Carta al Gobierno de Luis Fortuño: Los sucesos del pasado jueves fueron la gota que derramó el vaso de mi silencio sobre como el Gobierno actual ha criminalizado la pobreza, desahuciado a los pobres y oprimido a los jóvenes de este país. Durante este gobierno, se creó un comité asesor compuesto por sólo un sector económico del pueblo, cuyo resultado fueron recomendaciones que incluían el despido de empleados públicos que profundizaron la crisis social y económica en la que ya se encontraba nuestro pueblo. Luego, se enfocaron en el desplazamiento de las comunidades pobres del país, tales como el Caño Martin Peña, Villas del Sol, entre otras. De la misma manera, este gobierno ha atacado instituciones autónomas que velan por el bienestar y derechos de nuestro pueblo, tales como el Colegio de Abogados y la Universidad de Puerto Rico (UPR). Igualmente, se han encargado de estrangular económicamente mediante el recorte de fondos a la UPR, la cual es una institución creada para el desarrollo intelectual y social de nuestro pueblo. A través de ordenanzas municipales, este gobierno ha restringido el uso de bebidas alcohólicas en varios sectores de la ciudad capital donde habitan pequeños y medianos comerciantes, como por ejemplo, en la Avenida Universidad y en la Placita de Santurce. Estas restricciones se han llevado a cabo mediante el uso de amenazas, empujones, multas de $500.00, entre otros atropellos. La conducta amenazante e intimidante de la Uniformada es alarmante en dichos lugares y atentan contra el derecho de la libre asociación de los estudiantes. Por otro lado, este gobierno ha dicho que habrá un trato diferente a las áreas turísticas, donde está la igual protección de las leyes de estos comerciantes y de los residentes de las comunidades pobres del País a tener el mismo trato que los hoteles de las áreas turísticas. En los lugares antes mencionados no han faltado los episodios de represión y opresión mediante el uso desproporcional de la fuerza policial para implementar las políticas del actual Gobierno. Le exhorto a la Policía de Puerto Rico a que dé adiestramientos de derechos civiles a sus cadetes y sometan a una evaluación sicológica más efectiva a la Uniformada. Claro está, no toda la culpa reside en los policías debido a que el estado debe proveerles una mejor calidad de vida y mejores adiestramientos. De igual forma, deberían haber menos policías, de mayor calidad y con mayor tacto humano. El deber más grande que tiene el Estado es el de proteger la vida de sus ciudadanos, y el colocar armas en personas no aptas para ser tolerantes es una negligencia crasa. Sólo tenemos que mirar las estadísticas de las muertes de violencia doméstica y cuantificar cuántos casos son por personas de la Uniformada. Si el estado no toma medidas en prevenir estas conductas, las calles de nuestro pueblo serán un río de sangre. No debemos olvidar el caso de Cáceres, en que un oficial remato a un hombre desarmado. Este gobierno tiene la responsabilidad de realizar una mejor planificación para lograr un uso más eficiente de los recursos del pueblo. Para esto, se podría incluso hacer un proyecto en conjunto con la UPR. Lo más importante es que se provea a nuestros ciudadanos una mejor calidad de vida, y no más violencia y opresión por parte del Estado. Yo, como estudiante de la Universidad de Puerto Rico, he sido testigo de lo aquí mencionado y me comprometo a escribir a la prensa, ahora y en las próximas elecciones, sobre estos abusos y atropellos. Asimismo, le recuerdo al pueblo de Puerto Rico que posee el poder inherente para destituir del poder a quien no cumpla sus obligaciones constitucionales de respetar nuestra constitución y nuestra carta de derechos. Atentamente, Fernando E. Espinal Mena Ex Presidente del Consejo de Estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico