La Junta de Control Fiscal (JCF) aprobó esta tarde el plan fiscal que servirá como hoja de ruta para el gobierno electo por los próximos cinco años con el voto en contra de una de sus miembros: Ana Matosantos.
El documento certificado sustituye al plan fiscal que se había aprobado en marzo de 2017, pero que el ente federal optó por descartar tras la devastación provocada por el huracán María en septiembre.
La directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, enfatizó en todo momento que el plan fiscal aprobado por el ente se alinea en términos generales con las propuestas planteadas por el gobierno en su versión del documento del 5 de abril.
Mencionó las medidas para impulsar un mejor “ambiente de negocios”, la creación de un crédito estatal por ingresos devengados para incentivar el trabajo, las reformas energética, contributiva y educativa, la reducción en costos del sistema de salud y un manejo más estricto de las finanzas públicas como las principales áreas de coincidencia entre la administración de Ricardo Rosselló Nevares y la JCF.
Por su parte, por medio de su red social en Twitter, el gobernador Rosselló Nevares, indicó que, “debido a la insistencia de dictar política pública cuando no tienen la autoridad para así hacerlo, no hay consenso entre el gobierno y la JCF, incluso tampoco hay consenso en la JCF”.
Because of the insistence in dictating public policy when they don’t have the power to do so, there is no consensus between the Government of Puerto Rico and the FOMB, nor is there consensus within the FOMB itself.
— Ricardo Rossello (@ricardorossello) 19 de abril de 2018
Y añadió en otro tuit: “Hago una invitación a la Junta a que reflexione; que comprenda que los aspectos de su Plan, en lo que compete a política pública no se le dará paso. Busquemos una alternativa ejecutable y de consenso entre la Junta y el Gobierno. Solo así, hacemos lo mejor para Puerto Rico”.
Hago una invitación a la Junta a que reflexione; que comprenda que los aspectos de su Plan, en lo que compete a política pública no se le dará paso. Busquemos una alternativa ejecutable y de consenso entre la Junta y el Gobierno. Solo así, hacemos lo mejor para Puerto Rico.
— Ricardo Rossello (@ricardorossello) 19 de abril de 2018
De esta forma, quedó plasmada una vez más las diferencias existentes entre las partes en torno a la implementación de una reforma laboral que potenciaría los efectos de la reforma adoptada mediante la Ley 4 de 2017 –que flexibilizó las condiciones laborales en el sector privado–, así como sobre el impacto que tendría una reducción promedio de 10% en las pensiones para los empleados jubilados del gobierno central.
El director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) del gobierno, Gerardo Portela, señaló que sería “insensato” implementar estas medidas a pocos meses del paso del huracán María y en momentos en que decenas de miles de puertorriqueños han optado por abandonar la isla, una tendencia que el propio plan fiscal a cinco años reconoce se mantendrá a lo largo de su vigencia.
“Debemos dejar que las leyes 4 y 26 (sobre la flexibilidad laboral en el gobierno, mejor conocida como la Ley de empleador único), hagan su trabajo”, señaló Portela, al expresar la postura de la administración sobre las condiciones laborales que deben prevalecer.
El plan fiscal de la JCF establece la necesidad de adoptar el denominado “empleo a voluntad”, lo que implicaría, por ejemplo, derogar la Ley 80-1979 que protege a empleados del sector privado ante despidos injustificados. Además, posibles aumentos al salario mínimo serían contingentes a incrementos en la tasa de participación laboral, que el documento actualmente estima en 38%, “una de las más bajas del mundo”.
Asimismo, Portela cuestionó la reducción en las pensiones, planteando que los jubilados “están entre los más vulnerables y ya han sufrido recortes de beneficios en el pasado. Sería inhumano congelar o reducir más beneficios a este sector”, dijo Portela, quien recordó que ya el sistema de retiro del gobierno se acogió a la protección del Título III de la ley Promesa y su futuro se encuentra en manos de la jueza Laura Taylor Swain.
“El recorte [a las pensiones] tendría un impacto mínimo en el ‘cash flow’ del gobierno pero enorme sobre los individuos”, aseguró el funcionario.
La principal crítica de Jaresko al documento que sometió el gobierno fue que –al no adoptar en su totalidad la reforma laboral– no provee las condiciones necesarias para el crecimiento económico sostenido a largo plazo.
Según Aafaf, su plan fiscal era suficiente para producir un crecimiento de 1.05% anual “básicamente a perpetuidad”, en palabras de Portela. El miembro de la JCF Carlos García catalogó ese nivel de crecimiento como “anémico”.
Por su parte, el también integrante de la JCF Andrew Biggs señaló que esperar a conocer el efecto de las reformas ya legisladas sería cometer el mismo error que otras jurisdicciones en el pasado.
“Entiendo las preocupaciones de llevar a cabo las reformas ahora, pero rendirse en la búsqueda del máximo crecimiento posible sería renunciar a lograr una mejor calidad de vida en el futuro”, dijo el experto en pensiones.
Biggs agregó que considera que las condiciones laborales en estados como Florida, donde se estima que ya residen sobre un millón de puertorriqueños, tienes leyes laborales más flexibles que las que exige la JCF.
El crecimiento económico que, en teoría, resultaría de las reformas que favorece la JCF, así como los ahorros presupuestarios en diversas instrumentalidades, generaría al fisco los ingresos que se “reinvertirían” en sectores como la salud y la educación, áreas que de por sí enfrentarán sus propios recortes.
Por ejemplo, los recortes a los presupuesto de la legislatura, la Rama Judicial, la JCF y Aafaf permitirían financiar un fondo dotal de becas para estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) que ascendería a $64 millones anuales.
Como parte de la sesión de comentarios públicos, el abogado de quiebras John Mudd preguntó si el superávit acumulado de sobre $6,000 millones contemplado en el plan fiscal sería dirigido al servicio de la deuda. Jaresko respondió que al momento no se puede comprometer ni un centavo para ese propósito, pues las proyecciones económicas, por su naturaleza, tienen un alto grado de incertidumbre.
Al momento, la jueza Swain supervisa cinco casos de entidades acogidas al Título III como parte del proceso de reestructuración de la deuda: el gobierno central, Cofina, (Corporacion del Fondo de Interés Apremiante), el Sistema de Retiro de Empleados, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Carreteras y Transporte (ACT).
Además de la hoja de ruta para el gobierno central, la JCF aprobó de manera unánime los respectivos planes que guiarán el rumbo de la AEE y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
El organismo a cargo de la política fiscal del país tiene previsto aprobar mañana cuatro planes adicionales: el de la UPR, ACT, la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec) y el Banco Gubernamental de Fomento.
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Manuel Guillama Capella
Periodista. Es estudiante graduado del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Completó un bachillerato en Información y periodismo en la misma institución. Apasionado y conocedor del deporte local e internacional.
