Un mural de fondo negro y letras blancas adorna en estos días la avenida Baldorioty de Castro en San Juan, a la altura de la calle De Diego. “¡Auditoría ya, mamabichxs! A ciegas no”, dice.
Su reclamo gira en torno a la deuda pública: Puerto Rico todavía espera por una auditoría de los miles de millones de dólares que el gobierno emitió en deuda y sobre los cuales aún debe más de $70,000 millones, que se suman a otros $50,000 millones que adeuda a sus pensionados.
La falta de este ejercicio cobra mayor urgencia en momentos en que la Junta de Control Fiscal, el gobierno y los principales acreedores del país negocian a puerta cerrada la reestructuración de deuda más grande del mercado de bonos municipales de Estados Unidos. Esta semana, se anunció un acuerdo preliminar que daría fin a una de las disputas más críticas en el proceso de quiebra de Puerto Rico: cómo se repartirán los recaudos futuros del IVU por los próximos 40 años. Casi la mitad del impuesto de 11.5% permanece comprometida con el pago de la deuda de Cofina. Desde el comienzo de la quiebra y de las alegaciones de ilegalidad de esta deuda, tanto el gobierno como los bonistas han estado encontrados sobre a quién le pertenece el dinero del IVU.
¿Se firmarán acuerdos con los acreedores sin una auditoría integral e independiente sobre la deuda de Puerto Rico?
Además de países como Ecuador, Brasil y Francia, jurisdicciones en Estados Unidos como Detroit y Jefferson County, Alabama, apuntaron a la ilegalidad de parte de su deuda durante sus procesos de reestructuración, lo que dejó a estos gobiernos en mejor posición para negociar con sus acreedores y así poder dirigir más recursos a servicios esenciales.
Son varios los actores que buscan investigar la deuda pública y la crisis fiscal que enfrenta Puerto Rico. No todos tienen el mismo alcance, propósitos, motivación o recursos para llevarla a cabo.
La Junta de Control Fiscal
Los abogados del gobierno ya admitieron que parte de la deuda de Puerto Rico es ilegal. A finales del año pasado, establecieron que la emisión del 2008 de bonos del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno (SRE) “nunca fue autorizada para emitir deuda”, la cual suma más de $3,000 millones. La derogada Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público divulgó dos informes preliminares en el 2017 que señalan la posible ilegalidad de varias emisiones de deuda por violar disposiciones de la Constitución de Puerto Rico tales como cumplir con el límite de la deuda y responder a presupuestos balanceados.
Sin embargo, la junta insiste en ser la única entidad con autoridad para reclamar la ilegalidad de la deuda en los tribunales como tutor legal del gobierno en su proceso de quiebra bajo el Título III de Promesa.
La junta dice que lleva a cabo su propia pesquisa sobre la deuda pública desde septiembre del 2017. El cacique fiscal de la isla asegura que su investigación es abarcadora y que litigará cualquier causa de acción que surja, incluyendo si parte de la deuda es ilegal.
Pero según un grupo de acreedores del gobierno, el proceso que conduce el investigador que contrató la junta, John Couriel, deja fuera “documentos internos” importantes, tales como correos electrónicos de las instituciones financieras que jugaron un rol en las emisiones de deuda.
Aunque se dijo que estaría listo el pasado abril, la junta todavía espera por el informe final de Couriel, un exfiscal federal y exaspirante a la Cámara federal bajo el Partido Republicano que hoy día trabaja en Kobre & Kim. El ente rector recién reconoció que ahora espera que Couriel revele sus hallazgos en o antes de mediados de agosto, manifestaron abogados de la junta durante una vista del caso de quiebra el miércoles 6 de junio.
El Comité de Acreedores No Asegurados
Un segundo acercamiento a la auditoría se da en el Tribunal Federal, donde un grupo compuesto por dos uniones, suplidores del gobierno y la compañía sucesora de lo que en su día fue Doral Bank, busca indagar sobre la deuda pública como parte del proceso de quiebra de Puerto Rico.
La petición del Comité de Acreedores No Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés) se fija específicamente en tres instituciones financieras: el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Banco Popular y Banco Santander. En noviembre del año pasado, el Tribunal Federal rechazó una petición del UCC para exigir documentos y evidencia a estos bancos, y dejó la investigación en manos de la junta, en coordinación con el UCC y con el comité que representa a los retirados en la quiebra. Ambos grupos tendrían acceso a la información recopilada, sujeto a acuerdos de confidencialidad.
“Solamente están compartiendo lo de Popular y Santander”, dijo durante la audiencia Luc Despins, abogado del UCC. Allí también estuvo el abogado de Popular, John Dorsey, quien aseguró que la entidad financiera “está cooperando”. Le hizo eco Nicholas Crowell, abogado de Santander: “No hay nada que esconder”.
