Denuncian falta de transparencia en proceso de evaluación de proyectos críticos

Un grupo de ambientalistas denunció ayer una falta de transparencia por parte de la Junta de Control Fiscal (JCF) durante el proceso de consideración para los primeros cuatro proyectos críticos, la mayoría enfocados en la generación de energía eléctrica.

Según los denunciantes, el ente federal no ha hecho públicos los documentos suministrados por las compañías o desarrolladores para validar sus proyectos como uno crítico. Esto dificulta el proceso de comentarios de la ciudadanía, pues carecen de información para emitir un juicio.

Las cuatros solicitudes que se encuentran en evaluación son: una incineradora de basura en Arecibo, de la compañía Energy Answers (EA); un parque eólico en Vega Baja, de New Era Eolic LLC; un proyecto para optimizar la energía en los complejos correccionales de Ponce y Bayamón, de Norelco; y un almacenamiento y reserva de energía de combustible alterno para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), de ARG Precision Corp., PW Power Systems, Inc. y Bostonia Partners, LLC,.

Una mirada a la página de la JCF muestra que solo existe un resumen –escrito por los mismos proponentes– de lo que serán estos cuatro proyectos. Además, exponen brevemente, mediante un formulario, la localización, problemas y oportunidades, los costos de inversión, así como los beneficios y una cronología, entre otros.

Según el Título V de la Ley Promesa, en la sección 503, un proyecto será sometido como crítico si cumple con la siguientes documentación: “el impacto que tendrá el proyecto en una emergencia; la disponibilidad inmediata de capital privado u otros fondos; el costo del proyecto y la cantidad de fondos del gobierno, si alguno, que se necesitan para completar y mantener el proyecto; los beneficios ambientales y económicos que provee el proyecto; y el estatus del proyecto si es existente o si está en curso”.

Además, la misma legislación establece que antes de ser llevados a comentarios públicos, los proyectos deben contar con una recomendación del gobernador, sobre si debe ser considerado como uno crítico; una determinación de la Junta de Planificación, si el proyecto afecta la implementación del Plan de Uso de Terrenos; una recomendación de la Comisión de Energía de Puerto Rico, si el proyecto energético fuera a conectarse con las instalaciones de transmisión y distribución; así como una recomendación del coordinador de revitalización.

Sin embargo, ninguno de los proponentes ofrece documentos adicionales. La JCF tampoco ha hecho público los pliegos entregados por los desarrolladores que validen los proyectos como críticos.

“¿Dónde están esos documentos? Yo he ido a la página y no están. Entonces, quieren que se sometan comentarios sin tener la documentación ideal o correcta para poder hacerlos; sin saber qué documentos tiene la Junta”, criticó la coordinadora de la Coalición de Organizaciones Anti Incineración, Myrna Conty.

Es por esto que, la Coalición –que integra a más de 35 organizaciones– le requirieron ayer en una reunión con el coordinador de revitalización de la JCF, Noel Zamot, que se hicieran públicos todos los documentos sometidos.

Por la falta de pliegos, se desconoce si la controvertible incineradora que se quiere instalar en Arecibo por la compañía Energy Answers es el mismo proyecto que se quería impulsar bajo la administración del exgobernador Luis Fortuño y que fue derrotado.

“Nosotros podemos llegar a la conclusión de que es el mismo proyecto, pero en el formulario lo único que tienen que hacer es un resumen de lo que ellos están proponiendo. No hay documentos donde uno pueda ir a los detalles, a los datos. Nosotros somos técnicos, yo quiero ver el proyecto, qué es lo que propone y hacer comentarios sobre el mismo, pero no de especulaciones porque el papel aguanta todo lo que le escribas. Tú puedes poner una cosa mágica, maravillosa, pero cuando tú vas a la realidad y a los documentos de apoyo podría ser una cosa absurda”, alertó la planificadora Ela Cruz.

A pesar de que EA estipuló en su propuesta haber obtenido todos las autorizaciones necesarios, “nosotros sabemos que ellos no tienen ni siquiera permiso de construcción”, aseguró la también vicepresidenta de la Sociedad Ornitológica Puertorriqueña.

