La UPR se expone a perder más de la mitad del financiamiento público que recibía hasta 2017. (Archivo)
El más reciente borrador del plan fiscal del gobierno central mantiene el nivel de reducciones en las asignaciones a la Universidad de Puerto Rico (UPR) que se ha previsto a lo largo del proceso de evaluación del documento y crea un fondo dotal para becas a estudiantes de bajos recursos que procedería de recortes a los presupuestos de distintas entidades del aparato gubernamental, incluyendo la Asamblea Legislativa y la Junta de Control Fiscal (JCF).
El documento –publicado esta tarde por la JCF– proyecta que la universidad del Estado recibirá $433 millones de fondos provenientes del gobierno para el año fiscal 2023, cuando finalizaría la vigencia del plan. Los $433 millones es la resta entre $708 millones (lo que recibe la institución del gobierno al momento) y $275 millones (lo que dejará de recibir para el 2023).
Al finalizar este año fiscal, la UPR habrá recibido $685 millones de parte del Estado, al tomar en cuenta tanto las asignaciones provenientes del fondo general –$631 millones– como el dinero producto de asignaciones legislativas y la porción que recibe la institución a partir de los ingresos generados bajo la Ley de Juegos de Azar (Ley 35-2005) –unos $54 millones entre ambas fuentes de ingresos–.
Esto significa que el recorte en este periodo de cinco años asciende a $252 millones –pero el documento dice $275 millones porque incluye otros $23 millones adicionales que se recortaron este año fiscal–.
Ese recorte se suma a los más de $200 millones que la UPR dejó de recibir en el presente año fiscal.
Si se considera que entre el 2015 y el 2017 la universidad recibía asignaciones presupuestarias ascendentes a $900 millones, el que reciba $433 millones para el 2023 implica que la UPR habrá visto una reducción superior al 50% en lo que le asignaba el gobierno central.
En el borrador del plan fiscal, la JCF justifica los recortes al principal centro docente del país mediante comparaciones entre el nivel de subsidio a la UPR con el financiamiento a universidades públicas en Estados Unidos.
“Al momento, la UPR es financiada en un 70% por fondos estatales y locales, comparado con un promedio de 25% de financiamiento de las universidades públicas en Estados Unidos. La matrícula en la UPR es menos de un tercio del promedio [de matrícula] en instituciones públicas de Estados Unidos, incluso tras ajustar para tomar en cuenta el ingreso per cápita. La UPR gasta alrededor de un 10% más por estudiante en gastos operacionales que la universidad pública promedio”, destaca el documento.
Sin entrar en detalle, el borrador reitera múltiples medidas de ahorros que se han discutido públicamente, como la consolidación de recintos y unidades, la eliminación de plazas docentes y no docentes y una reducción en las pensiones “similar a las del gobierno”. La JCF ha insistido en una reducción promedio de 10% en las pensiones de los empleados públicos jubilados.
Asimismo, propone generar mayores ingresos mediante aumentos al costo de matrícula de forma tal que “sean equivalentes al valor de las becas Pell menos el costo de vida”.
En una misiva reciente, la JCF favoreció aumentar el costo del crédito subgraduado a $157. Además, ha exigido que los programas de estudios graduados establezcan costos similares a programas homólogos en Estados Unidos.
Fondo de becas
Por otra parte, el borrador de plan fiscal del gobierno central contempla la creación de un fondo dotal de becas, que sería viable gracias a los recortes presupuestarios a la JCF, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), el Tribunal General de Justicia (es decir, el Supremo, el Apelativo y los foros de instancia) y la legislatura.
Para el próximo año fiscal que inicia en julio, los ahorros en estas entidades –que a su vez serían redirigidos al fondo dotal– totalizarían $62 millones, con la expectativa de que en años posteriores se estabilice en cerca de $64 millones.
Cerca de la mitad de los $64 millones provendrían del recorte a la rama judicial, mientras que el ahorro en la Asamblea Legislativa produciría unos $25 millones anuales para el fondo. Los ahorros de la JCF aportarían entre $5 millones y $6 millones anuales, mientras que el recorte a Aafaf sería mínimo, alcanzando menos de $1 millón.
El borrador no especifica cuántos estudiantes se beneficiarían del fondo dotal, ni cuáles serían las escalas para determinar la cuantía a otorgarse. Sí menciona que sería administrado “independientemente de la universidad”.
La JCF tiene previsto certificar mañana el plan fiscal del gobierno central, al igual que los de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, cuyos borradores también fueron divulgados esta tarde.
El viernes, en tanto, se haría lo propio con los planes de la UPR, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas (Cossec) y el Banco Gubernamental de Fomento. Ninguno de estos borradores se ha hecho público hasta el momento.
