Tal como ocurrió hace una semana, la falta de información vuelve a ser el principal obstáculo que enfrenta la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para certificar un plan fiscal que en teoría salvaguarde la misión de la institución y al mismo tiempo tenga posibilidades de pasar el cedazo de la Junta de Control Fiscal (JCF).
Para la reunión que el Comité de Asuntos Financieros de la Junta de Gobierno celebró ayer en la tarde –en la que también participaron como invitados el resto de los miembros de ese cuerpo– se esperaba que el presidente interino de la UPR, Darrel Hillman Barrera, presentara documentación que respaldara en detalle las visiones generales que se plantean en el llamado Plan Fiscal 2.0.
Sin embargo, de acuerdo con las versiones de un representante claustral y un representante estudiantil, el presidente interino incumplió con el mandato del principal ente rector de la UPR, imposibilitando un análisis profundo de las premisas básicas que se exponen en el documento y que ya la semana pasada fueron criticadas duramente por la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko.
“Inicialmente la idea era que se presentaran los modelos del presidente interino, los que permiten mantener abiertos todos los recintos y un aumento en el costo de matrícula razonable. Aunque esperábamos propuestas más concretas del presidente interino, la vicepresidenta de la UPR, Ilka Ríos, nos informó [anteanoche] que no se presentarían en la reunión. Así que lo que tuvimos fue como un working session en el que estudiamos escenarios diversos, distintas posibilidades sobre aumentos en matrícula, eliminación de exenciones y consolidaciones administrativas”, dijo el representante estudiantil subgraduado Efraín Rodríguez Ocasio, quien participó en la reunión como invitado.
“Cuando solicitamos documentos para demostrar qué es lo que podemos hacer bajo distintos escenarios, ese detalle no está. Solo está el macro del plan. La falta de información no afecta solo a la comunidad universitaria, sino a los miembros de la Junta [de Gobierno] que tendremos que tomar una decisión [sobre el plan fiscal]”, dijo por separado Alan Rodríguez, representante claustral y miembro del Comité de Asuntos Financieros.
El docente de la UPR en Carolina agregó que la administración de Hillman Barrera está usando “el término que tiene la universidad para entregar el plan” –que la JCF extendió hasta el miércoles 21 de marzo– como pretexto para evitar ofrecer información más específica sobre las premisas del documento que regirá las finanzas de la institución hasta el 2023.
Se espera que el Comité de Asuntos Financieros vuelva a reunirse el próximo lunes para recibir de Hilllman Barrera un plan fiscal fundamentado, de manera que el pleno de la Junta de Gobierno pueda pasar juicio sobre el mismo el martes en reunión extraordinaria. Rodríguez Ocasio indicó que la reunión ordinaria del lunes fue cancelada para permitir espacio a la discusión enfocada en el plan fiscal.
Por su parte, en declaraciones escritas suministradas a Diálogo, el presidente de la Junta de Gobierno, Walter Alomar, recalcó que “tanto el presidente [interino] Hillman, como la Junta de Gobierno continuamos trabajando en la revisión del plan vigente para atender lo requerido por la Junta de Supervisión Fiscal, garantizando la estabilidad de la institución y que no recaiga el peso en un solo sector”.
Asimismo, Alomar añadió que la administración universitaria continuará “escuchando las propuestas de los distintos sectores de la comunidad universitaria. Su insumo es sumamente importante para realizar el análisis correspondiente”.
El 8 de marzo, en un encuentro con el pleno de la Junta de Gobierno, Jaresko señaló que la UPR debía contemplar el cierre de hasta cuatro o cinco de sus unidades académicas o aumentar drásticamente el costo de matrícula para que el plan fiscal tuviera posibilidades de ser certificado por la JCF. Tras escuchar los argumentos de la directora ejecutiva del ente federal, la JG optó por cancelar la reunión que tenía pautada para esa tarde, en la que se tenía previsto votar sobre el documento con la intención de entregarlo al día siguiente a la JCF.
El resumen del plan que Hillman Barrera presentó el 7 de marzo a la Junta Universitaria incluía un costo de matrícula que aumentaba –en el caso de los estudiantes subgraduados– a $75 por crédito para el año académico que inicia en agosto y sigue incrementando escalonadamente cada año hasta alcanzar los $140 para agosto de 2021. Para los estudiantes graduados, el costo por crédito ascendería hasta $200 para esta última fecha.
En esa propuesta no se incluía el cierre o la consolidación de unidades académicas.
Choque con la JCF
De acuerdo con el docente Rodríguez, en su reunión con la Junta de Gobierno Jaresko expuso que, según las proyecciones de la JCF, la matrícula estudiantil en la UPR se reduciría hasta unos 37,000 estudiantes para el año fiscal 2023.
“Sin embargo, [ayer] en la Junta de Gobierno los claustrales planteamos que trabajaremos el plan fiscal 2.0 bajo la premisa de que tendremos una matrícula similar a la actual de cerca de 58,000, y que las 11 estructuras académicas se mantendrán en uso, y ambas [propuestas] fueron acogidas”, informó Rodríguez, al tiempo que agregó que, bajo las premisas de Jaresko en torno al total de estudiantes, el resultado sería “simplemente otra universidad que haría que la cantidad actual de recintos fuera innecesaria”.
Rodríguez catalogó el planteamiento de Jaresko respecto a que la UPR debería reducir unidades o aumentar aún más drásticamente el costo de matrícula como una especie de “chantaje”.
Rodríguez Ocasio, en tanto, consideró que la UPR se dirige a adoptar un modelo “híbrido” entre la versión de plan fiscal que la Junta de Gobierno certificó en julio de 2017 –que fue rechazado por la JCF– y las propuestas que han surgido en este segundo proceso.
“Veremos aumentos escalonados de matrícula –como se propone en este plan– y consolidaciones administrativas de recintos, como se contemplaba en la primera versión. Se trabajará a partir de la idea de consolidar labores administrativas y la especialización de programas académicos”, dijo el estudiante.
Sin embargo, el claustral Rodríguez señaló que aún es necesaria mucha más información para poder establecer cómo se operacionalizaría la transformación en el funcionamiento de las unidades, y sobre todo si impactaría más el lado académico o el administrativo.
Están a pocos días de la próxima reunión. ¿Cuándo se dilucidarían estas preguntas?, le inquirió Diálogo.
“Tenemos poca información. Así que dependería [de que Hillman lleve las bases del plan]”, respondió Rodríguez.
“Una de las críticas que tenemos sobre todo este proceso es que la información se nos entrega muy tarde. La mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno, y me parece que la señora Jaresko también, la primera vez que leímos el documento fue el mismo 8 de marzo. Obviamente uno necesita tiempo para leer y reaccionar responsablemente. No sé si es adrede o sin querer pero lo cierto es que todo se ha hecho muy tarde para un documento que sabíamos que teníamos que trabajar desde septiembre pasado”, censuró el docente.
Si bien el profesor manifestó que, a pesar de los retrasos y la poca información divulgada, entiende que esta versión del plan se está trabajando dentro de las exigencias de la JCF, Rodríguez Ocasio se mostró menos optimista.
“Una preocupación que tengo es que, al presentar el plan fiscal con tanta prisa, el documento no justifique las proyecciones con la claridad que espera la JCF”, señaló.
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Manuel Guillama Capella
Periodista. Es estudiante graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Completó un bachillerato en Información y periodismo en la misma institución. Apasionado y conocedor del deporte local e internacional.