Al ser cuestionada sobre los demás proyectos y del impacto que tendrían sobre el ambiente y los seres humanos, Cruz resaltó que, por desconocer de ellos y no tener la documentación necesaria, no puede emitir un juicio certero.

“No tienen información, no hay documentos ambientales que uno pueda entrar para evaluar. Nosotros no tenemos manera de tener una base para saber qué realmente es lo que están proponiendo. Qué aerogeneradores van a utilizar [en el caso del parque eólico], cómo va a ser la distribución, cuánta energía ellos van a generar, a qué costos, si la AEE tiene la capacidad de recibir la energía que ellos van a generar, todo eso es información que no existe, que no está disponible para uno poder evaluarlo ahora mismo. Los pormenores de los proyectos hay que conocerlos para poder hacer los comentarios”, criticó.

Proyectos por la vía rápida

Tal como adelantó ayer Diálogo, la JCF erró en los procedimientos que establece la Ley Promesa para abrir los 30 días de comentarios públicos para estos cuatro proyectos críticos. Por tal razón, a pesar de haber abierto la convocatoria el pasado 7 de enero, el periodo será extendido para tener “mayor transparencia” y obtener un mayor insumo del pensar de los puertorriqueños, comunicó Zamot en declaraciones escritas.

“Nuestro reclamo es el mismo, que cumplan con lo que dice la Ley Promesa y que sometan todos los documentos para que la comunidad pueda comentar”, reclamó Cruz.

Según Conty, la falta de evidencia de informes y determinaciones de las agencias pertinentes podría desembocar en la otorgación de permisos por la vía rápida como los obtuvo la incineradora en 2010 luego de que Fortuño declarara, por orden ejecutiva, un estado de emergencia.

“Nosotros sabemos que el exgobernador Luis Fortuño está detrás de todo esto. Esta no es la primera vez que se quiere hacer una incineradora, es la tercera. Las otras fueron derrotadas y en la segunda vez Fortuño era el abogado de EA… Ahora es su cabildero oficial ante la Junta de Control Fiscal. ¿Qué manera más fácil, más conveniente, conseguirlo como proyecto crítico fast track [vía rápida] y que no tenga que pasar por los procesos adecuados?”, cuestionó la activista.

En diciembre del año pasado, El Vocero reveló un correo electrónico dirigido a los asesores del gobernador, Christian Sobrino y Alfonso Orona, en el cual Fortuño cabildeaba por la incineradora de EA y por SeaOne Caribbean, que desea transportar gas licuado a San Juan.

“Escribo para levantar bandera de que existen proyectos más rápidos que no necesitan pasar por el proceso de APP [Alianzas Público Privadas], que están listos para arrancar”, escribió el exgobernador.

“Aquí hay mucha influencia política, mucha influencia de poder y de los que pueden pagar cabilderos”, opinó Cruz.

Hay gente sin luz

Por otro lado, las activistas coincidieron que, para que sea un proyecto transparente, es necesario flexibilizar la vía por la cual se someten comentarios a los proyectos, pues gran parte de la población aún no cuentan con el servicio de energía eléctrica.

“Mis compañeros en Arecibo todavía no tienen luz. ¿Cómo van a someter un proyecto crítico a comentarios donde hay gente que le interesa opinar y no tienen luz ni Internet? Se cae de la mata el abuso. No podemos tener esa clase de prisas porque es la que nos ha llevado a donde estamos hoy”, criticó la coordinadora de la Coalición.

Igualmente, Cruz destacó que deben priorizar a los residentes de las zonas donde se construirá la nueva infraestructura que, de aprobarse, intentará “optimizar” los servicios de energía eléctrica en el País.

“Tienen que diversificarlo para poder garantizar el acceso a los comentarios a toda la ciudadanía. Nosotros tenemos gente allí, en Arecibo, que no saben cómo entrar a la página de la Junta de Control Fiscal para enviar su comentario. Ellos tienen que promover alternativas para que todo el mundo pueda comentar. Ellos tienen la responsabilidad de proveer alternativas para que, los vecinos de los predios donde ellos quieren hacer esos proyectos, puedan expresarse porque se van a estar afectando directamente”, sentenció.

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