Gobierno promete mejor vida a confinados en cárcel privada de Mississippi

 

El guardia correccional que cargaba un racimo de esposas plateadas se acercó y me preguntó si venía “a entrevistar a los que se van”.

“Cuántos son los que se van”, le preguntó a una funcionaria correccional. “Hay como 89 [confinados] identificados”, dijo la mujer.

En la cárcel Guayama 500 hay 456 reclusos en total. Es una prisión de custodia mínima calificada como “protectiva”, porque alberga a reclusos que por su seguridad no pueden convivir con el resto de la población penal, como por ejemplo policías que cumplen una condena. La cárcel está ubicada en el municipio sureño de Guayama, en una zona árida, cerca de fábricas y farmacéuticas.

Detrás de la primera de varias puertas de seguridad, hay un camino cercado que conecta con una estructura en donde hay varios salones, parecida casi a una escuela abandonada o un hospital viejo. Pero aquí hay guardias armados.

En uno de los salones, 27 confinados se sentaron en pupitres. Algunos parecen acabados de graduar de escuela superior, otros tienen aspecto de maestros de larga trayectoria y sabiduría. Todos están sentados como alumnos, con uniformes caqui, miradas recias, y una sentencia a cuestas.

En una pizarra se proyectan imágenes e información de Tallahatchie County Correctional Facility, la cárcel privada de Mississippi en la cual el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico (DCR) les promete que van a estar mucho mejor que aquí.

El traslado a Mississippi comenzaría el 30 de septiembre

Luego de más de cuatro meses de cambios en la información sobre el rumbo final, el DCR decidió que esa cárcel de Mississippi administrada por la empresa CoreCivic, será donde se reubicarán por lo menos 1,200 confinados que participen de la primera fase del programa de traslados que propuso la administración del gobernador Ricardo Rosselló como presunta medida de ahorro. La meta es que en cinco años se trasladen a cárceles privadas de Estados Unidos 3,200 de los 9,600 confinados que componen la población penal de Puerto Rico; poco más del 30% de los reclusos que se encuentran en la isla actualmente.

El primer vuelo saldría el 30 de septiembre, si la Junta de Control Fiscal que impuso el Congreso de Estados Unidos para controlar las finanzas de Puerto Rico aprueba el contrato entre CoreCivic y el DCR, que comenzaría en $25 millones al año, por cinco año, lo cual al final costaría $125 millones, según Erik Rolón, secretario de Corrección.

El programa de traslados es presentado por el DCR como voluntario. Cinco reclusos entrevistados por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que se apuntaron para ser evaluados a ver si cualifican al programa, dijeron que no han sentido presión directa para ser trasladados. Recalcaron, sin embargo, que las condiciones de las instalaciones y el trato que reciben de parte del sistema correccional en Puerto Rico, los impulsa a querer explorar lo que el DCR les presenta como una mejor opción a las cárceles de la isla.

“Por lo menos ahí en el papel, por lo que nos dicen, pues, nos interesa porque hay más beneficios que aquí, más cosas que nos pueden ayudar”, dijo al CPI el confinado Jorge Morales, sentado junto a cuatro compañeros en una pequeña biblioteca adjunta al salón donde se dio la orientación.

“Sinceramente nos vamos más por el área educativa, porque no tenemos para coger clases, no tenemos na’. No tenemos pa’ matar el ocio. Aquí nos ofrecen trabajo, y el trabajo nunca existe. Nos ofrecen villas y castillas, y eso nunca aparece; nunca. Estoy en una custodia mínima. Pero aquí eso de custodia mínima no existe, en el sentido de que los privilegios que tiene la custodia mínima, aquí [en Guayama 500] no nos los están dando. Aquí tenemos una custodia que le podemos llamar media alta”, mencionó el confinado José Ortega.

Es el martes, 27 de agosto en la mañana, y esta es la segunda orientación que reciben los confinados de Guayama 500 interesados en ser trasladados. La cárcel de Mississippi que el DCR les presenta hoy, fue la misma que propuso la empresa CoreCivic inicialmente en mayo para trasladar a los confinados de Puerto Rico. Luego, Corrección la cambió por La Palma en Arizona, porque alegadamente no había espacio en Mississippi. Tres meses más tarde, La Palma en Arizona fue descartada por Corrección y se decidió finalmente por Mississippi.

¿Qué pasó que ahora sí hay espacio en esa cárcel de Mississippi?, preguntó el CPI a Erik Rolón, secretario de la agencia.