En el caso del BGF, “hemos recibido cero documentos”, sostuvo Despins, quien lamentó que la entidad gubernamental solo comparta información con el investigador de la junta bajo estricta confidencialidad. La entidad que fungió como agente fiscal de Puerto Rico por más de siete décadas firmó un acuerdo con sus acreedores para reestructurar su deuda bajo el Título VI de Promesa. Estos bonistas –en su mayoría cooperativas y fondos de cobertura tales como Avenue, Brigade, Fir Tree y Solus– recibirán hasta 55% de cada dólar en deuda del BGF que posean.
Sede del Banco Gubernamental de Fomento en Santurce, Puerto Rico. (Noticel)
“No hay acuerdo sobre los acuerdos de confidencialidad”, manifestó Despins durante la vista al ser cuestionado por las razones que los comités carecen de acceso a los documentos que se le piden al BGF. Los abogados de ambos comités también advirtieron sobre la poca o ninguna injerencia en la investigación de la deuda que realiza la junta. Tampoco tienen acceso a gran parte de la información que entregan a Couriel otras personas y firmas adicional a las tres instituciones.
Es por esto que el UCC busca nuevamente que el tribunal le permita realizar su investigación sobre el BGF, Popular y Santander. La junta, el gobierno y los dos bancos quieren que se rechace la petición hasta tanto culmine la investigación de la junta y se conozcan los hallazgos de Couriel, lo cual esperan que ocurra en o antes del 15 de agosto.
“Puedo apostar dinero a que esa fecha no se dará”, opinó Despins.
El próximo 18 de junio, el Tribunal Federal sostendrá una vista en Boston en torno a la nueva petición de investigación del UCC. La jueza magistrada Judith Dein, quien asiste en los casos de quiebra de Puerto Rico, ya advirtió que los comités tendrían acceso a parte de la documentación del BGF que no ha recibido. Sin embargo, la información se compartiría en carácter confidencial.
¡Auditoría YA!
Un tercer esfuerzo lo lidera el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, quienes denuncian que Puerto Rico todavía negocia bajo la premisa de que toda la deuda fue contraída legalmente, sin saber si ese es el caso. El objetivo del grupo multisectorial es una auditoría completa de la deuda de Puerto Rico: a cuánto realmente asciende; en qué se gastó el dinero; cuál fue el desempeño de los distintos actores; y si se actuó legalmente.
“Sabemos que van a venir unos recortes a la deuda, pero serían basados en que toda la deuda es legal. ¿Cómo sería si hubiera una auditoría previa? ¿En dónde hubiéramos empezado a negociar?”, cuestionó Eva Prados, abogada y portavoz del frente, luego de una charla sobre la importancia de auditar la deuda en la Casa de la Histriones de la Universidad de Puerto Rico en Cayey.
A través de una campaña llamada ¡Auditoría YA!, el frente apuesta al apoyo de la gente para financiar los trabajos de la comisión ciudadana que propone. Para la primera fase de la auditoría, el colectivo busca recaudar $500,000.
Recientemente, el frente apretó el paso en sus esfuerzos de orientación, recopilación de información y recaudación de fondos. Hace casi un mes requirió a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) que entregara información particularmente de la deuda emitida por Cofina, o aquella que está respaldada por los recaudos que recibe el gobierno del IVU.
“Más allá de una respuesta escueta de que están evaluando nuestra solicitud, todavía no nos han dado información”, advirtió Prados. Es la última oportunidad, según la portavoz, antes de que el grupo lleve el asunto a los tribunales. “Seguiremos con el proceso y estamos evaluando la posibilidad de un mandamus para empezar el proceso de litigio, no sin antes darle oportunidad al gobierno. Hemos estado enviando varias cartas solicitando ese espacio”.
Para Prados, son preocupantes las decisiones y el giro que está tomando el proceso de quiebra bajo el Título III, “donde también se está limitando el acceso a información”. La activista de derechos humanos señaló que “en vez de ver este asunto de la deuda como uno público y donde todos los actores tienen que estar dando la información necesaria al pueblo de Puerto Rico, sea todo lo contrario”.
La propuesta que presenta el frente se muestra como una alternativa a la inercia y lentitud que ha mostrado el oficialismo. Cuestionan a su vez la falta de independencia, la resistencia de sectores económica y políticamente poderosos, y la necesidad de dar prioridad a los intereses de cada residente de la isla, y no de unos pocos.
La idea de auditar la deuda a través de una comisión ciudadana tomó forma en el 2017, cuando el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares eliminó la comisión legislativa para la auditoría integral de la deuda. Un total de 17 miembros, en representación de diferentes sectores, componían el grupo creado en el 2015, con un presupuesto de $2 millones anuales. Retrasos en su creación y en el desembolso de fondos, así como la oposición de funcionarios de ambos partidos y la administración de Alejandro García Padilla fueron algunos de los mayores obstáculos de la comisión, según fuentes consultadas por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
“Nos decían que estábamos montando un ‘Blue Ribbon’ como el de [la exgobernadora] Sila María Calderón contra funcionarios [del exgobernador] Pedro Rosselló”, dijo una fuente cercana a los trabajos de la derogada comisión legislativa. Lamentó que “nunca se entendió que el objetivo principal era la mafia de la banca y sus aseguradoras, así que retrasaron todo”.
