineros serán repartidos equitativamente a razón de $436 mil por unidad y $200 mil dólares a la unidad de Utuado.
Los procesos burocráticos de la UPR y el escrutinio minucioso de las aseguradoras nos dejan sin fechas proyectadas para atender todos los daños que ha sufrido la institución. El daño a la infraestructura y equipos y una merma en la población estudiantil suponen retos para las transformaciones perseguidas por la administración universitaria amparada en un discurso optimista que parece ignorar el ambiente hostil en que opera la Universidad.
En las conversaciones que hemos sostenido mensualmente los presidentes y presidentas de los consejos generales de estudiantes con el licenciado Alomar se ha observado una aparente disposición para una apertura en el flujo de información y oportunidades para la colaboración en el ejercicio de la gobernanza y la implementación de los cambios que se avecinan.
Lamentablemente, después de varios años de aplicación de medidas de austeridad, la huelga estudiantil y la ignominia en la que ha caído la Administración Central como componente institucional se observa una comunidad universitaria que desconfía de las intenciones de la administración al alegar que busca participación vinculante en el diseño del Plan Fiscal.
Para la supervivencia de la institución tiene que haber una comunidad universitaria, especialmente los sectores docentes (custodios de las esferas de poder institucional) y estudiantiles que exijan participar proactiva de la política institucional y toma de decisiones.
También es imperativo una administración universitaria que abra los espacios para que esto suceda; espacios donde pese más lo que la comunidad puede traer a la mesa para la solución de nuestros problemas que la agenda del partido político en el gobierno y sus representantes en la administración universitaria.
Las próximas semanas pondrán a prueba tanto a la comunidad universitaria como a la administración. ¿Seremos capaces de abrir espacios de colaboración, consenso y razonabilidad para dar con los mejores intereses de la institución a la que servimos o nos enfrascaremos en discusiones y simulaciones estériles?
Este es el momento para cada cual enseñar sus cartas, romper con el impasse y asentar las bases para no convertirnos en un mero instituto de enseñanza. Este Plan Fiscal determinará finalmente la naturaleza de la reforma universitaria que se va implementar en función de la realidad financiera de la institución.
Si a fin de cuentas prevalecen íntegramente las lógicas y premisas que nos imponen desde la Junta de Control Fiscal, no se augura un futuro brillante para el proyecto emancipador más importante del territorio: la Universidad de Puerto Rico.
El autor es presidente del Consejo General de Estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM).
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Especial para Diálogo
Colaboración especial para el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico.
