El colectivo docente del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), Protestamos, denunció el plan fiscal aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR), al catalogarlo de “destructivo” y como “un duro golpe a la misión de la primera institución de educación superior de Puerto Rico”.
La profesora de Humanidades Lissette Rolón Collazó señaló que los aumentos al costo de matrícula debilitarán las posibilidades de acceso del estudiantado a una educación universitaria, y que “la renovación del recurso docente en condiciones dignas y justas será imposible”.
“Como consecuencia, se debilitará aún más el sistema de retiro de la UPR”, advirtió Rolón Collazo por medio de un comunicado de prensa.
“La austeridad que la Junta de Control Fiscal y el gobierno local impulsan en el país esta siendo cuestionada desde distintos sectores y posturas ideológicas. La visión que nos imponen utiliza una doble vara, pagando salarios para millonarios con fondos del pueblo mientras que somete a la mayoría del pueblo a la precariedad laboral y a la falta de acceso a oportunidades dignas de educarse y emprender,” señaló por su parte Marcel Castro Sitiriche, presidente de la Asociación de Profesoras y Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez (Aprum).
Castro Sitiriche criticó la existencia de una “doble vara”, al comparar el trato que está recibiendo la UPR por parte del gobierno y la administración universitaria con los elevados sueldos que se le han otorgado a diversos jefes de agencias y a empleados de la propia Junta de Control Fiscal (JCF), así como con los créditos y exenciones contributivas de los que se benefician numerosas empresas, “muchas de las cuales no rinden beneficios al pueblo”.
Como alternativa, Protestamos (Profesorxs Transformándonos en Solidaridad Tornada en Acción) y la Aprum presentaron, a comienzos del mes de marzo, la segunda versión del Plan Fiscal Sostenible para la UPR (Plan Sos UPR), un extenso documento elaborado por unos 40 docentes.
El Plan SoS UPR 2.0 reta la magnitud de los recortes con sólida evidencia y salvaguarda el efecto multiplicador de la UPR en la economía de Puerto Rico. También sugiere nuevas opciones de ingresos (como la contribución de egresados), propone rigurosas medidas de eficiencia en el alto liderato administrativo y no implica consolidación de recintos.
“Es lamentable que la mayoría de la Junta de Gobierno de la UPR esté al servicio de la JCF, de la Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) y del gobierno de turno, cuando Puerto Rico necesita que se deban al país. Es evidente que dichos funcionarios ignoraron los planteamientos sensatos del Plan SoS UPR 2.0 para asegurar que Puerto Rico se fortalezca y supere la crisis, especialmente después de María. Nos están destruyendo uno de los pilares para la recuperación del País,” señaló Rolón Collazo, coordinadora del Plan SoS UPR 2.0.
“Los recortes que proponen en el Plan Fiscal de la UPR afectarían grandemente el potencial de allegar fondos externos de investigación, lo cual contradice el aumento en fondos externos proyectado en ese documento. Nuestra experiencia con los proyectos multimillonarios con fondos externos que hemos conseguido para la UPR y para el pueblo es que para aumentar la cantidad de proyectos de esta magnitud se necesita una estabilidad financiera como la que propone el Plan SoS UPR 2.0”, expresó Nelson Cardona Martínez, uno de los profesores de Ingeniería en el RUM que colaboró en Plan SoS UPR 2.0.
El documento —que ya fue sometido a la JCF— estima incrementos en subvenciones federales ascendentes a $20 millones anuales en el transcurso del plan fiscal a cinco años.
“Con este plan fiscal aprobado en la JG, el gobierno demuestra que no va a defender la universidad, que no está abierto a considerar propuestas alternativas a la austeridad y, por tanto, traiciona los mejores intereses del pueblo. Es hora de que el gobierno reconsidere su postura con la UPR porque la ruta de la austeridad nunca le ha servido bien al pueblo”, sentenció Castro Sitiriche.
El Plan SoS UPR 2.0 ha sido crucial para el pleito legal que lleva la Aprum como parte del proceso de quiebra bajo el Título III de la ley Promesa. Al denunciarlos como ilegales, el pleito reta los excesivos recortes a la UPR, y defiende la institución como “acreedor social solidario.” El texto completo del Plan SoS UPR 2.0 se encuentra en línea en protestamos.net.
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