“Desde el lado de acá, nosotros nos limitamos a decir lo que queremos. Por ejemplo, nosotros dijimos que queremos de 1,000 a 1,200 espacios en la primera fase. En mayo, hubo una situación, parece que [los funcionarios de CoreCivic] llegaron a unos acuerdos con otras entidades y por lo menos la facilidad que nos habían ofrecido inicialmente, pues no estaba disponible. Quizás ellos tuvieron que hacer sus ajustes en las instituciones que ellos manejan”, dijo Rolón, sentado en su oficina en el piso 15 de la sede de Corrección en Hato Rey.

“Lo que sí que es bien importante es que en ese contrato que yo voy a firmar yo no voy a permitir que ellos [CoreCivic], por hacer negocios con otros estados, me muevan mi población. Así que por eso fue que te mencioné que quizá ellos tienen unos contratos con unas entidades que les permiten ese tipo de cambio de forma flexible. Pero con nosotros no va a ser así porque cuando yo tomé la decisión, es porque esa es la institución que queremos, porque esa fue la que inspeccionamos, esa fue la que nosotros entendemos que garantiza los derechos”, añadió el Secretario.

Orientan a los confinados

Las preguntas que tienen los confinados sobre el programa de traslados son muchas, también los comentarios. La presentación la controla Janet Rivera, jefa del Negociado de Instituciones Correccionales, quien visitó la cárcel de Mississippi y está a cargo de la orientación en el salón de Guayama 500.

“¿Hablan español?”, preguntó uno de los confinados. “¿Ese matresito?”, comentó otro al ver la foto de una de las celdas de la cárcel de Mississippi en donde se veía una cama pequeña. “Eso es una foto”, le dijo Rivera.

“¿Y si uno va, y llega allá, y no se siente cómodo o no le gusta?”, preguntó otro recluso.

“Tienes que esperar un año por lo menos. Nosotros sabemos que eso es parte del proceso de adaptación, eso nos pasa a todos. Y como parte del proceso de adaptación a lo mejor los primeros meses te quieres regresar. Y cuando ya te encaminas y te enseñan el programa y empiezas a envolverte, a estudiar y trabajar y ver que estás progresando, y que te estás beneficiando de cosas que a lo mejor acá no tuviste, llega el año y tú no te vas a querer regresar”, respondió Rivera.

“¿Si a mí me quedaran 11 meses de sentencia no me puedo ir?”, preguntó otro.

“Habría que verificar, eso hay que confirmarlo tan pronto tengamos toda la información”, respondió Rivera.

“Si un familiar de nosotros, como el pai de uno, la mai o un hijo fallece, dios quiera y que no, ¿cómo va a ser la comunicación con nosotros?”, preguntó el confinado Ortega.

“Bueno, esa notificación se les va a hacer llegar si nosotros tomamos conocimiento aquí en Puerto Rico. Y el proceso va a ser igual, se les va a notificar a través de videoconferencia, o se comunica con la familia mediante teléfono”, contestó Rivera.

“Pero aquí te llevan a la funeraria”, lanzó otro confinado.

“Eso lo van a evaluar y quien va a determinar ese traslado va a ser el secretario [de Corrección]. Porque en términos económicos va a ser un poquito difícil, en términos de traerte y luego regresar”, contestó Rivera.

“De que te van a decir te van a decir, pero venir para acá para que lo veas… No lo vas a ver”, dijo en tono resignado otro recluso. “Eso no te lo puedo decir, que no lo vas a ver, porque eso quién lo determina es el secretario”, respondió la jefa de Instituciones Correccionales.

Hasta ahora el programa de traslados tendrá una duración de cinco años con alternativa de extensión, explicó Rivera. “Si ganan los PNP [Partido Nuevo Progresista] pues se extiende”, dijo un confinado, causando carcajadas entre sus compañeros.

Ninguno de los reclusos preguntó por el derecho al voto que tienen en las cárceles de Puerto Rico. Héctor Pérez, ayudante especial del secretario, explicó al CPI que funcionará bajo el mismo mecanismo de voto ausente que usan los confinados del DCR que se encuentran en cárceles de Estados Unidos. Sin embargo, en la propuesta que hizo CoreCivic al DCR en mayo no se mencionan detalles como las visitas a funerales en Puerto Rico ni el derecho al voto.

El confinado Ortega le dijo al ayudante especial del secretario de Corrección que en su área las mesas y las celdas están todas llenas de moho. “Nosotros estamos dispuestos a comprar la pintura, nosotros, porque ya que pedimos aquí y aquí nunca hay…”. Pérez se comprometió a revisar el área una vez concluida la orientación.