Objetivos diferentes
La investigación de la junta no tiene el mismo objetivo de la auditoría integral que busca el frente y su comisión ciudadana, cuya propuesta está anclada en modelos como el de Ecuador, Brasil y Francia.
Tampoco persigue lo mismo que la investigación que propone el UCC. Mientras el comité centra sus esfuerzos en la responsabilidad del sector financiero, la comisión ciudadana evaluaría a todos los actores, los del sector financiero, pero también al gobierno federal y local, explicó Prados. Esto constituye parte de una auditoría integral, pero no el ejercicio completo, destacó por su parte el economista puertorriqueño José Caraballo Cueto.
“Lo que busca el UCC es una auditoría forense exclusivamente sobre los bancos. Es decir, evaluar el rol que tuvo la banca en Puerto Rico como intermediaria con esa deuda. Eso es parte de una auditoría integral, pero no es toda”, dijo Caraballo Cueto, quien preside la Asociación de Economistas de Puerto Rico.
“[El UCC] está buscando, como acreedores no asegurados, otros responsables al pago de acreedores, que podrían ser estos mismos bancos que tanto se han beneficiado económicamente y que en otros países han tenido que responder por el pago a acreedores por conflictos de interés, faltas en asesoría legal y financiera, etcétera”, añadió Prados.
En el caso de la investigación de la junta, se cuestiona su alcance: ¿Acaso busca realmente identificar maneras en las que el Gobierno de Puerto Rico puede pedir al Tribunal Federal que declare nula parte de (o toda) la deuda?
Durante la vista más reciente del caso de quiebra, el abogado de la junta, Timothy Mungovan, aseguró que el investigador de la junta incluirá en su informe final una lista completa de causas de acción y posibles “avenidas para recuperar” estos reclamos a favor del gobierno. Tanto el UCC como el frente coinciden en que la pesquisa de la junta no dará con el resultado que se necesita.
“¿Cómo podemos confiar?”, dijo Prados durante el conversatorio de la deuda, en referencia a la “independencia” de la investigación de la junta, dada las relaciones previas que existen entre personas ligadas a la investigación y la posibilidad de conflictos de interés.
En el caso del Comité de Acreedores No Asegurados, el grupo espera de Couriel un informe final similar al que realizó la Oficina del Contralor de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés). Más allá de sumar, la agencia federal reafirmó causas ya conocidas de la crisis fiscal que enfrenta la isla. Menciona posibles acciones correctivas ante la crisis fiscal de la isla, como lo son un mayor control regulatorio sobre el mercado de bonos de Puerto Rico y eliminar la triple exención contributiva.
A juicio de Caraballo Cueto, el informe del GAO es “un trabajo chapucea’o”, que deja fuera el rol del mercado de bonos municipales en la crisis fiscal de la isla.
Creatividad financiera
A nivel federal, el gobierno ha sido sido y continúa siendo objeto de investigaciones de la Comisión federal de Valores (SEC). La agencia, sin embargo, permanece silente al día de hoy sobre el resultado y hasta cerró una de las investigaciones –sobre la emisión de $3,500 millones en bonos de obligación general del 2014– según informó Reuters. En el lado del sector privado, bancos como UBS, Popular y Santander han transado en los pasados cinco años más de $330 millones en reclamaciones de negligencia en la asesoría y manejo financiero que brindaron a bonistas de Puerto Rico.
Quien fuera el principal asesor financiero del Gobierno de Puerto Rico, Jim Millstein, dijo en una ocasión que nunca había tenido un cliente con tanta creatividad para utilizar cuanta forma existe para emitir deuda. Puerto Rico lo intentó todo: bonos de obligación general; “revenue bonds” (bonos de ingresos); “capital appreciation bonds”, o CABs; líneas de crédito; “tax revenue anticipation notes” o TRANs (notas en anticipación de ingresos); “bond anticipation notes” o BANs (notas en anticipación a bonos); préstamos entre entidades gubernamentales; bonos subsidiados; bonos de interés variable; vehículos especiales; “securitization”; e “interest rate swaps”.
Gran parte de las principales fuentes de ingreso al erario fueron comprometidas para el pago de la deuda pública, incluyendo el IVU, los peajes, los marbetes, el impuesto hotelero, las rentas de edificios públicos y el arbitrio a la venta de ron local en Estados Unidos. Durante su participación del conversatorio sobre la auditoría de la deuda en el campus universitario de Cayey, el economista Caraballo Cueto se refirió a esto como “reingeniería financiera”, la cual “fue tan astuta que se fueron por encima del límite constitucional”.
“Aquí hay unos grandes intereses detrás de todo esto, tras bastidores, y esto abriría una caja de Pandora. [La auditoría de la deuda] es algo que no se quiere”, opinó Caraballo Cueto, quien junto a otro economista puertorriqueño, Juan Lara, publicó recientemente los hallazgos de su investigación sobre las causas que llevaron al endeudamiento excesivo de Puerto Rico.
“La transparencia es lo menos que se puede exigir”, añadió el economista.
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Centro de Periodismo Investigativo
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