Tal como hicieran en mayo del pasado año, la Asociación de Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez (Aprum) y el colectivo Profesorxs Transformándose en Solidaridad Tornada en Acción (Protestamos) se unieron para desarrollar un plan fiscal con miras a presentarlo ante la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Contrario a los planes fiscales que han elaborado tanto el gobierno central como la administración de universitaria en el pasado año, el documento que preparan los grupos docentes no parte de la premisa de que la educación superior pública representa un gasto que resulta imprescindible reducir tanto como sea posible.
“El término de ‘government right-sizing’ como se concibe en el gobierno parte de premisas que realmente se deberían mirar al final del proceso y no al principio, donde se establecen de entrada unos recortes y unos números a los que todo lo demás se debe someter”, sostuvo el portavoz de la Aprum, Marcel Castro Sitiriche.
“El ‘government social right-sizing’, que nosotros preferimos, mira primero las necesidades del pueblo y a partir de eso trabaja unas proyecciones. Como escribió un economista (José Caraballo Cueto) en una columna periodística reciente, la austeridad no es el vehículo para conseguir eficiencia”, agregó el catedrático en ingeniería eléctrica.
El llamado Plan Fiscal Sostenible (Plan SoS) se fundamenta en el supuesto de que, más allá de ser un ente socialmente indispensable, el dinero invertido en la UPR genera un efecto multiplicador de impacto mayúsculo en la economía puertorriqueña, con resultados tangibles y medibles.
Por ejemplo, en el Plan SoS original –que contó con la colaboración de los economistas José Alameda, Edwin Irizarry Mora y Caraballo Cueto– se expone que, en promedio, el salario de un egresado de la UPR supera por $25,587 anuales el de las personas con un grado de escuela superior. En términos agregados, eso representa una inyección a la economía de sobre $126,000 millones a lo largo de una generación (18 años).
Según los estudios que sustentan el Plan SoS, la inversión gubernamental en la universidad pública produce una tasa de rendimiento de 56% para la economía. Es decir, que por cada dólar que entra al sistema universitario se genera $1.56 de actividad económica en otros sectores. Asimismo, por cada 100 empleos directos que crea la UPR, se crean otros 60 indirectamente.
“El plan fiscal que certificó la Junta de Gobierno de la UPR en julio del año pasado trabaja desde las premisas de recortes que se establecen en el plan del gobierno. No se basan en ningún tipo de principio económico o científico. En un negocio –aunque no me gusta hablar de la UPR en esos términos– generalmente uno invierte en las áreas que más rendimiento producen. En el caso del gobierno deben hacerse la pregunta de dónde es que al pueblo le rinde mejor su dinero”, planteó Castro Sitiriche.
Por esa línea, el ‘Plan SoS 1.0’ proponía tres escenarios sostenibles económicamente para la universidad, a la que describe como un “acreedor solidario” del gobierno.
En el primero, se pasaba la carga de recortes gubernamentales a las empresas privadas mediante la eliminación de aquellos créditos e incentivos contributivos que se determine sean “inefectivos o inútiles”, señala el Plan SoS. La segunda opción contemplaba regresar a la fórmula bajo la cual el 9.6% del promedio de recaudos del fondo general en los dos años fiscales previos ingresaban a las arcas de la UPR.
Finalmente, el tercer escenario disponía que los recortes, de realizarse, se enfocaran en la estructura administrativa del sistema universitario, designando como prioridades las actividades académicas e investigativas y los servicios sociales que ofrece.
“Lo importante es ver qué es lo que se mira como punto de partida. El plan fiscal del gobierno central utiliza la asignación de $631 millones que recibe la UPR en este año fiscal. No se toman en cuenta los ajustes que ya la universidad ha venido haciendo desde hace casi una década. Hay que ver cómo nos hemos ajustado y cómo podemos ayudar al pueblo. Pero tanto la Junta de Control Fiscal (JCF) como la Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) en lo único que se enfocan es en los niveles de los recortes”, criticó Castro Sitiriche.
La Ley 66 de 2014 congeló la fórmula del 9.6% en $833.9 millones, por lo que entre los años fiscales 2015 y 2017 la UPR dejó de recibir sobre $348 millones en total. El plan fiscal revisado del gobierno central propone recortes escalonados que, con respecto a la fórmula congelada, ascienden hasta los $424 millones para el año fiscal 2022.
Asimismo, el profesor de ingeniería eléctrica reconoció que, en cierta medida, el paso del huracán María obligó a pensar en la reformulación del Plan SoS. En ese sentido destacó que, si bien el documento original ya incluía algunos elementos, la nueva versión enfatiza en el rol que las respectivas unidades de la UPR deben desempeñar dentro de las comunidades circundantes.
“En cuanto a la matrícula, se están analizando diferentes modelos y nos interesa mucho lo que tengan que decir los estudiantes y qué funcionaría mejor desde sus perspectivas. De momento, el punto de partida es lo que se propone en el Plan 1.0, que en lugar de imponer aumentos severos a la matrícula es preferible que a los estudiantes egresados que emigren se les cobre una especie de deuda social en la que la UPR recupera su inversión”, indicó Castro Sitiriche.
Por otro lado, el catedrático corroboró información publicada ayer en El Vocero, en torno a la propuesta docente de eliminar la Junta de Gobierno como ente rector del sistema universitario.
“Aunque la descentralización no se trata en detalle pues es otro asunto con sus propias complejidades, es un proceso que está relacionado. Hay un consenso en la comunidad universitaria de que la centralización no ha funcionado y por eso en Mayagüez tenemos un grupo de trabajo que analiza las posibilidades de hacer la transición a un modelo universitario más regionalizado, donde las unidades se compenetren más con su comunidad”, puntualizó.
Castro Sitiriche indicó que Aprum y Protestamos esperan tener el nuevo Plan Fiscal Sostenible para finales de febrero, con la idea de presentarlo ante los cuerpos administrativos antes del 9 de marzo, cuando la Junta de Gobierno debe someter su plan fiscal a cinco años ante la JCF.
De acuerdo con el profesor, los miembros de la comunidad universitaria tienen hasta el 12 de este mes para enviar sus propuestas e ideas, siguiendo la línea establecida en el comunicado circulado la pasada semana.
Aunque las propuestas incluidas en el Plan SoS elaborado en mayo de 2017 no contaron con el visto bueno de la Junta de Gobierno, Castro Sitiriche insistió en la importancia de desarrollar este tipo de documentos.
“Lo hacemos por convicción y sentido de responsabilidad con la UPR. Realmente este ejercicio lo hacemos porque es un deber proveer un plan fiscal razonable basado en la condición del País. No podemos dejar que se perpetúe la idea de que los recortes [que proponen el gobierno y la JCF] tienen una base económica. No lo tienen, por lo que tenemos que hacer el ejercicio aunque las autoridades no lo hagan”, subrayó el profesor del RUM.
Castro Sitiriche aludió igualmente al pleito que la Aprum radicó bajo el Título III de la ley Promesa, en el que se impugna la legalidad de los recortes a la UPR y se nombran entre los demandados al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko.
Según Castro Sitiriche, si la JCF certifica un plan fiscal “razonable” la Aprum retiraría la demanda.
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Manuel Guillama Capella
Periodista. Es estudiante graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Completó un bachillerato en Información y periodismo en la misma institución. Apasionado y conocedor del deporte local e internacional.