Allí los confinados recibieron un folleto que enlista los servicios que ofrece CoreCivic en Mississippi: alfabetización, educación para adultos, preparación para examen de cuarto año, inglés como segundo idioma, cursos básicos de carpintería y albañilería, electricidad, plomería y computadora. Los servicios de salud incluirán médico, farmacia, dentista, oculista, radiología, laboratorio y salud mental.

“Si nosotros nos vamos para allá, nosotros estamos en cuestión de mejorar, y que las cosas sean mejor. Pero yo espero que usted nos garantice esa área médica, porque aquí en Puerto Rico muchos confinados han padecido de dolores y de cosas de emergencia y se mueren, los dejan morir ahí. Yo espero que allá, usted nos garantice que nos van a atender”, reclamó Ortega, quien se identificó como miembro de la asociación de confinados Grupo 27.

“Bueno, yo le puedo garantizar de los servicios que nosotros les estamos ofreciendo en términos de la presentación de lo que ellos nos presentaron a nosotros en la institución. Nosotros no estuvimos un término prolongado para ver cómo era el proceso. Pero sí pudimos ver el funcionamiento del área médica, la farmacia… todo. En ese momento en que estuvimos allí”, dijo Rivera.

Las bonificaciones por estudio y trabajo serán conforme al reglamento vigente en Puerto Rico. Las vistas de la Junta de libertad bajo palabra y las visitas serán por videoconferencia, según el folleto de CoreCivic y Corrección.

Prometen sazón criollo

“El menú se va a atemperar al menú puertorriqueño. Permitieron que confinados estuvieran dentro del proceso de confección de alimentos para que pudieran darle ese toque criollo”, dijo la jefa de Instituciones Correccionales sobre la alimentación. Rivera también les aseguró que tendrán por los menos tres equipos electrónicos en sus celdas, como radio o consola de videojuegos.

“Una cosa es lo que te digan y otra cosa es en la práctica cómo se va a implementar ese programa”, dijo al CPI Carmelo Campos, profesor de penología en la Universidad del Sagrado Corazón y activista por los derechos humanos. Campos recordó que los traslados, internos o al exterior, son un mecanismo con el que siempre ha contado Corrección.

“En algunos momentos se hicieron para desarticular y quitarle fuerza a las organizaciones de confinados. Pero ahora es una circunstancia un poquito diferente. Primero la fuerza de las organizaciones de confinados no está tan solidificada como estaba en los años 90’ y anteriormente. Y segundo esto obedece a los cortes presupuestarios. Esa es la razón por la que tú lo ves de una forma tan atropellada y tan improvisada”, observó Campos.

A Campos el concepto de voluntariedad en el contexto de un encarcelamiento le parece “problemático”. “Seguramente les están haciendo promesas de los programas de rehabilitación que no se van a dar,” opinó.

Luego de ver una de las fotos donde se mostraba el paisaje desolado en el que se encuentra la cárcel de Mississippi, un recluso comentó: “Allí se veía que alrededor no había nada, nada”. La jefa de Instituciones Correccionales le dijo “no es que no haya nada, es que es bien retirado”. Rivera detalló que la distancia entre el aeropuerto y la cárcel es de aproximadamente una hora y 40 minutos.

El profesor Campos mencionó que un fenómeno de las cárceles privadas y públicas en Estados Unidos, es que muchas de ellas se construyen a gran distancia de los centros urbanos, en lugares muy distantes, donde la llegada de familias para visita es sumamente complicada.

“En algunos de estos lugares ni siquiera hay un hotelito donde la gente pueda quedarse de una noche para otra… Entonces si eso lo contrastas con lo que dice el artículo 9 de la Ley de Rehabilitación, pues es un contrasentido enorme”, dijo Campos.

El artículo 9 de la Ley del Departamento de Corrección y Rehabilitación lee: “[el confinado o confinada debe] ser enviado a la institución correccional más cercana posible a la localidad geográfica en que se encuentre el núcleo familiar del miembro de la población correccional, sujeto a que no se afecte su plan institucional, no conlleve un riesgo a su seguridad y exista la disponibilidad de espacio en la referida facilidad”.

En Puerto Rico no hay problemas por falta de espacio ni sobrepoblación, sino todo lo contrario. La población penal se ha reducido en los últimos diez años. Actualmente hay 29 cárceles abiertas, de 35 que había en 2017.

“Si las cárceles de aquí estuviesen bien, créeme que no nos vamos. Pero las mismas cárceles de aquí nos tienen en obligación a todos nosotros de irnos”, dijo Ortega, de 39 años y quien espera obtener su libertad entre el 2026 y el 2030.

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